La Fiscalía comprobará con datos del Reino Unido la regularización de Juan Carlos I
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Comisión rogatoria

La Fiscalía comprobará con datos del Reino Unido la regularización de Juan Carlos I

La información que se reciba será fundamental para comprobar si el paso que dio el Rey emérito con la AEAT es correcto

Foto: El rey Juan Carlos I. (Reuters)
El rey Juan Carlos I. (Reuters)

La Fiscalía del Tribunal Supremo comprobará las cantidades declaradas por Juan Carlos I con los datos que obtenga de una comisión rogatoria cursada hace semanas al Reino Unido. Según confirman fuentes jurídicas, la información que se reciba de Londres será fundamental para cotejar si el paso que dio el Rey emérito con la AEAT es correcto y se ha declarado todo lo recibido desde el año 2016 y hasta el 2019, análisis que se centra en los fondos que recibió del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause y en su uso con tarjetas opacas tras la abdicación. En su regularización, el padre del Rey reconoce ingresos de 800.000 euros.

Además de confirmar que estos datos casan —como ha adelantado 'El Periódico'—, el Ministerio Público tiene pendiente decidir si la regularización sirve al monarca para eludir el delito fiscal. La Fiscalía le notificó en noviembre la apertura de diligencias de investigación por los fondos que recibió de Sanginés-Krause —que tiene doble nacionalidad británica y mexicana y vive en Londres— y, según informan fuentes jurídicas, también ofreció a su abogado, Javier Sánchez Junco, que se personara en las actuaciones para conocer de primera mano los hechos investigados. El letrado, sin embargo, rechazó la oferta.

Foto: A la derecha, Victoria Federica, montando a la yegua presuntamente pagada por el empresario mexicano, junto a su madre la infanta Elena. (Gtres)

La defensa del monarca considera que, al no haber denuncia en su contra ni notificación formal de Hacienda, puede beneficiarse de la previsión del artículo 305 del Código Penal. En él se explican los requisitos que deben darse para acogerse a la "excusa absolutoria" de la regularización, apuntando a que debe producirse "antes de que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia", pero también antes de que "el Ministerio Fiscal o el juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Fiscalía cuenta con indicios de que Sanginés-Krause sufragó durante años decenas de gastos del Rey y otros miembros de su familia

La Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de tumbar su regularización fiscal al haberse notificado las diligencias el pasado noviembre, lo que podría encajar con ese último punto del artículo 305: "Tras la reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, la Fiscalía valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por D. Juan Carlos de Borbón y Borbón el pasado día 9 de diciembre, su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia que se continuará llevando a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo", explicó este viernes en una nota.

La regularización

Con su regularización, Juan Carlos I ha reconocido que recibió donaciones superiores a los 800.000 euros por parte de un empresario mexicano durante tres ejercicios: 2016, 2017 y 2018, a los que responden sus declaraciones tributarias complementarias. En una breve nota difundida por el bufete de Javier Sánchez Junco el pasado miércoles, el despacho asegura que una vez cumplimentado el pago, "continuará como siempre a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno"; pero como adelantó El Confidencial, la Fiscalía descarta un archivo exprés de las diligencias y seguirá investigando al monarca.

Foto: EC.

El Ministerio Público cuenta ya con indicios de que el mexicano Sanginés-Krause sufragó durante años decenas de gastos del rey Juan Carlos y otros miembros de la familia real. Ni los pagos ni el disfrute de los propios fondos fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de sus familiares, lo que abría la puerta a un posible delito fiscal: los gastos abonados son de carácter ordinario, continuados y sostenidos en el tiempo. Gran parte de ellas se abonaron después de 2014, año de la abdicación, por lo que no sirve, en este caso, la dispensa de la inviolabilidad.

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