La Justicia investiga a Portobello por espiar a su socio en las clínicas Vivanta

El Juzgado de Instrucción 14 de Madrid mantiene en estos momentos un procedimiento abierto contra el fondo de inversión Portobello por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. El magistrado Carlos Valle, que dirige las diligencias, trata de dirimir en concreto si los responsables de la compañía de capital y riesgo y su personal de confianza en la empresa participada Vivanta ordenaron acceder a las comunicaciones privadas de su socio en esta última sociedad, que cuenta con clínicas dentales y estéticas, sin permiso de este último.

El presidente de esta segunda mercantil (que ostentaba un 21% de la misma en el momento de los hechos, ya que el 79% estaba en manos de Portobello) acusa a los responsables del fondo de ordenar el espionaje de sus correos electrónicos y los de otros directivos afines para averiguar qué planes tenían para contrarrestar la estrategia de la compañía de capital riesgo, que pretendía —según refleja el querellante— adquirir las participaciones del socio minoritario "a un bajo precio". El denunciante arguye que fue precisamente el empleado que dio acceso a las cuentas de 'mail' privadas quien le reveló lo que estaba sucediendo.

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"Se le ordenó que facilitara un rastreo de los correos electrónicos de empresa y de mi teléfono móvil sin limitación alguna y sin previo aviso, lo que les permitió acceder a todos los datos", asegura el presidente de Vivanta en su querella, donde apunta que a este empleado la orden se la dieron el director financiero de la compañía, Jordi González Burgada, y el consejero delegado de la misma, Juan Olave. Añade además que, según el trabajador que desveló la presunta trama de espionaje, el mandato "venía del socio mayoritario, Portobello".

El querellante aclara en su escrito que él no dio permiso a nadie para que accediera a sus cuentas ni facilitó las claves de las mismas a directivo ni empleado alguno, sospecha que los impulsores de la vigilancia electrónica pudieron acceder a otros dispositivos, pues él no tenía "ningún sistema especial de protección", más allá de sus claves, y asegura que en el momento de los hechos Vivanta no disponía de 'compliance' para detectar estos movimientos, ni siquiera de código ético ni de desarrollo de la ley de protección de datos.

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Durante el desarrollo de las pesquisas, el magistrado solicitó a la empresa responsable de gestionar los correos de Vivanta, la mercantil Tecnitia, que proporcionara las identidades de las personas que solicitaron el acceso a la cuenta del presidente y socio minoritario. La sociedad respondió que recibió instrucciones tanto de personal de Vivanta como de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) de facilitar a estos solicitantes el acceso, en primera instancia, al buzón del presidente y, en un segundo momento, a las direcciones de correo genéricas de presidencia y personales de otros directivos como Alberto Conquero, Carlos Pérez, Ignacio Rivera, Javier Mourelo, Vicente Samper y los mencionados Jordi González Burgada y Juan Olave.

Las personas en concreto que le dieron las instrucciones fueron tres representantes de PwC y el jefe de Sistema de Vivanta, añaden los responsables de Tecnitia, que aportan asimismo al procedimiento el cruce de correos electrónicos que realizan estas cuatro personas durante el proceso de supuesto espionaje. "Según lo comentado en nuestra conversación telefónica, necesitaríamos que vuestro proveedor de servicios IT descargase los buzones de [el presidente de la compañía] y los almacenase en formato PST en alguna ubicación accesible por nosotros (ordenador o disco USB)", solicita el 27 de febrero de 2018 uno de los representantes de PwC, Jorge García Acosta, que pone en copia del correo al citado Jordi González Burgada.

"Extracción con éxito"

El 1 de marzo siguiente, el propio García Acosta informa tanto a sus compañeros de PwC como al jefe de Sistemas de Vivanta y al mismo González Burgada de la consecución de la operación. "Solo quería informar que ayer se llevó a cabo de manera exitosa la extracción del buzón que nos ocupa y posterior adquisición forense del mismo", señala García Acosta, especialista en análisis forenses de la consultora, según reza su perfil de LinkedIn.

El juez entiende que la investigación está agotada y que resulta conveniente acudir a juicio para dirimir la controversia. "Nos encontramos ante una cuestión de suficiente entidad y complejidad como para no ser abordada en esta sede, sino ante el órgano competente para su enjuiciamiento", sostiene el instructor, que rechazó la petición de archivo de la causa planteada por Portobello, en línea con lo que determinó la Audiencia Provincial de Madrid, que considera que no cabe sobreseimiento alguno y que es conveniente seguir con el procedimiento.

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No lo entiende así la Fiscalía, que durante la investigación cambió de criterio y ahora se opone a la continuación de la causa, que aun así irá previsiblemente a juicio, ya que el instructor adelantó en su mencionado auto de rechazo del archivo que observaba "indicios de perpetración de un hecho delictivo" tras la declaración de jefe de Sistemas de Vivanta y visto el resto de documentación analizada. "Cuando existen indicios de perpetración de delito tal y como se ha establecido aquí y su fuerza incriminatoria o inanidad han de concluirse tras el análisis de modo exhaustivo junto a otros elementos (...) no puede hurtarse su consideración de órgano sentenciador, pues nos excederíamos en nuestra competencia", arguye el magistrado, que ya anuncia en ese mismo auto que dictará "auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado una vez gane firmeza" su resolución. De momento, la causa está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva el último recurso planteado por Portobello contra la decisión del juez de desestimar esta petición de archivo del fondo de inversión.

