Una "okupa" en la farmacia o la historia de una expropietaria que no se va nunca

El 22 de noviembre de 2019, el Juzgado Mercantil 9 de Madrid resolvió el concurso de acreedores en el que se había declarado la farmacia-escenario de esta historia, situada en una céntrica calle de Madrid. La magistrada Teresa Vázquez Pizarro autorizó la venta del establecimiento a Cristina S. F., que había presentado mejor oferta por la botica. El traspaso se quedó a expensas de que Sanidad diera su visto bueno. Pero sobrevino la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus y los trámites se paralizaron de golpe y porrazo.

"Tenía que haber tomado posesión en junio, pero aún sigo aquí", explica Cristina, que denuncia que la anterior propietaria, la que declaró el concurso de acreedores, sigue dentro del local. Tiene las llaves y va todos los días para vender medicinas, asegura la nueva dueña. Desde el principio, cuenta, se negó a marcharse. Recurrió varias veces por vía administrativa y también por la judicial. Ambas rechazaron sus respectivos escritos, pero "ella dice que no se va hasta que no venga alguien con una orden judicial", afirma la propietaria que no puede hacer uso de su derecho.

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"Se agarra a que le notificaron la resolución a su abogado, que es de oficio, pero no a ella y a muchas cosas más", relata Cristina, que incluso ha tratado de notificarle la resolución del juzgado mercantil a través de un notario. Sin embargo, siempre ha sido en balde cualquier intento de que la antigua propietaria salga del inmueble. "Sanidad le cerró la farmacia, precintó todos los cajones y todo, pero ella se presentó allí al día siguiente, cortó las cintas y siguió dispensando", describe la nueva propietaria, que refiere que la anterior dueña incluso "ha sido inhabilitada".

El Confidencial ha tratado de ponerse en contacto con la antigua propietaria, pero sin éxito. Tras el periplo judicial y administrativo y la primera ola de la pandemia que paralizó la actividad en España, el Juzgado Mercantil 9 de Madrid dictó una providencia el pasado 3 de julio, durante la desescalada, en respuesta al auxilio solicitado por Cristina para tomar posesión de la farmacia que había adquirido. El juzgado requirió a la expropietaria para que entregara la botica a su nueva dueña y le dio cinco días de plazo.

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Según Cristina, en el local se personó incluso la Policía, pero tampoco esto impidió que la antigua titular continuara al frente e la nave. "Yo tengo las escrituras a mi nombre, pago el recibo de autónomos y la comunidad de propietarios de la farmacia, incluso soy la responsable sanitaria del establecimiento, aunque aún no he tomado posesión", argumenta la propietaria legal, que recuerda que la mujer que se ha aferrado al mostrador no puede expedir recetas electrónicas. "Sanidad ha ido más de una vez, pero ella siempre ha vuelto a abrir", asegura Cristina, que explica que el juzgado mercantil ha decidido por fin tramitar la causa por una vía diferente.

"Lo tratarán como un desahucio", cuenta la nueva dueña del establecimiento, que asegura que el juzgado ya ha enviado al Servicio de Notificaciones y Embargos la orden que previsiblemente en los próximos días acabará con la resistencia de una farmacéutica a mantener una botica que ya no le pertenece sobre el papel y que también dejará de hacerlo en la práctica. Según el abogado de la propietaria, Ángel Galindo, "tanto la Consejería de Sanidad como el Colegio de Farmacéuticos deberían haber actuado en apoyo de la nueva titular cuando esta les pidió apoyo y, sin embargo, ninguna de las dos instituciones lo ha hecho". "Está claro que únicamente con poner un cartel de precinto sin exigir su cumplimiento no es suficiente", declara el letrado.