PSOE y UP sitúan el inicio de comparecencias por la Kitchen en la campaña de las catalanas

Las primeras comparecencias en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen podrían comenzar a producirse entre finales de enero y principios de febrero del próximo año. Este es al menos el objetivo de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, según fuentes de estos partidos, aunque el calendario de los trabajos está todavía pendiente de consensuar con el resto de grupos que impulsaron dicha comisión de investigación. La pretensión, según añaden las mismas fuentes, es que el mes de enero, sin actividad parlamentaria, sea hábil. De este modo, si no se producen retrasos sobre lo previsto, el desfile de comparecientes se iniciaría coincidiendo con la campaña de las elecciones catalanas, fijadas para el próximo 14 de febrero.

La comisión se creará antes de que finalice el año, y en función de cómo avancen las negociaciones con el resto de grupos, que comenzaron este jueves, la fecha para constituirla sería o bien el 22 de diciembre o bien el 29 del mismo mes. Los platos fuertes de las comparecencias serán el expresidente Mariano Rajoy y el comisario encarcelado José Manuel Villarejo. Desde Unidas Podemos, empujarán para que también comparezca el líder de los populares, Pablo Casado, pero en principio no está en la lista que los socialistas barajan proponer al resto de grupos. Sí están la mayoría de los principales dirigentes del PP durante la etapa que será objeto de investigación.

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La comisión, que investigará la caja B del PP y el supuesto dispositivo policial clandestino para encubrirla, pondría el foco en plena campaña de las catalanas en la corrupción de los populares, que se medirán en estas elecciones con Vox. Por parte del partido que lidera Santiago Abascal, está previsto que su portavoz en la comisión sea una de sus principales caras en el Congreso, la portavoz adjunta y secretaria general del grupo, Macarena Olona. Desde Ciudadanos, socios de los populares en distintos gobiernos municipales y autonómicos, y que igualmente apoyaron la creación de esta comisión, ya aventuraron que acarrearía para Casado un “desgaste importante”.

Las intenciones de que el mes de enero sea hábil para la actividad parlamentaria se manifestaron ya por parte de los socialistas cuando la pasada semana presentaron junto a Unidas Podemos la proposición de ley en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) cuando haya caducado su mandato. Esta modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial mediante la introducción de un nuevo artículo, se pretende debatir de forma exprés, también antes de que finalice el año, incluyéndola dentro del cupo de iniciativas de los socialistas en el pleno del 15 de diciembre sin lectura única para su aprobación definitiva en febrero. Para ello, sería necesario habilitar el mes de enero, como está previsto.

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El Congreso ya aprobó la creación de esta comisión el pasado 1 de octubre, aunque quedó congelada debido a las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado. Su constitución, el 22 o el 29 de diciembre, se realizará al mismo tiempo que la del accidente aéreo de Spanair en 2008, cuyas conclusiones quedaron pendientes de elaborar en la legislatura pasada. Esta última lleva desde abril sin ponerse en marcha y se utilizó como referente para argumentar, apoyándose en las indicaciones de la Mesa del Congreso, que la investigación sobre Kitchen no se podía constituir antes.

En primer lugar, se constituirá la Mesa de la comisión, y a partir de ahí este órgano fijará el calendario de los trabajos y la lista de comparecientes. Todo ello, buscando el acuerdo con el resto de grupos, dada la "trascendencia" de esta comisión, según fuentes del grupo socialista, al estar enmarcada en un partido que estaba en el Gobierno cuando se produjeron los hechos ahora investigados.

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La importancia que se otorga a esta comisión se deja entrever por el hecho de que una buena parte de la lista de comparecientes depende del visto bueno de Moncloa. Las dudas sobre el comisario Villarejo acecharon desde un principio, principalmente a la parte socialista. En julio de 2016, se constituyó y trabajó una comisión de investigación sobre la llamada policía patriótica. Entonces, el PSOE se alió con el PP para evitar la comparecencia de Villarejo, pese a la presión de Unidas Podemos y otros grupos. Para los morados, siempre fue fundamental que compareciese Villarejo, además de otros "policías presuntamente corruptos".

En esta ocasión, se volvieron a reproducir las presiones para que no compareciese el policía jubilado, por temor a las acusaciones que pueda lanzar. El propio Villarejo, en prisión preventiva, advirtió en una entrevista en 'El País' sobre ese supuesto veto y, al tiempo, dejó caer la posibilidad de revelar, si comparece, los trabajos que hizo para gobiernos del PSOE.