Los Mossos planean su reorganización para hacer frente a manifestantes violentos

Un detallado informe de los Mossos d’Esquadra elaborado este verano prevé una reestructuración de todas las áreas de este Cuerpo que intervienen en el orden público para prevenir grandes manifestaciones y, especialmente, las actuaciones de pequeños grupos que actúan con violencia. Asimismo, aboga por reforzar la capacidad técnica en la gestión del control de desórdenes públicos, la revisión de las técnicas que permitan la identificación de personas violentas y la profundización de las tácticas que permitan la detención selectiva de los alborotadores más activos.

El informe, al que ha accedido El Confidencial, desmenuza las movilizaciones celebradas entre el 14 y el 27 de octubre del año pasado, es decir, las dos semanas posteriores a conocerse la sentencia del 1-O. En ese periodo se contabilizaron 877 "actos de movilización ciudadana". La mayoría (440) lo fueron en la provincia de Barcelona. Pero el periodo crítico fue la primera semana: hubo 732 movilizaciones. "Como norma general, todas las manifestaciones se desarrollaron en un carácter pacífico, aunque una minoría acabó provocando alborotos, actos vandálicos y enfrentamientos graves con la policía", señala el documento.

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En las conclusiones del informe se subraya que "la intensidad de los alborotos, el alargamiento en el tiempo de unas movilizaciones generales y la gran desproporción entre manifestantes violentos y agentes consiguieron tensar la organización hasta hacer llegar la estructura en orden público a un punto crítico". Afirma también que "la tensión a la que se sometió la gestión policial del conflicto se produjo en un contexto inédito donde hubo acciones concretas, realizadas por grupos violentos, que denotaban estrategia y coordinación, así como un aumento exponencial del número de manifestantes violentos, detectando, en los alborotos más graves, una firme voluntad de enfrentamiento directo con los Mossos d’Esquadra".

"Los incidentes ocurridos demuestran que ha variado la estrategia de enfrentarse a la policía y los escenarios en los que se producen los conflictos", dice el texto. Se quejan los autores de que los Mossos "no cuentan con los elementos más adecuados para mantener la distancia con grupos violentos, hecho que obliga a hacer una intervención policial de choque, en contacto directo con los manifestantes. En estas circunstancias, la defensa policial es el único elemento del que disponen estos efectivos para repeler las agresiones a la línea policial y mantener la distancia policial. Esta situación obliga a actuar a un elevado número de policías, siempre inferior al número de manifestantes, y comporta un elevado número de heridos".

En el informe se señala que los Mossos “no cuentan con los elementos adecuados para mantener distancia con grupos violentos"

Fuentes solventes señalan a El Confidencial que "los manifestantes buscan en todo momento el cuerpo a cuerpo. Quieren llegar a tocar a los policías porque así sus acciones son mucho más espectaculares, como cuando los rocían con polvos de colores. Además, amparándose en la masificación y las técnicas de camuflaje, agreden impunemente a los agentes. En estos momentos, los Mossos no disponen de herramientas para evitar que se les acerquen".

Nuevas herramientas y estrategias

En el documento se alude, así, a que son necesarias "nuevas herramientas, estrategias y tácticas operativas que incrementen el catálogo y abanico de recursos disponibles de intervención para garantizar el modelo de distancia en la fuerza en el nuevo escenario de protesta".

El informe da un severo varapalo a la imagen transmitida por la cúpula política de la Generalitat: el propio ‘president’ Quim Torra, pidió depuraciones dentro del Cuerpo de los Mossos y el tema acabó solventándose con la confección de una "auditoría" interna para evaluar el grado de 'profesionalidad' o de 'pasividad' de los Mossos. El consejero de Interior, Miquel Buch, salió en defensa de sus agentes (lo que, a la larga, le reportaría el cese poco antes de la inhabilitación de Torra) ante el peligro de un plante de los comisarios, que no estaban dispuestos a ser un juguete político en manos de la cúpula del Govern.

A partir de ahí, subraya el texto, "la violencia que acabó utilizándose en determinados momentos durante las protestas supuso una verdadera prueba de resistencia del sistema de orden público y obligó a hacer una profunda reflexión que va más allá de los mecanismos de auditoría de los servicios policiales y de la estricta exigencia de responsabilidades personales, evaluando los mecanismos de intervención policial en grandes concentraciones de personas en todas sus fases, desde la planificación de los dispositivos hasta la evaluación de su ejecución". Aun así, destaca que el 29 de octubre de 2019, la consejería de Interior acordó "iniciar un proceso de revisión de las actuaciones policiales" en ese periodo.

El estudio propone determinados "mecanismos de mejora" de la seguridad pública. El primer punto es "fortalecer la coordinación entre los servicios que intervienen en la gestión operativa". La meta de ese punto es mejorar la coordinación entre la Brigada Móvil (Brimo) y las áreas regionales de recursos operativos (ARRO). "La gestión de los incidentes, la duración y la intensidad de las protestas violentas, especialmente durante la franja de tarde-noche, puso a prueba la planificación operativa de los diferentes servicios de orden público y la capacidad de reacción de estas unidades en casos graves de violencia", aduce el informe.

Recoge el documento que, en situaciones complejas, la asistencia conjunta de estas dos divisiones conllevó "problemas de coordinación" que afectaron a la "agilidad en la respuesta, la eficacia de la intervención policial y la calidad del servicio que se prestó". Propone, por tanto, revisar la dependencia orgánica y funcional de los servicios, armonizar los sistemas de trabajo y proponer un nuevo dimensionamiento de los servicios de orden público y su distribución territorial, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las protestas se producen en Barcelona y su entorno metropolitano.

Formas especialistas y más tecnología

Para limar las deficiencias del modelo aplicado hasta ahora, el informe propone también aumentar la capacidad técnica de las unidades, mejorar la toma de decisiones, adecuar la estructura del Centro de Coordinación Central (Cecor) a las necesidades reales de los dispositivos, formar especialistas en orden público y en negociación de conflictos, con "una visión global y estratégica enfocada en gestión de crisis", desarrollar y aplicar nuevas herramientas para el conocimiento y la toma de decisiones, estudiar el uso de nuevas tecnologías para favorecer la transmisión de información entre las unidades operativas actuantes, diseñar un nuevo plan formativo y de entrenamiento adecuado, reorientar la planificación horaria y las cargas de trabajo de los agentes y reformar el plan de carrera profesional de la especialidad de orden público.

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Las decisiones se fundamentan en el espectacular incremento de las denuncias y los delitos cometidos en el orden público: el número de delitos en el 2019 se incrementó un 71% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2019, los Mossos instruyeron 1.253 denuncias penales en el ámbito de las concentraciones y manifestaciones. La mayoría de los delitos cometidos fueron por desórdenes públicos (un 65%), seguidos de atentado a la autoridad (7,5%) y daños (6%). Los detenidos ascendieron a 472, aunque en 2019 el incremento fue brutal: un 118% más que en el 2018. El 74,5% de las detenciones lo fueron por desórdenes y el 16%, por atentado a la autoridad.

El informe fue acabado a finales del mes de junio, cuando Miquel Buch era todavía consejero de Interior. Su sustituto, Miquel Samper, se encontró ya con él encima de la mesa y, según las fuentes consultadas, lo asumió en todos sus términos. Con los cambios en la cúpula del Cuerpo y la vuelta de Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos, faltará ver cómo se implementa, aunque tras los cambios en el organigrama acometidos a finales de este mes de noviembre, el comisario Xavi Pastor, jefe de la Brimo, la principal unidad de orden público, fue ratificado en su cargo.