Más inquietud judicial para Portobello: Un socio de Vivanta le pide ahora seis millones

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha admitido a trámite una demanda presentada por el socio de Vivanta que hasta la última junta general (celebrada el pasado 4 de diciembre) ostentaba el 20% del grupo contra el fondo de inversión Portobello, que disponía del 80% restante. El minoritario acusa al mayoritario de adquirir un conglomerado empresarial en noviembre de 2018 a un valor que estaba muy por encima del que tenía en el mercado y causar así un perjuicio para la compañía matriz, que ahora sufre serios problemas financieros.

En concreto, el demandante considera que los propietarios de la compañía de capital riesgo adquirieron el denominado Grupo Vera —compuesto por un conjunto de clínicas dentales— por casi 14 millones de euros sin contar con el visto bueno del denunciante. A su entender, esta suma "no quedaba sostenida por los estados financieros de las compañías adquiridas", que se basaba en la situación contable de estas mercantiles meses antes de la compra y que, en definitiva, estaba por encima del valor real. "Había claros indicios de que el valor real de las empresas era mucho menor al que finalmente se pagó", acusa el escrito de demanda al que ha tenido acceso El Confidencial.

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A pesar de que las tres sociedades que conformaban el Grupo Vera tenían una cifra de negocio de 5,2 millones de euros, añade el denunciante, "la realidad" era que una de ellas, Grupo Unido Vera, "era una sociedad que no había tenido actividad en 2016 ni ingresos en 2017, que arrojó pérdidas este último año y que al cierre del ejercicio estaba literalmente en causa de disolución por patrimonio contable negativo". "Esta mala situación", continúa el demandante, "no impidió que Vivanta pagara por ella nada menos que dos millones de euros". Además, añade, el informe de la consultora PwC elaborado para Vivanta sobre la situación de las tres compañías "confirmaba irregularidades en el establecimiento del precio".

"Se deducía de forma evidente la actuación negligente de los demandados, contraria al interés social y causante directa de un enorme perjuicio económico" para los socios, sostiene el socio minoritario, que antes de acudir a la justicia pidió al Consejo de Administración de la matriz de Vivanta (Grupo Hospitalario Europeo) la convocatoria de una junta general para abordar el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los consejeros del grupo al tiempo que encargó un informe pericial que a su juicio vino a confirmar las mencionadas "irregularidades" que hubo en la operación de compra de Grupo Vera y en la determinación de su precio, que el demandante califica de "desorbitado" en su escrito, "muy superior al razonable".

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Con base en ese informe pericial, el demandante sostiene que "ante las limitaciones e inconsistencias que encerraban los estados financieros de las clínicas Vera, PwC manifestó que no reconocía como fiables las cifras de beneficios y de ebitda y recomendó a Vivanta que vinculara el precio parcialmente a un ebitda posterior". "Sin embargo, los demandados decidieron desatender la recomendación: no vincularon contractualmente ni establecieron ningún ajuste en el precio sobre la base de la contabilidad y ebitda posteriores", afirma el demandante, que considera a través de este lenguaje técnico que en la práctica los socios de Portobello no tuvieron en cuenta la denominada producción pendiente, que corresponde con el dinero que las clínicas ingresan por tratamientos que aún no han prestado a los clientes, pero que estos sí han abonado con antelación.

Este concepto contable se considera una deuda que mantiene la empresa con el cliente, ya que aún no ha prestado el servicio, y se identifica como pasivo en los balances, con lo que no forma parte del activo de la compañía ni por lo tanto de su precio, sostiene el demandante que apela al informe pericial para concluir que "el precio de la compra estuvo sobrevalorado precisamente en la parte de la producción pendiente", que no fue reconocida por el comprador. El demandante entiende que, con base en estos argumentos y según los cálculos del citado informe pericial, "el perjuicio causado a Vivanta" corresponde con la diferencia entre el precio abogado por la compra del Grupo Vera (13,6 millones de euros) y el valor real estimado de las clínicas adquiridas (7,4 millones), lo que arroja una suma de 6,2 millones de euros, que es la cantidad que reclama a los demandados.

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Los demandados son, en concreto, el que fuera consejero delegado de Vivanta, Juan Olave Martín, y los socios de Portobello Ramón Cerdeiras, Juan Luis Ramírez Belaustegui, Íñigo Sánchez Asiain, Carlos Dolz Espejo y las filiales del fondo Portobello Alfa y Portobello Gamma. El Juzgado de lo Mercantil número 2 determinará ahora la fecha en la que tendrá lugar la audiencia previa en la que cada una de las partes expondrá las pruebas que a su juicio sostienen su acusación o su defensa y, en función de estas, decidirá si tiene lugar o no la vista oral en la que se juzgará la petición.

Desde Portobello restan importancia a este procedimiento judicial y sostienen que la intención del demandante es "instrumentalizar la justicia". No en vano, la lucha que mantienen en los tribunales ambas partes no se limita a la causa que se sigue en el mencionado Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. El Juzgado de Instrucción 14 de Madrid mantiene en estos momentos un procedimiento abierto contra el fondo de inversión por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. El magistrado Carlos Valle, que dirige las diligencias, trata de dirimir en concreto si los responsables de la compañía de capital riesgo y su personal de confianza en la empresa participada Vivanta ordenaron acceder a las comunicaciones privadas de este socio minoritario, que ejercía como presidente del grupo sin permiso de este último.

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No es sin embargo este el único asunto que rastrean los tribunales por la vía penal. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid abrió recientemente una investigación contra Portobello por manipular supuestamente los balances de la sociedad Healthgestión, propietaria de las clínicas Unidental que había adquirido en fondo a través de Vivanta. Según el querellante, el dueño de la mercantil adquirida, José Ignacio Martínez, que llegó a un acuerdo con los compradores para seguir en la gestión de la sociedad, los representantes de la empresa de capital riesgo montaron "una trama" que involucró a diferentes "equipos" de altos cargos del fondo para comprar las clínicas a mitad de precio. El denunciante acusa a los directivos —los mencionados Juan Olave y Carlos Dolz Espejo y el que fuera consejero mancomunado de Vivanta Jordi González Burgada— de adquirir su negocio mediante "engaños" y de utilizarle a él —que era un referente en Unidental— para convencer al resto de franquiciados y eliminar así a un importante competidor.