Los poderes del Estado se enredan en peleas cruzadas que ya alcanzan al Congreso

La pelea entre el poder ejecutivo y el judicial ya alcanza al legislativo. La creciente tensión vivida en los últimos meses entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno ha irrumpido en esta semana en el Congreso de los Diputados. La cámara baja, que ha sido el escenario de críticas e insultos contra los tribunales, acogerá ahora la gestión de la solicitud que ha formulado el órgano gubernativo de los jueces para ser oído en relación a la proposición de ley en la que se propone recortar sus funciones una vez cumplido su mandato de cinco años.

El enquistamiento de las relaciones ha ido intensificándose azuzado por dos principales razones. Por una parte, la patente incapacidad de los dos principales partidos de la cámara, el PSOE y el PP, para renovar el CGPJ caducado hace dos años. Por otra, las abiertas críticas del socio de la coalición, Unidas Podemos, a la actuación de los jueces en distintas circunstancias, agravada con la investigación propuesta por la Audiencia Nacional del líder del partido, Pablo Iglesias.

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La última semana, la ebullición lenta de la última etapa se desbordó. El motivo fue en este caso la decisión del Tribunal Supremo de ordenar repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por la reconstrucción de Batasuna. En los discursos desde el estrado pudieron escucharse declaraciones como estas:

- Gabriel Rufián (ERC): "Pues bien, esto, señorías, es simplemente la opinión de parte del poder judicial en torno a los Presupuestos Generales del Estado. Van a por todos, a por todos".

- Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "En este Estado la justicia no es justicia, es venganza"; "A Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Rafa Díez y Miren Zabaleta no los juzgarán ni los jueces ultras del Supremo ni la antidemocrática Audiencia Nacional; porque a ellos, a ellas, ya los juzgó la sociedad vasca y no solo los absolvió, sino que cada día reciben, recibimos, más y más apoyos".

- Jaume Asens (En Comú Podem): "Ustedes quieren convertir el Gobierno de los jueces en un búnker inexpugnable para seguir corrompiendo, para seguir colonizando y controlando los puestos clave de la judicatura del Tribunal Supremo, incluso del Tribunal Constitucional". "Ahora, que se habla tanto de ruido de sables, sables oxidados, lo que hay de fondo es también un ruido de togas, togas apolilladas, togas franquistas". "No hay mayor forma de tiranía que aquella ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia".

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Será en este mismo escenario donde se libre la última de las batallas. El legislativo, ya un actor más de la pugna, tramitará la solicitud que aprobó el pleno del CGPJ de dirigirse al Congreso para que este reclame su informe sobre la Proposición de Ley Orgánica para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones. Fuentes parlamentarias consultadas por El Confidencial indican que la Mesa remitirá la petición a la Comisión de Justicia y que será esta quien decida si se debe o no oír al Consejo. Lo hará —añaden— en caso de que decida reclamar la comparecencia de "especialistas" antes de votar la proposición, que el Ejecutivo quiere tener en vigor con urgencia.

Los antecedentes

Cuando en enero de este 2020 comenzó la andadura del Ejecutivo, nadie sospechaba que la tensión alcanzaría estas cotas. Pedro Sánchez eligió para dirigir Justicia a Juan Carlos Campo. Moderado, con buen talante y cercanía a la judicatura, se le consideraba un excelente puente para superar la brecha entre los dos mundos que ya entonces se intuía, alimentada principalmente por el independentismo catalán, herido por la investigación judicial por el 'procés'. Las perspectivas de renovación eran buenas por entonces. Sin embargo, no hubo que esperar mucho para que las primeras ascuas calentaran el ambiente.

"Muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces", dijo Iglesias

A mediados de mes, el ya vicepresidente Pablo Iglesias lanzó en una entrevista: "Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español", en referencia a los políticos catalanes ya condenados. La respuesta del CGPJ no se hizo esperar. El órgano pidió moderación y mesura a la clase política. No habían transcurrido 48 horas cuando un nuevo suceso echó más leña al fuego. Se anunció que la hasta entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, iba a ser propuesta para dirigir la Fiscalía General del Estado. Jueces y fiscales interpretaron el movimiento como un daño irreparable a la imagen de imparcialidad de la institución.

La renovación del órgano que dirige Lesmes no acababa de despegar. Llegó la pandemia y con ella una calma impuesta por la inactividad. Cuando en junio comenzó a verse posible despejar ese escollo, con un PP abierto al pacto, el intento se frustró. El Rey emérito abandonaba España y las críticas contra su figura por parte del socio del Gobierno no gustaron a los 'populares'. Aún quedaba por llegar la madre de todos los enfrentamientos: el que generó la decisión del Gobierno de evitar que Felipe VI asistiera a la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces. Aquello supuso un punto de inflexión que desembocó en ruptura. "Huele a podrido", lanzaba Iglesias en las redes.

El mejor resumen de la situación actual corrió hace unas horas de la mano de la vicepresidenta. Carmen Calvo acusó al Consejo de querer "invadir" la soberanía parlamentaria al reclamar ser escuchado sobre una reforma que les incumbe directamente. Ejecutivo, legislativo y judicial: tres poderes en una sola frase.