Casado descarta dar una tregua a Sánchez con el poder judicial

El pleno del Congreso debate hoy la admisión a trámite de una reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos para limitar la actividad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras esté en funciones. Se trata de la segunda iniciativa que registran los socios de coalición sobre el órgano de gobierno de los jueces. La primera de ellas, que desató la polémica en octubre y que proponía rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los vocales del órgano, quedó congelada dando paso a esta segunda. El PP, como es evidente, se opondrá esta tarde a la proposición de ley, y además no está dispuesto a dar su brazo a torcer para pactar la renovación.

El debate llega además después de que el Tribunal Supremo haya ordenado repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por presunta vinculación con ETA, y en plena tramitación de Presupuestos con el pacto del Gobierno y Bildu encima de la mesa. Las condiciones del PP para el CGPJ siguen igual. A pesar de que miembros del Gobierno, como el ministro de Justicia y la ministra portavoz, llevan días asegurando que el acuerdo está prácticamente cerrado a la espera de que Pablo Casado lo quiera hacer público, fuentes del PP insisten en que no solo no hay pacto, sino que tampoco está cerca porque los requisitos son los anunciados por activa y por pasiva, y hasta que no se cumplan no avanzará.

Retirar completamente la proposición de ley que quiere rebajar la mayoría para elegir a los vocales es el primer elemento. No basta con aparcar su tramitación en sustitución de otra reforma, como PSOE y Podemos han hecho. Más todavía teniendo en cuenta que la Unión Europea se pronunció, lanzando un toque de atención en aras de preservar la independencia judicial.

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En segundo lugar y verdadero escollo: que el partido de Pablo Iglesias no forme parte de la negociación ni de su conclusión. El PP ya rompió un acuerdo el pasado verano por las posiciones de Podemos (en concreto, tras la marcha del rey Juan Carlos a Emiratos Árabes), dejando claro que no pactaría con un Gobierno en el que uno de sus partidos cuestionaba sistemáticamente las principales instituciones del Estado.

Es la gran línea roja en Génova: Podemos no puede formar parte de este acuerdo. Como publicó este diario, el líder morado está decidido a boicotear las conversaciones entre socialistas y populares con el objetivo de dar un vuelco al tablero, y que los grupos que sostienen la mayoría del Ejecutivo, como ERC, tengan presencia en instituciones como el poder judicial.

El secretario general de los populares compareció ayer mismo tras la reunión del comité ejecutivo remarcando que no hay novedad acerca del pacto y que a este paso no la habrá. De hecho, en más de una ocasión, se lamentó al ver la posición del Gobierno, dando a entender que en Moncloa no tienen intención de cambiarla: “Lo que habría que preguntar al Partido Socialista es por qué dejó fuera de una fusión bancaria a Podemos y ahora no puede hacerlo con la renovación del CGPJ. Tiene encima de la mesa una oferta sincera del PP con tres condiciones que entienden todos los españoles y buena parte de la carrera judicial”, aseguró Egea.

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El tercero de los requisitos es garantizar una despolitización de la Justicia absoluta para evitar nombramientos como la exministra y exdiputada socialista Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado.

A pesar de las idas y venidas, la interlocución abierta y el empeño del Gobierno por cerrar la renovación cuanto antes (la fecha inicialmente deseada era el pasado 6 de diciembre y ahora lo sería antes de que acabara el año, aunque ya ve difícil un acuerdo antes de las elecciones catalanas), la situación está enquistada. Pedro Sánchez anunció la semana pasada que llamaría a Casado para tratar de desbloquearla de una vez por todas, pero este lunes el número dos del PP aseguraba que no se había producido ninguna llamada. Casado ya reprochó al presidente del Gobierno no haberle devuelto una llamada del mes de octubre. Desde entonces, los dos líderes no han hablado.

El PP es consciente de que la renovación de los órganos constitucionales debe producirse, pero está convencido de no dar un paso atrás con sus requisitos. Especialmente, en lo que tiene que ver con la presencia de Podemos y los intentos de socialistas y morados para cambiar la ley que elige a los vocales y reducir la mayoría necesaria. A pesar de que la concesión de indultos a los líderes independentistas no ayudaría en absoluto y podría retrasar aún más el acuerdo, fuentes populares insisten en que los requisitos son los que son desde hace ya meses y no establecen la situación de los presos del 'procés' entre los mismos.

El primer partido de la oposición es consciente de que los puentes con este Gobierno están rotos desde hace tiempo y lo más probable es que se alejen cada vez más. El pacto presupuestario con EH Bildu tampoco sentó bien y como ese, admiten, hay ejemplos cada semana. Por eso, la voluntad de renovar el CGPJ es firme, pero mantienen que el acuerdo solo puede producirse con el PSOE.