Malestar en el Gobierno porque Iglesias torpedea la negociación del CGPJ

Varios miembros del Gobierno están molestos por la forma en que, según explican, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, está torpedeando la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este asunto, que inicialmente era un pulso con el PP, liderado solo por la parte socialista del Gobierno, ha terminado por ser un nuevo pulso dentro del Ejecutivo.

Explican que es visible y evidente la intención de Iglesias de hacer descarrilar la negociación con el PP para proceder a una renovación del CGPJ sin el principal partido de la oposición, pero con grupos que han apoyado al Gobierno en la tramitación de los Presupuestos.

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Por eso, el líder de Unidas Podemos presiona para llevar a cabo una reforma de la ley que rebaje la mayoría necesaria para elegir a los vocales. Un sector del Gobierno se resiste a ese cambio legal, que ha sido cuestionado por Europa y, por eso, fue congelado en su tramitación parlamentaria, mientras que el sector de Unidas Podemos aboga por impulsarlo ya y avanzar sin la oposición, con una clara mayoría “progresista”.

La pelea de calado político se traduce en que unos aceptan un CGPJ con 10 miembros propuestos por el PP y otros 10 por el PSOE y un presidente de consenso, mientras que UP quiere dar la vuelta a ese reparto para que haya mayoría de los partidos que apoyaron los Presupuestos, es decir, los que se incorporan a la dirección del Estado, según la terminología de Iglesias. La acción de esa mayoría parlamentaria de los Presupuestos tendría que llegar, según su pretensión, a instituciones como el CGPJ.

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Esa evidente presión de Iglesias hace que el PP pueda reforzar la idea de su negativa a pactar si no se aparta a Unidas Podemos de la negociación. Pablo Casado mantiene el bloqueo desde que en julio prácticamente se cerró el acuerdo y ha añadido nuevas condiciones para hacerlo a medida que han ido avanzando los acontecimientos. Por ejemplo, ahora pide que se retire totalmente la reforma legal impulsada por el Gobierno, precisamente, para salvar ese bloqueo.

“Que el PP diga que para renovar el CGPJ debemos ser excluidos es una provocación habitual”, aseguró este miércoles Iglesias en Twitter, pidiendo su sitio en la negociación, es decir, justo lo que no quieren ni el PP ni el PSOE.

El Gobierno ha vuelto a reiterar, esta vez a través de su portavoz, María Jesús Montero, que el acuerdo está casi cerrado desde hace tiempo. Y el PP sigue discrepando. En todo caso, Gobierno y PP coinciden en que será casi imposible cerrar el acuerdo antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Y un nuevo muro que lo impediría sería que el Gobierno concediera el indulto a los presos independentistas, pero, a su vez, es casi imposible que eso ocurra antes de las elecciones catalanas.

Mientras esto sucede en el terreno de la política, los últimos acontecimientos han movido también las aguas en el CGPJ. La intención inicial de dejar pasar diciembre sin continuar con los nombramientos comienza a mutar. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces reconocen una “predisposición” para tratar de sacar adelante un nuevo paquete de plazas de aquellas pendientes de cubrir y hacerlo en el último pleno del año.

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El movimiento se produce días después del anuncio de una reforma legal paralela a la primera lanzada por el Ejecutivo y destinada en este caso a limitar la actividad del CGPJ cuando esté en funciones. El presidente, Carlos Lesmes, tiene muy claro que no se llevarán a cabo nombramientos si no alcanzan una abrumadora mayoría para aprobarlos. Los que deben abordarse no son fáciles, pero, pese a ello, la intención de los vocales es negociar con especial ahínco para cerrar pactos y continuar demostrando, como ya han hecho en los dos últimos plenos, que los sectores conservador y progresista pueden trabajar juntos si se lo proponen.

En la lista de vacantes, se acumulan 29 nombramientos ya convocados o al borde de serlo, entre ellos, dos presidencias de tribunales superiores de Justicia, el de Canarias, vacante por el fin de mandato de Antonio Doreste, y el del País Vasco, por la jubilación de Juan Luis Ibarra. También deben cubrirse las presidencias de varias audiencias provinciales y vacantes en el Supremo por jubilación de sus titulares.