El Gobierno incluirá la prohibición de cortes de suministros en el decreto antidesahucios

El Gobierno prohibirá los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a las personas en situación de vulnerabilidad hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma. Esta medida se incluirá en una disposición adicional del decreto antidesahucios, que previsiblemente se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. Según ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras la celebración del Consejo de Ministros, la iniciativa desarrollada por el ministerio de Transición Ecológica permitirá que se acojan todas las familias consideradas en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas que no eran beneficiarias del bono social.

La decisión se produce después de un nuevo choque en el seno del Gobierno entre los socios de la coalición. Esta vez a cuenta del corte de suministros básicos y con un enfrentamiento entre el sector morado y el ministerio de Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera. Desde la vicepresidencia segunda que lidera Pablo Iglesias presionaron para que se obligue a las suministradoras de electricidad, gas y agua a que soliciten a los servicios sociales un informe previo. Un informe que además de obligatorio sería vinculante. El objetivo, según fuentes del partido, sería "comprobar si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad".

Desde la secretaria de Estado de la Agenda 2030, que dirige Ione Belarra y que ha negociado ya el decreto antidesahucios, se refirieron a una "negativa reiterada" del departamento del que es titular Teresa Ribera y avanzan que seguirán presionando para evitar los cortes "como medida complementaria a la suspensión de los desahucios, y garantizar así viviendas en condiciones dignas".

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EFE

“En pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar”, explica Belarra. Además, desde el sector morado consideran imprescindible que las grandes empresas energéticas del país, "con beneficios millonarios, arrimen el hombro en plena pandemia y se corresponsabilicen de la garantía de los derechos humanos dado que obtienen beneficio de comercializar un bien de primera necesidad".

Mientras tanto, el Gobierno sigue ultimando el decreto para la paralización de los desahucios hasta el mes de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma. Una aprobación que se retrasará a la próxima semana al estarse realizando modificaciones "técnicas" al borrador, a petición tanto de los ministerios de Asuntos Económicos como de Justicia, con el objeto de darle una mayor "seguridad jurídica". Concretamente, se intentan evitar así demandas por daño patrimonial, incluso planteando compensaciones económicas, según fuentes conocedoras de las negociaciones para el decreto entre PSOE y Unidas Podemos, y el cambio beneficiará principalmente a los grandes tenedores. Esto es, propietarios con más de una decena de viviendas.

La CEOE apuesta por congelar el SMI, al igual que una parte del Ejecutivo, encabezada por Calviño

Las tensiones en el seno del Gobierno vienen acumulándose desde las últimas semanas. A los desahucios y los cortes de suministros, se suman otras como las pensiones, la reforma laboral o el salario mínimo. La CEOE apuesta por congelar el SMI, al igual que una parte del Ejecutivo, como ya adelantó este diario, encabezada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. No es esta la posición del Ministerio de Trabajo, que lidera Yolanda Díaz, ni mucho menos de los principales sindicatos, CCOO y UGT.

La parte del Ejecutivo favorable a la subida del salario mínimo se apoya en el hecho de que ni las pensiones ni el sueldo de los funcionarios se congelarán en 2021 (crecerán cerca de un punto), además de que los convenios de empresa también aumentarán entre el 1,5% y el 1,8% y dejarían más desprotegidos a los trabajadores con sueldo mínimo, ya que habitualmente son los que no está cubiertos por convenio. Desde el ala más ortodoxa del Ejecutivo entienden, en línea con la CEOE, que no es una prioridad esta subida, debido a la actual situación de excepcionalidad económica y a que afectaría a los sectores más golpeados por la crisis, como el pequeño comercio o la hostelería, además de que en 2019 y 2020 se produjeron aumentos del 22,3% y el 5,6%, respectivamente.