La Navidad desafía a las residencias: "Si el virus llega a un centro, puede ser devastador"

Alfonso y Benita se separaron para siempre el 26 de marzo de 2020, después de décadas de matrimonio que les mantuvo juntos hasta el final en una residencia de Madrid donde un día Alfonso cogió el virus que asola todo el mundo.

Cuando descubrieron la infección, su hija Elena pidió que llevasen a su padre a un hospital, pero el médico del centro les dijo que “tenían prohibido” derivarle al 12 de Octubre. “Fue lo más duro que me ha sucedido, es el peor año de mi vida. Estuvo cuatro días muriéndose”, relata su hija Elena en un vídeo de Amnistía Internacional. “Vivo a 300 metros y no pude acercarme, cogerle la mano, despedirme de él”. El virus atacó a su madre días después, pero a ella consiguió que la atendieran. Aunque con secuelas, Benita sí ha tenido la oportunidad de sobrevivir al covid.

Durante la primera ola, la atención estuvo en las residencias de mayores. Pero ahora ese foco ha desaparecido y, sin él, ha vuelto la invisibilidad de un grupo de población que, en realidad, siempre ha estado en un segundo plano. Según denunciaba hace unos días Amnistía Internacional, durante los primeros meses de pandemia, se vulneraron cinco derechos humanos de los mayores: el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación por cuestiones de edad, a la vida privada y familiar y a una muerte digna. Su situación, en muchos aspectos, no ha cambiado, ni se han reparado todos los pecados que se cometieron en estos centros durante la primera ola, a pesar de que la Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, el riesgo de que pueda volver a repetirse.

“Los médicos de residencias nos dijeron que hubo gente que se pudo salvar y no se salvó”, apunta Ignacio Jotvis, investigador del informe de Amnistía Internacional que ha denunciado estos hechos. “Llegamos a una situación en la que hubo discriminación no solo por edad, sino domiciliaria. Si tenías 80 años y vivías en una residencia, no ibas al hospital; si tenías 100 años y vivías en casa, sí podías ir”.

Si tenías 80 años y vivías en una residencia, no ibas al hospital; si tenías 100 y vivías en casa, sí

Meses después, los protocolos de no derivación no se han retirado, por lo que ante un repunte de contagios en estos centros, podrían repetirse las situaciones de ancianos abandonados a su suerte en las habitaciones de los geriátricos: “Hay una serie de medidas urgentes que hay que adoptar antes de que la presión hospitalaria aumente: regulación que garantice las evaluaciones clínicas personalizadas, dotar de material sanitario y flexibilizar el régimen de visitas”, considera Jotvis.

Según Juan Manuel Martínez, geriatra y presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, la experiencia de la primera ola ha mejorado algunas cuestiones, como más trajes EPI y test dentro de los centros. Pero también cree que sigue habiendo cuestiones sin resolver, como la falta de coordinación con los ambulatorios de referencia de cada centro de ancianos. “Las residencias no contaban con medios para atender a los mayores. Ni tenían por qué tenerlos: la respuesta la tiene que dar el sistema de salud. Unos están para cuidar y otros para curar”.

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“Ahora se han tomado mejores medidas, porque se conoce mejor cómo funciona el virus, se hacen más controles, se ha mejorado la ventilación y se ha compartimentado, pero sigue habiendo tareas pendientes”, continúa.

Esa experiencia adquirida puede ser la explicación de que, ahora, aquellas residencias que peor lo pasaron en la primera ola no registren casi nuevos casos. Sin embargo, las que quedaron indemnes ahora están sufriendo contagios. Es difícil de estimar, porque a día de hoy sigue sin haber cifras oficiales de cuántos mayores murieron en las residencias. Varios estudios de los primeros meses de la pandemia cifraron las muertes en centros de ancianos en el 70% del total de fallecidos, aunque ahora el Gobierno estima que podrían haber supuesto entre el 50% y el 47%.

Según denuncia Amnistía, Madrid y Cataluña fueron las regiones donde más se vulneraron los derechos de los ancianos, aunque de forma diferente. En la Comunidad de Madrid, los protocolos incluían criterios sobre edad y/o fragilidad para valorar o no la derivación, que fueron cambiando en el tiempo y “distribuidos de manera selectiva”. En Cataluña, recomendaron no ingresar en UCI a determinados pacientes mayores de 80 años. Y aunque establecían que la decisión final estaba en el médico de cada paciente, en medio de la vorágine sanitaria, muchos ancianos no pudieron contar con una valoración clínica. “El resultado era el mismo: denegación de cualquier modalidad de asistencia sanitaria”.

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aclaran que la foto es bastante diferente de lo que apunta el informe. Afirman que no hay problema para derivar pacientes a los hospitales y se sigue el modelo que defiende la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que existen unidades de atención a residencias (UAR) para casos de atención primaria y que todos los centros tienen su geriatra de referencia. En cuanto al material, señalan que las residencias tienen la obligación de almacenar la cantidad suficiente para 14 días y Servicios Sociales se ocupa en caso de algún problema.

