El Gobierno acelera las leyes que sitúan al PP con Vox

En la última Junta de Portavoces del Congreso, Aitor Esteban (PNV) intervino para oponerse a la pretensión de PSOE y Unidas Podemos de acelerar el trámite parlamentario para que la próxima semana se apruebe ya en el pleno la ley de eutanasia.

Para hacerlo, era necesario incluirla en el orden del día del pleno del jueves 17, a pesar de que ni siquiera se había aprobado aún en la Comisión de Justicia, trámite que se debía producir un día después de esa reunión de la Junta de Portavoces. Finalmente, como no hubo la unanimidad necesaria, no se hizo y la decisión quedó a la espera de un posible pleno extraordinario inmediato solo para aprobar la polémica ley. Si no fuera posible, sería en enero, para que pueda acabar su tramitación en el Senado a finales de enero.

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Ese episodio parlamentario sirve para ilustrar el interés del Gobierno por impulsar con urgencia normas que, como la ley de eutanasia o la de memoria histórica, sirven para marcar perfil político y, sobre todo, para empujar al PP hacia la ultraderecha con Vox, pensando, sobre todo, en las elecciones catalanas del 14 de febrero y aprovechando el empuje del bloque con el que se han aprobado los Presupuestos. Son lo que podría entenderse como leyes ideológicas.

De hecho, la ley de eutanasia es un ejemplo de cómo el Gobierno acelera o desacelera la tramitación de las leyes en función de la estrategia. Como ya decayó en la anterior legislatura, al empezar esta, el Gobierno quiso que fuera la primera norma en salir del Congreso. Pero llegó la pandemia y ralentizó su tramitación hasta que después del verano volvió a acelerar, luego a frenar y, finalmente, ha impuesto un ritmo elevado para que, por ejemplo, fuera aprobada en comisión en solo dos días para intentar llevarla a pleno en menos de una semana.

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El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática fue aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de septiembre y está a la espera de los informes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. El Gobierno espera poderlos tener durante el mes de enero para aprobarla definitivamente en el Consejo de Ministros y remitirla al Congreso.

También en este caso, el Gobierno considera que la norma sirve para situar al PP junto a Vox y, sobre todo, para intentar poner en cuestión el pretendido giro centrista de Pablo Casado, proclamado en la moción de censura de Santiago Abascal.

Es sabido que la estrategia de la Moncloa desde julio de 2018 ha sido polarizar e intentar empujar al PP a esa posición. Aún la última semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Telecinco insistió en varias ocasiones sobre las dudas del giro centrista de Casado, le identificó con Vox y la ultraderecha y utilizó expresiones como “primarias de la derecha” para referirse a la pugna entre estos partidos.

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Ahora, esa tendencia se incrementa, porque la intención de los socialistas en las elecciones catalanas es liderar el voto no independentista. En las autonómicas de 2017, fue Ciudadanos quien reunió todo ese voto, restándoselo al PP y al PSC en feudos tradicionalmente socialistas. La única diferencia es que, además, Sánchez incidirá en el mensaje de la necesidad de buscar una salida política y negociada, no judicial.