La Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón atribuye al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial, servicios por los que supuestamente cobró 10.000 euros del narcotráfico. En un auto notificado este viernes, la magistrada procesa además a otras 45 personas, entre ellas José Ramón Prado Burgaño, conocido como Sito Miñanco, por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga, rama en la que supuestamente contaron con la ayuda de Boye.

La jueza explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad. Pese a ello, sostiene que mantenía sus contactos en organizaciones de Sudamérica y contaba con la infraestructura necesaria para introducir cocaína en España, “un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad”.

En cuanto a Boye, que ejercía como abogado de Miñanco, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le sitúa en sus informes como cerebro de una maniobra para blanquear el origen de 889.000 euros que incautaron a la banda en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas. "Fue el encargado de intentar recuperar ese dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio", recoge un informe policial al que tuvo acceso El Confidencial. "Elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en garantía de unos préstamos hipotecarios en el expediente sancionador que permitirían así justificar ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el origen legal del dinero intervenido", explica a su vez la magistrada.

En este intento de blanquear el dinero intervenido, Tardón apunta a que también participó un segundo abogado, Jesús Morán Castro. "Llegaron al acuerdo de que Prado Burgallo pagaría a Morán Castro 90.000 euros por estas letras y por confeccionar los contratos, 30.000 cuando se presentaran los documentos, de los cuales Boyé Tuset recibió 10.000 euros en ese momento", explica en su auto. Esta idea se apoya en las conversaciones que el abogado guardaba en una carpeta denominada 'blanqueo de capitales' y en una serie de manuscritos que fueron hallados el 5 de febrero de 2018, cuando registraron la casa de Luis Enrique García Arango, lugarteniente de Miñanco: "Gonzalo 10", podía leerse en uno de ellos. "Abogado Gonzalo 10", añadía otro. García Arango también figura en el listado de procesados.

En el auto, que se puede consultar en este enlace, la jueza subraya además una serie de encuentros que Boye mantuvo con los hombres de Miñanco para organizar esta maniobra, entre ellos el que se produjo en el 28 de junio de 2017 en un VIPS de Madrid. La reunión se celebró después de que fracasara el primer intento de recuperar el dinero intervenido y, sin que el abogado lo supiera, la Policía Nacional accedió a las cámaras de seguridad del local para constatar que a la cita también habían acudido García Arango y la hija de Miñanco, entre otros. "Desde allí se dirigieron al despacho de la mercantil Versia Consultores Financieros [...] con el propósito en última instancia de obtener documentación adicional y decidir cómo proceder ante la resolución comunicada [que tumbaba las letras de cambio]", explica la magistrada.

Pero este segundo intento de blanquear el origen del dinero también fracasó. "El 18 de agosto el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) rechazó las alegaciones, entendiendo que no acreditaban el origen de los fondos", explica Tardón. Su razonamiento pasa por que ese pretendido negocio “no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio [también procesado] las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía”. Respecto a la participación de Boye en este intento de blanqueo, Tardón sostiene que lo hizo "a sabiendas de su manipulación y su carácter ficticio".

El abogado, sin embargo, asegura que presentará pruebas documentales suficientemente aclaratorias que, confía, lograrán exculparle. Niega que haya incurrido en un blanqueo y defiende que sólo hizo su trabajo como abogado. "La propia ley establece que los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en la ley con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes, incluido el asesoramiento y la defensa sobre la incoación o la forma de evitar un proceso", destaca en una nota.

Sito Miñanco

El extenso auto no se limita a las actividades del abogado del expresident. La jueza Tardón procesa al propio Miñanco y a otras 45 personas físicas y cinco jurídicas por lo que describe como un entramado criminal "de marcado carácter personalista". Solo confiaba en sus hombres habituales, muchos de ellos también condenados por delitos de narcotráfico, y amasó durante esos años un considerable patrimonio irregular.

Se le atribuye una extensa estructura societaria puesta a nombre de terceros pero, en realidad, de su propiedad. Inmuebles y numerosos vehículos que utilizaban los miembros de la organización para no ser detectados por la Policía. Disponía incluso de unos artilleros, Facho S.L., que se empleaban como centro logístico para construir las embarcaciones que usaban y como pantalla de la actividad ilícita. Además, parte de los beneficios de la venta de la droga se ocultaban mediante el transporte de dinero que acababa en las arcas de sus empresas o bien se desviaba a Colombia a través de correos humanos.