Tras el estudio serológico realizado en noviembre, en el que obtuvieron muestras de 55.000 personas, entre residentes y personal, se llegó a la conclusión de que la mitad de las residencias de la comunidad tiene inmunidad baja, por lo que la enfermedad no ha dejado apenas rastro. Pero estos resultados han sido suficientes para que hace unos días el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya decidido flexibilizar el régimen de visitas a los centros. Además de visitas, los residentes podrán salir.

El 67% de las familias quiere que los suyos no salgan de las residencias para protegerlos

Pero el temor epidemiológico está en lo que sucederá a finales de diciembre. Las fiestas sacarán a muchos mayores de las residencias que pueden volver con el virus. “Llevamos días dándole vueltas a lo que pasará en Navidad. El 67% de las familias quiere que los suyos no salgan de las residencias para protegerlos. Pero también hay un 33% que sí que quiere que salgan. ¿Qué pasará cuando vuelvan? ¿Cómo se controla con quién han estado? ¿Y si contagian al que se ha quedado? Siento que llevamos nueve meses luchando como David frente a Goliat”, dice Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps), quien explica que también la Administración tiene que hacer esfuerzos para que no se repita lo de marzo. “No se puede atrever a no atendernos en los hospitales. Y urge un cribado preventivo a los trabajadores. Llevo tiempo peleando por que haya test de antígenos para ellos. Deberíamos ser los primeros en tenerlos”.

Desde la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (Aeste), que incluye a empresas como Orpea, Eulen o Ilunion, defienden que sus residencias están ahora mejor dotadas que en la primera ola, se producen más derivaciones y hay más material. “Quizás a toro pasado algunas de las medidas que adoptaron los responsables sanitarios puedan parecer excesivas, pero si contextualizamos la situación, nos encontraremos luchando ante un virus desconocido en su forma de propagación, su capacidad de infección y su posible incidencia en la población de personas mayores”, explica Jesús Cubero, secretario general de Aeste.

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Esperanza tiene a su madre en una residencia de Madrid. En una reunión celebrada con familiares por Skype, se les explicó que los planes previstos para las próximas fiestas incluían la salida de familiares siempre que contaran con PCR suficientes para realizarles al volver y con inmediato aislamiento mientras se espera el resultado. Pero su voz denota tristeza. “Mi madre no va a salir, porque ya no camina y no interactúa conmigo. Ni siquiera puedo darle la mano, que era lo que hacía cada día”, cuenta. Ahora va cada semana pero, reconoce, la residencia que conoció no se parece nada a la de los días anteriores a la pandemia. “Es un sitio sin vida. El otro día coincidí con otra residente y me dijo: ‘Si esto te parece triste, imagina arriba [las habitaciones]”, dice.

Desde la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero, el plan diseñado para Navidad pasa por autorizar las salidas, una vez que la situación, aseguran, parece controlada. Pero advierten: “No podemos olvidarnos de los efectos del virus. Si llega a un centro, puede ser devastador”.

Cambiar el modelo residencial

Para Paz Martín, arquitecta y responsable del Programa de Mayores de la Fundación Arquitectura y Sociedad, mucho antes de la pandemia el modelo residencial en España tenía y tiene importantes grietas. “Les priva de otro derecho, el de la intimidad, porque la mayoría de centros tienen habitaciones compartidas en las que entra y sale gente continuamente”, explica. Un modelo, el español, que Dinamarca prohibió en 1980. Otro ejemplo europeo. El tope de plazas para las residencias en Alemania es de 80 personas, repartidas en grupos de 16. “Es algo bueno para el residente, porque siempre está con las mismas personas y el mismo coordinador. Se establece así para evitar la desorientación”, añade. En la residencia González Bueno (Madrid), la mayor de España, hay hueco para 617 personas.

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Para Martínez, de Ceoma, un cambio en el modelo residencial no solo mejoraría la calidad de vida de los mayores, también ayudaría a prevenir un nivel de contagio como el que vimos durante la primera ola: “Tienen que organizarse por unidades convivenciales, de 10 o 12 personas, con habitaciones individuales y dobles si quieren. Pero que esa decena sea independiente. Aunque tengas a 100 o 120 residentes, si lo haces así, es más fácil aislar y tomar decisiones. Parte del dinero que va a venir debería destinarse a eso”.

Los últimos datos del censo de población y vivienda del INE revelan otra particularidad: el 93,7% de las personas mayores de 65 años vive en casa y prefiere quedarse ahí hasta el final de sus días. Este porcentaje responde a dos cosas, afirma Paz Martín: que somos un país de propietarios que, además, concibe las residencias como un lugar en el que se pierde autonomía. “Muy pocos acuden porque quieren, más bien es porque no queda más remedio”, aclara.