El socio fundador de Portobello Ramón Cerdeiras ha comparecido en este procedimiento como representante legal de la investigada compañía de capital y riesgo. Durante su declaración, Cerdeiras negó haber dado orden alguna para rastrear los correos del presidente de Vivanta ni ninguno de sus dispositivos. El representante legal y consejero delegado de Vivanta, Juan Olave, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar. Sí fue más extensa la exposición del jefe de Sistemas de la mercantil, la persona que contó al presidente de la misma lo que estaba ocurriendo y que ha dado pie a la apertura de la causa judicial.

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El empleado, que fue despedido de la empresa el 8 de abril siguiente a los hechos, aseguró que Jordi González le dijo que quería conocer los movimientos del presidente y que "las instrucciones venían directamente de Portobello", añadió que pidió una carta de exoneración de responsabilidades que nunca le dieron, que llamó a Vodafone y que al día siguiente recibió los registros de las llamadas telefónicas del socio minoritario de Vivanta, que también extrajo todo su buzón de correo. El jefe de Sistemas aseguró que mostró abiertamente sus dudas sobre la legalidad de lo que estaba haciendo, pero que el abogado de PwC con el que se reunió junto a González le aseguró que todo "era completamente legal".

Desde Portobello, prefieren no hacer declaraciones respecto a este procedimiento judicial. Desde Vivanta, por su parte, niegan que directivo alguno haya accedido a ningún correo electrónico privado ni a ningún dispositivo del presidente. "La denuncia no tiene fundamento", aseguran desde la compañía de clínicas dentales y estéticas. Un informe pericial presentado por PwC en el marco del proceso, de hecho, ahonda en esa idea que defienden desde Vivanta. El informe admite, con base en declaraciones de Olave, que desde la consultora "se pidió" a los informáticos acceso a la cuenta "puramente institucional y no personal" presidente@vivanta.es. "No es un correo privado, ni siquiera corporativo, sino institucional", asegura el documento de PwC, que subraya que el presidente en ese momento era consciente de que las cuentas eran "propiedad de la compañía" y podían utilizarse solo "para uso profesional", lo que "excluye cualquier reserva de intimidad e incluso cualquier expectativa razonable de intimidad" sobre su contenido.

Una cuenta "institucional"

El mismo informe argumenta que ni Olave ni González Burgada accedieron al buzón, por lo que a su entender no cabría infracción penal alguna. Añade asimismo que "la apertura de la correspondencia de la sociedad" era una "facultad de González Burgada" y que esta tarea incluía "el contenido de la cuenta corporativa institucional presidente@vivanta.es". Por otro lado, el informe señala que "las facultades de control y supervisión de las funciones" del presidente en el ejercicio de su cargo "obligaban a investigar las irregularidades cometidas" por este "en perjuicio de la sociedad e incluían la posibilidad de acceso al buzón de correo electrónico".

El presidente y supuesta víctima de esta causa ya no ejerce el cargo, pues fue cesado en febrero de 2019 como máximo responsable de la corporación. La empresa le interpuso una demanda por acción social de responsabilidad que aún está por resolverse. En marzo de ese mismo año, una ampliación de capital de la compañía redujo la participación del querellante del 21 al 16%. Olave, por su parte, tampoco ejerce ya como consejero delegado, aunque sigue siendo miembro del consejo de la compañía. González Burgada, por último, dejó la compañía hace unos meses.

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Esta no es la única causa penal que mantiene en vilo a los directivos de Portobello en relación a la operación que el fondo realizó en torno a Vivanta. La compañía tiene otro procedimiento abierto en el Juzgado 49 de Madrid. El próximo 21 de enero, comparecerán en calidad de investigados el socio de Portobello y responsable de la adquisición de Vivanta Carlos Dolz de Espejo y los mencionados Olave y González Burgada. El juzgado investiga en este caso una querella interpuesta por el dueño de Health Gestión (propietaria de las clínicas de Unidental que Portobello adquirió para formar el gigante Vivanta), José Ignacio Martínez, contra el fondo y los responsables de Vivanta por manipular presuntamente los balances de la compañía para adquirirla por debajo del precio del mercado y luego venderla mucho más cara. Portobello, sin embargo, no consiguió vender el nuevo conglomerado cuando lo puso a la venta un año después, porque no encontró comprador.

En este contexto, para más inri, Vivanta se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración de plantilla. La compañía no ha explicitado el número exacto de despidos que prevé hacer, pero sí ha admitido a El Confidencial que en estos momentos existe una negociación abierta con los sindicatos para alcanzar un acuerdo a este respecto y determinar la cifra de personas que serán incluidas en el expediente de regulación de empleo. Desde la empresa, aseguran que la reestructuración no afectará a los servicios que ofrecen sus clínicas. "Tras poner en marcha un ciclo expansivo de crecimiento e integración desde 2017 que ha llevado a consolidar una red de 250 clínicas y después de la irrupción del covid-19, la compañía ha iniciado el desarrollo de un nuevo plan estratégico que incluye", entre otras medidas, se limitan a señalar desde la compañía, incidir en "la partida relativa al personal".