La ausencia de notificación y de denuncia permite a Juan Carlos I esquivar el delito

Juan Carlos I está a un paso de esquivar las consecuencias penales de dos de las investigaciones abiertas sobre su patrimonio. Su inviolabilidad, por una parte, y la ausencia de una notificación de actuaciones por parte de Hacienda o de denuncia del Ministerio Público, por otra, le dejan en la mejor de las posiciones para no tener que responder ante los tribunales por los millonarios ingresos que percibió desde 2008 y hasta 2019, y que nunca había declarado al fisco hasta que este miércoles hizo pública su decisión de pagar parte de que lo que no abonó. La donación recibida de Arabia Saudí no tendrá consecuencias, por su especial protección, y la que le facilitó más recientemente el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause tampoco las tendrá gracias al vericueto legal que se materializó hace unas horas ante la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, donde el Rey emérito ejecutó la regularización.

La defensa del Rey emérito planeaba la operación desde hace semanas. Fue el pasado 3 de noviembre cuando se conoció la segunda de las investigaciones sobre el monarca en manos de la Fiscalía. En solo unas horas, las pesquisas fueron trasladadas desde la Fiscalía Anticorrupción, que las dirigía hasta ese momento, a la del Tribunal Supremo. No obstante, ni durante la etapa previa ni durante el último mes, pese al conocimiento público de las diligencias, la AEAT se dirigió a Juan Carlos I para comunicarle el inicio de comprobaciones para establecer una deuda tributaria. Tampoco la Fiscalía ha llegado a presentar denuncia. El Código Penal establece en su artículo 305 que, sin alguna de esas dos cosas, "quedará exento de responsabilidad penal". El método se conoce con el expresivo nombre de 'excusa absolutoria'.

Ese vacío ha permitido al monarca regularizar y evitar la causa judicial. En la breve nota que remitió a los medios de comunicación el bufete de su abogado, Javier Sánchez Junco, se anunciaba ya en la primera línea que el paso dado se ha llevado a cabo sin requerimiento previo. Según concretan a El Confidencial fuentes del entorno del Rey, reconoció donaciones del empresario superiores a los 800.000 euros que se concentraron en gran parte en dos años: 2017 y 2018. Admitió también que no solo percibió el dinero a través de la cuenta que se mantenía a nombre del coronel Nicolás Murga, su ayuda de cámara durante muchos años, sino que le llegó por otras vías que declaró voluntariamente.

En total, pagó a Hacienda 678.393,72 euros. Medio millón corresponde al principal mientras que el resto, cerca de 200.000 euros, se ha destinado a los intereses de demora y los recargos. Con el pago, el Rey considera saldada cualquier deuda existente. Las fuentes consultadas aseguran que se ha procedido en todo el proceso con "la mayor de las transparencias" y aseguran que no hay otras donaciones que declarar. Para el entorno del Rey, este reconocimiento de impago supone casi un punto y final y abre la puerta a un regreso a España. Insisten en que los fondos nunca fueron opacos y rechazan el uso del término tarjetas 'black' para calificar el sistema con el que se sacó dinero de la cuenta durante meses.

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Si la interpretación que hace la Fiscalía es similar, Juan Carlos I despejará sus dos principales problemas legales en España. El Ministerio Público ha advertido de que no se pronunciará hasta que estudie con detenimiento la regularización y la coteje con los datos que manejaba sobre ingresos que, según los datos con que contaba, se remontan hasta 2016. Quedan —avisa— muchas dudas aún sin despejar. No se conoce aún la procedencia de los 678.393,72 euros, ni se ha comprobado si la regulación es completa, como defiende el emérito.

Habrá otro efecto, indican estas fuentes. La intención del departamento que dirige Dolores Delgado de archivar la primera de las investigaciones sobre las comisiones que percibió Juan Carlos I de Arabia Saudí y su vinculación con la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca quedará, ahora, congelada. Mientras tanto, continúan adelante las terceras diligencias basadas en una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey dotada con al menos 10 millones y que el Sepblac vincula también con el Rey.

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B. P. J.M.O.

Suiza y Reino Unido

Los frentes legales de Juan Carlos I no acaban en España. En Reino Unido tendrá que afrontar la gestión judicial de la denuncia que Corinna Larsen quiere cursar en su contra por acoso y amenazas. La intención de la examante es denunciar a don Juan Carlos en los tribunales de Londres por amenazas y el acoso que dice sufrir desde 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana. La presión se dirigía a tratar de acallarla —defiende— para que no revelara secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder. Implica también en los hechos al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, de quien asegura que está detrás de la "campaña" en su contra y de amenazarla personalmente en Reino Unido.

En Suiza se mantiene, además, la investigación que conduce el fiscal Yves Bertossa sobre el destino de la suntuosa donación de 100 millones de dólares que recibió de Arabia Saudí. El dinero se transfirió a una cuenta del banco privado Mirabaud. En junio de 2012, parte del dinero, 65 millones de euros, fue depositada en una cuenta de Corinna Larsen en lo que ella califica como un "regalo".