La trama Púnica se desmonta: la investigación a Cifuentes, cerca del archivo

La macrocausa de corrupción Púnica se encuentra al borde de nuevos archivos. Fuentes de la investigación informan a El Confidencial que, después de que este jueves se conociera el sobreseimiento del procedimiento respecto del empresario Juan Miguel Villar Mir, la investigación sobre la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes puede correr la misma suerte. La Fiscalía Anticorrupción ya estudia reclamar el archivo cuando se cumple más de un año desde su imputación en el verano de 2019, indican estas fuentes.

La imputación de Cifuentes llegó en agosto en plena resaca de otra de las investigaciones que le afectaba, el Caso Máster. La evolución de esa segunda causa, que llevan los juzgados de Madrid, la ha conducido al banquillo de los acusados. Está previsto que el próximo enero sea juzgada por inducir a falsificar un acta de la Universidad Rey Juan Carlos para probar que había cursado un máster que, según la acusación, no realizó. Sin embargo, su suerte en la Audiencia Nacional puede ser otra.

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Investigada en una de las múltiples piezas de la Púnica, Cifuentes ha armado bien su defensa. La investigación se produjo por su vinculación con la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid. En el auto en que se la citaba, de forma paralela a otra expresidenta de la Comunidad de Madrid, el instructor aseguraba que existían indicios de que participó en el concierto irregular junto a una funcionaria. Ambas integraron el comité de expertos que valoró "de forma arbitraria" las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco. "No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la segunda investigada había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico", especificaba aquel auto.

Más allá del episodio de la Asamblea, durante este año, ha sobrevolado sobre ella una vinculación o conocimiento con la presunta financiación ilícita del PP de Madrid. Francisco Granados, el principal investigado de la trama, llegó a asegurar en una de sus declaraciones que era conocedora de esta supuesta percepción de fondos en negro por "tener una relación sentimental" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Se ganó una denuncia que fue archivada.

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Uno de los hechos que constan en el extenso sumario es su asistencia a las reuniones que mantuvieron los investigados González y Granados, junto a Esperanza Aguirre, con empresas a las que se atribuye un desvío de fondos públicos para pago de gastos electorales, que omitía el administrador electoral en la contabilidad de las campañas. En el centro de esta pata de la instrucción, se encuentran facturas falsas desde 2008 y la mercantil Indra "como medio de trasvase de fondos desde la Agencia de Informática de la CAM para pagar gastos electorales y otros gastos del partido".

Sin embargo, las últimas testificales han contribuido a exonerarla. Justo antes de la irrupción del covid y la paralización de la actividad judicial, una decena de personas aseguraron ante el juez que no hubo irregularidades en la adjudicación.

La fuerza de estas declaraciones radica en el color de los testigos. Coincidieron en la valoración miembros del PP, pero también del PSOE e IU. Todos ellos coincidieron en señalar que la atribución del contrato a la empresa de Arturo Fernández se decidió porque la suya era la mejor oferta en relación con la calidad y el precio.

Con estos mimbres, la imputación parece caminar hacia el archivo. Más allá de Cifuentes, la misma Fiscalía Anticorrupción busca nuevas pruebas contra Esperanza Aguirre ante la debilidad de los indicios que obran, en este momento, en el procedimiento.