El CGPJ acuerda dirigirse al Congreso y la UE para defender sus funciones

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves por 16 votos de los 21 un acuerdo para instar al Congreso de los Diputados a que solicite su informe sobre la proposición de ley planteada por el PSOE y Unidas Podemos para recortar su capacidad de realizar nombramientos cuando se encuentre en funciones con la intención de "defender la posición constitucional que el CGPJ tiene en nuestro Estado de Derecho como garante de la independencia judicial".

También instará a la cámara baja a que solicite el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa) sobre la proposición de Ley Orgánica. En el acuerdo se pone de manifiesto ante dicha cámara la necesidad de dar audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, "en particular las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia".

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Insta, además, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado a que procedan sin mayor demora a llevar a efecto la renovación del CGPJ, como se viene exigiendo desde esta institución. La decisión se ha tomado después de que varios vocales reclamaran un pleno extraordinario en respuesta a la última de las iniciativas del Gobierno para limitar su actual margen de maniobra.

En el texto aprobado, al que ha tenido acceso El Confidencial, el órgano de gobierno de los jueces que dirige Carlos Lesmes indica que la iniciativa del Ejecutivo "tiene por objeto la modificación de la LOPJ limitando las competencias del CGPJ sobre nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional". "Es decir, afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial", subraya.

El CGPJ indica que la iniciativa del Ejecutivo "tiene por objeto la modificación de la LOPJ limitando las competencias" del Consejo del Poder Judicial

Destaca que la ley establece la obligación de someter los anteproyectos aprobados por el Gobierno al informe del pleno de este Consejo. En su opinión, la trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de "interpretación conforme" con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), obligan a que ese informe se emita también en este caso en el que la iniciativa parte de los grupos.

Para ellos, toda iniciativa legislativa —cualquiera que sea su origen— que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados. Eso incluye al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas. También resulta de lo anterior que el propio CGPJ comunique este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ).

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"Esta exigencia de dar audiencia a todas las partes implicadas ha sido establecida por las instituciones europeas interpretando lo dispuesto en el art. 19.1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho, entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial que, con arreglo al art. 2 TUE, constituyen el fundamento de la Unión. La infracción de esta exigencia puede desencadenar el mecanismo de respuesta previsto en el art. 7 TUE", señala. Subraya, además, que así se ha expresado la Comisión Europea en sus recientes Recomendaciones (UE) 2017/1520 y 2018/103 y así se le ha recordado al Reino de España en sendas comunicaciones del portavoz de Justicia de la Comisión Europea del 15 de octubre y, más recientemente, del 4 de diciembre de 2020.

El acuerdo reitera que el Pleno del Consejo ya ha expresado su preocupación ante otras iniciativas parlamentarias que incluían, entre otros, el contenido de la nueva proposición de Ley y que permanecería expectante ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de adoptar las decisiones oportunas. "Ese mismo acuerdo instaba a los grupos parlamentarios de las dos cámaras que integran las Cortes Generales a que dieran cumplimiento lo antes posible a la obligación constitucional de proceder sin más demora a la renovación de este Consejo. Solicitud que debemos reiterar", concluye.