El Gobierno ignora otra resolución sobre un comité económico de 100 expertos

En algún momento de la primavera, el Gobierno decidió crear un grupo asesor para diseñar la economía española tras la pandemia de covid-19. Reunió a 100 profesionales independientes y les dio un plazo de tres meses para elaborar un documento que debía servir de base para afrontar las próximas décadas. De ese documento, nada se sabe aún. Y de la composición y organización del grupo, oficialmente, tampoco. El Ejecutivo no informó de su creación y sigue sin hacerlo, a pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB) le ha ordenado entregar la información solicitada por El Confidencial (lea aquí la resolución).

Este medio solicitó el listado de los miembros, los criterios utilizados para su selección, detalles de la organización de su trabajo, el número de reuniones celebradas y previstas e información sobre cualquier tipo de remuneración percibida, en caso de que la hubiera. La solicitud fue presentada ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que la derivó al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Esa es la única comunicación recibida. El Gobierno no se ha dado por aludido durante el resto del procedimiento.

El 16 de junio, 'El País' publicó la siguiente información: "Sánchez ficha a 100 economistas de élite para diseñar la ‘era poscovid". La noticia daba detalles sobre la composición (16 nombres) y la organización de tan amplio grupo. Estaba dividido en 10 subgrupos temáticos (desigualdad, educación, precariedad, etc.), llevaban ya un mes reuniéndose y entre sus integrantes, diversos ideológicamente, la mayoría eran economistas, aunque también había sociólogos y científicos.

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Casi seis meses después de realizar la petición a través del Portal de Transparencia, este medio aún no ha recibido respuesta. El Gobierno primero ignoró la solicitud y luego la resolución del CTGB, que el 17 de noviembre le dio un plazo de 10 días hábiles para facilitar la información. "Con fecha 24 de agosto de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente y al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. A pesar de haber sido notificada la realización del trámite, no se han formulado alegaciones", dice la resolución.

Ante una resolución del CTBG que le ordena entregar una información, la Administración puede hacer tres cosas. La primera es entregarla en el plazo establecido (10 días). La segunda es ir a juicio, lo que la lleva a litigar contra sí misma. La tercera opción es dejarlo estar, algo que ha sucedido con el 21,9% de las resoluciones que fallaban en su contra. El CTBG no tiene competencias para sancionar y en la práctica no puede obligar a facilitar la información.

La existencia del grupo no está en duda, afirma el CTBG. "Tal y como puede deducirse del hecho de que incluso se estén ofreciendo nombres de los participantes en dicho grupo de asesoramiento, podría concluirse —salvo afirmación en contrario, que no se ha producido— que el grupo de expertos sobre el que se solicita información fue efectivamente creado y que su objetivo es colaborar en la elaboración de un informe cuya redacción estaría encomendada a la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia de Gobierno", señala la resolución.

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Tanto la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, con Félix Bolaños al frente, como la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia de Gobierno, encabezada por Diego Rubio, dependen del Gabinete de la Presidencia que dirige Iván Redondo, mano derecha de Pedro Sánchez.

"Debemos tener en cuenta que, en el caso que nos ocupa, la Administración no invoca ningún límite, al no haber respondido al interesado ni a la solicitud de alegaciones efectuada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el marco de la tramitación de la presente reclamación", dice el CTBG. "Unos límites que, por otro lado, no entenderíamos puedan ser de aplicación, por cuanto consideramos que lo solicitado se ajusta a la finalidad perseguida por la LTAIBG, que es el control de la actividad pública y conocer por quién y cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos".

Los argumentos del CTBG son similares a los utilizados en resoluciones anteriores. Esta misma semana, ordenó al Gobierno entregar la información sobre las personas que decidían qué comunidades avanzaban de fase durante la desescalada, técnicos del Ministerio de Sanidad coordinados por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación.

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En verano, había dado la razón a El Confidencial en una reclamación tras la negativa del Gobierno a facilitar los nombres de los integrantes del grupo que diseñó esa desescalada. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que coordinaba ese trabajo, alegó protección de datos para no dar esa información, a pesar de que ya se había publicado la identidad de 15 integrantes. Finalmente, en el periodo de alegaciones, reconoció que esas mismas 15 personas formaban parte del grupo, pero mantuvo su negativa a dar más información argumentando que no se había constituido formalmente. En el caso del grupo económico, ni siquiera ha hecho alegaciones.

El Gobierno no siempre ha actuado de la misma forma. La composición del Comité Científico Técnico que asesora en la gestión de la pandemia es conocida desde el principio. También la del Grupo de Trabajo Multidisciplinar creado por el Ministerio de Ciencia que asesora al Ejecutivo en materias científicas relacionadas con el covid-19. Desde el principio, la composición está publicada en su web, igual que los informes elaborados, el último hace menos de una semana.