Las 'leyes trampa' que esperan al PP tras la eutanasia

El pleno del Congreso cerró este jueves sus puertas con la aprobación histórica de la ley de eutanasia y, en principio, no las volverá a abrir hasta el 17 de febrero, justo tres días después de las elecciones autonómicas catalanas.

Así será en lo que respecta a las sesiones de control al Gobierno, que se celebran en plenos ordinarios, pues enero es un mes no hábil a efectos parlamentarios. Puede haber alguna excepción, por ejemplo, en el caso improbable de que en el Senado no se incluya una sola enmienda a los Presupuestos, habría un pleno el 29 de diciembre para aprobar definitivamente las cuentas.

O si se quisiera aprobar alguna ley en trámite durante el mes de enero y, por supuesto, si el Gobierno quisiera ir al pleno a dar explicaciones sobre algún asunto concreto. En principio, tampoco habrá comisiones, salvo petición expresa para que se habilite la reunión de alguna.

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De esta forma, el Gobierno tiene en la línea de salida varios proyectos de ley en distintas fases de tramitación y algunos de ellos son de los llamados ideológicos y, por tanto, al igual que el de eutanasia, empujan al PP a votar con Vox, siempre en contra. Junto con otros en preparación por el Gobierno, como la reforma del Código Penal sobre delitos de sedición y rebelión, podrían considerarse 'proyectos trampa' en la medida en que tienen contenido ideológico.

Las razones son varias: tienen respaldo de antemano del bloque de los Presupuestos; tienen un efecto político, por ejemplo, en las elecciones catalanas de febrero, y son rechazadas radicalmente por el PP, junto a Vox.

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Además, cuantitativamente, es la mayor producción de normas en el Parlamento desde 2015, cuando acabó la primera legislatura de Mariano Rajoy, es decir, cuando finalizó su mayoría absoluta. Ahora, esta producción de leyes, tras años de imposibilidad de sacarlas adelante, se produce con el primer Gobierno de coalición, con la mayor fragmentación del Congreso y cuando es más necesario el acuerdo de diferentes partidos.

Desde enero hasta septiembre, el Congreso prácticamente solo convalidó decretos vinculados a la pandemia y el resto de iniciativas quedaron aparcadas en la mesa del Consejo de Ministros.

Además de los Presupuestos, también está pendiente solo del Senado en diciembre la ley de educación o ley Celaá, rechazada por PP y Vox y que será recurrida por estos partidos al Tribunal Constitucional. Su rechazo es una de las principales banderas políticas del centro derecha, la derecha y la extrema derecha.

Hay dos proyectos de ley que pasaron el trámite de debate de totalidad en pleno y ya están en comisión: el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Para el primero, el Gobierno ya ha pedido formalmente “la celebración de las sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios” durante el mes de enero.

Hay otro bloque de anteproyectos de ley que están en una fase anterior, la de petición de informe a los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

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Son el anteproyecto de ley de memoria democrática, el de la ley de enjuiciamiento criminal y la de libertad sexual. Son normas previstas en el acuerdo del Gobierno de coalición y que pueden ser consideradas trampas políticas al PP, porque son rechazadas por este partido y le sirven al Gobierno para situar también a los populares junto a Vox.

Las tres han pasado una vez por Consejo de Ministros y volverán cuando tengan los informes no vinculantes, para ir luego al Parlamento para su tramitación. La más antigua es la de libertad sexual, que fue aprobada en primera instancia en febrero con notable polémica interna en el Gobierno y luego fue retenida y congelada por el Ejecutivo. Una vez enviado el anteproyecto a los órganos consultivos, fue retirado para incluir modificaciones, para ser remitido de nuevo. Es la conocida como 'ley del no es no'.

El Gobierno espera que los informes estén en enero para poder llevarlas de nuevo al Consejo de Ministros en ese mes, con nueva 'venta' política de su contenido y la oposición del PP.

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Curiosamente, PSOE y Unidas Podemos han tenido especial cuidado en mantener la función de informar leyes como una de las que puede ejercer el Consejo General del Poder Judicial cuando ya ha excedido su mandato. Entre las atribuciones que mantiene para el CGPJ en funciones, la proposición de ley que se tramita en el Congreso señala “elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales”. No hacerlo, hubiera dado al CGPJ con mandato caducado la opción de bloquear las iniciativas legislativas.

Esta proposición de ley ha pasado ya el filtro del debate de totalidad para pasar a la Comisión de Justicia y luego al pleno, antes de ir al Senado. En principio, no estará en vigor antes del 15 de febrero, para dar tiempo al PP a cambiar de opinión y levantar el bloqueo de la renovación del CGPJ.

Si quisieran, ambos partidos del Gobierno de coalición podrían incluir como enmiendas parciales la reducción de las mayorías necesarias para elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que estaba incluido en otra proposición de ley, en teoría aparcada.

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El pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el llamado Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2020, es decir, las normas que el Gobierno pretende aprobar antes de fin de año.

En total, el plan recoge “un total de 171 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, tres leyes orgánicas, 53 leyes ordinarias y 114 reales decretos. Un total de 50 incorporan a nuestro ordenamiento directivo otras disposiciones europeas”. Entre esas normas, está la reforma de los delitos de sedición y rebelión que, en teoría, debería ser llevada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al Consejo de Ministros antes de final de año.

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Esa reforma del Código Penal es especialmente polémica porque su aprobación puede suponer la salida de la cárcel de los presos independentistas. Por tanto, tiene una repercusión evidente en las elecciones catalanas de febrero, por sus efectos y por el rechazo radical del PP.

El plan señala que “la propuesta de reforma del Código Penal se centra en las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlas tanto en perspectiva comparada con los textos de otras legislaciones nacionales europeas y al marco normativo de la Unión Europea, así como a los actuales parámetros doctrinales, políticos y constitucionales”.

Una vez aprobada en Consejo de Ministros, debe ser remitida a los órganos consultivos para informe no vinculante, volver al Gobierno y ser remitida al Parlamento. Tardará aún meses en entrar en vigor y antes tendrá un duro debate parlamentario, condicionado, además, por los resultados de las elecciones catalanas.