Iglesias y Díaz maniobran para cerrar el debate del SMI con un alza del 0,9%
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COMO POSICIÓN INTERMEDIA

Iglesias y Díaz maniobran para cerrar el debate del SMI con un alza del 0,9%

Desde Moncloa, rebajan las expectativas de acuerdo de los morados, que presionan para que se pueda aprobar en el último Consejo de Ministros de este año

placeholder Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (d), y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (i), durante una reunión con sindicatos agrarios. (EFE)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (d), y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (i), durante una reunión con sindicatos agrarios. (EFE)

Las tensiones en el seno del Gobierno de coalición entre los ministerios de Trabajo y Asuntos Económicos respecto a las diferencias por la congelación o no del salario mínimo en 2021 apuntan a que deberán acabar de solventarse entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Ambos ya abordaron esta cuestión hace un par de semanas durante la habitual reunión de maitines, que se celebra todos los lunes. El punto intermedio que ofrecen desde Unidas Podemos para dar una salida tras esta nueva batalla interna pasa por una actualización del SMI del 0,9%, lo que supondría una subida de cerca de nueve euros al mes de los 950 euros en 14 mensualidades en que actualmente está fijado.

Desde Moncloa, rebajan las expectativas de acuerdo de los morados, entienden que se trata de una cuestión todavía sin madurar e incluso evitan solemnizar las conversaciones sobre esta cuestión como una negociación propiamente dicha. En estos momentos, estas mismas fuentes ponen en duda que vaya a producirse una subida. Pedro Sánchez evitó posicionarse al respecto este miércoles en el Congreso a preguntas de grupos de la oposición, limitándose a destacar que en los dos últimos años se subió un 29%. Hasta ahora, el sector morado, liderado en este caso por la ministra Yolanda Díaz, apuesta junto a los sindicatos por subir el SMI, y el ala más ortodoxa del Ejecutivo, encabezada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defiende junto a la patronal una congelación.

El Ministerio de Trabajo descarta congelar el SMI

La ministra de Trabajo aseguraba este miércoles desde Lisboa, tras firmar una declaración de intenciones en materia de cooperación con su homóloga portuguesa, Ana Mendes, que "dejar fuera de la revalorización salarial a quienes más lo necesitan es una injusticia". En esta línea, rechazaba que se acepte la "pobreza laboral", esto es, "trabajadores que accediendo a un puesto de trabajo sean pobres y que tengan que cumplimentar sus necesidades vitales a través de ONG". Al mismo tiempo, aseguraba que la revisión "está mandatada en el Estatuto de los Trabajadores" e indicaba que, de congelarse, "seríamos una anomalía europea", además de tildar la decisión de su Gobierno de "muy incoherente", por defender una directiva sobre salarios mínimos "y, al llegar la hora de la verdad, no practicarlo". El desarrollo de esta directiva fue precisamente uno de los puntos de convergencia entre Díaz y su homóloga portuguesa, que trataron coincidiendo con la agenda que tendrá Portugal a partir del 1 de enero, al asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El objetivo de los morados pasa por cerrar el asunto antes de que finalice el año. De fraguarse finalmente un acuerdo, ahora todavía lejos, fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan que el decreto para la actualización del salario mínimo se aprobaría en el Consejo de Ministros del 29 de diciembre. Antes de la pandemia del coronavirus, la intención era subirlo de los 950 euros actuales en 14 pagas (13.300 euros brutos al año) a 1.000 euros, en línea con el compromiso programático de situar el SMI en el 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura.

Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE)

La decisión tendría enfrente a la CEOE, que apuesta por la congelación. Una posición que se compartía en la parte socialista del Gobierno de coalición, para quien no era una prioridad esta subida, debido a la actual situación de excepcionalidad económica y a que afectaría a los sectores más golpeados por la crisis, como el pequeño comercio o la hostelería. Asimismo, se ponía en valor que en 2019 y 2020 se produjeron aumentos en el salario mínimo del 22,3% y el 5,6%, respectivamente.

Si bien la modificación del SMI es una prerrogativa únicamente del Gobierno, la portavoz, María Jesús Montero, apostaba este martes tras la celebración del Consejo de Ministros por que cualquier decisión se tome en el marco de la mesa de diálogo social. Igualmente, Montero realizaba un "llamamiento a la prudencia", subrayando la necesidad de “tomar la mejor decisión para que podamos seguir impulsando el crecimiento económico” y evitando que "se produzca una salida de personas del mercado laboral".

Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (Efe)

La parte del Ejecutivo favorable a la subida del salario mínimo se apoya en el hecho de que ni las pensiones ni el sueldo de los funcionarios se congelarán en 2021 (crecerán cerca de un punto), además de que los convenios de empresa también aumentarán entre el 1,5% y el 1,8%, y dejarían más desprotegidos a los trabajadores con sueldo mínimo, ya que habitualmente son los que no están cubiertos por convenio. La propia ministra de Trabajo se ha mostrado públicamente en contra de la congelación, argumentando que esta medida solo fue adoptada por un Gobierno, el de Rajoy, y poniendo de relieve que todos los países de nuestro entorno preparan subidas.

En la primera reunión de la mesa de diálogo social para abordar el salario mínimo, celebrada este martes, el Ministerio de Trabajo trasladó a los agentes sociales que descarta totalmente la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) y su disposición a negociar con ellos cuál será la subida de cara al año 2021. "Para el Gobierno, la congelación del salario mínimo interprofesional no es una variable en la que estemos trabajando", afirmaba el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para concluir que "congelar el SMI es una opción descartable porque constituiría una verdadera anomalía en la progresión que lleva desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores".

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