Libertad para el preso de confianza de Villarejo acusado de vender material

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha dejado en libertad este martes al abogado Alfonso Pazos, el preso que compartió prisión con el excomisario y al que se acusaba de ofrecer documentación y audios aprovechando los permisos de los que disfrutaba en la cárcel de Logroño, donde cumple aún condena por otro procedimiento. El magistrado ha tomado la decisión tras escucharle este lunes en una nueva comparecencia y, según informan fuentes jurídicas, queda en libertad por esta investigación, pero seguirá en prisión por su anterior condena, con el tercer grado del que gozaba hasta ahora en el aire.

Pazos era el único de los implicados en esta nueva trama del caso para los que el instructor ordenó prisión. A finales de octubre, Castellón dejó libre a la mujer del comisario Gemma Alcalá, acusada de intervenir en la red. No siguió el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que había pedido cárcel también para ella. Tampoco ordenó el ingreso de otras dos mujeres implicadas en esta pieza, la número 28 de la macrocausa en la que también está imputado el propio Villarejo, ni de un segundo preso, Javier Ruiz.

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La pieza investiga un presunto intento de venta de material sensible. Tras casi tres años en prisión provisional, el comisario puso sus secretos en el mercado. Al menos, esa es la tesis de Anticorrupción y del juez que ordenó la detención de estas cinco personas ante la sospecha de que estaban tratando de vender documentos relativos a investigaciones oficiales que Villarejo sigue teniendo en su poder. Los Pujol, el 'procés', Gürtel... Todo un arsenal que se empezó a ofertar en los últimos meses a abogados, periodistas y empresarios. Fuentes cercanas a la investigación apuntan que algunos de los detenidos pedían cantidades millonarias y, al advertir interés, explicaban que había que pagar un anticipo para supuestamente viajar al extranjero y recuperar los documentos que el comisario mantiene escondidos.

Además de Alcalá, los investigadores sitúan en el centro de la trama al abogado Pazos, que coincidió con Villarejo durante su estancia en el centro penitenciario de Estremera. Pese a su traslado a la cárcel de Logroño, los investigadores consideran que siguió bajo las órdenes del comisario jubilado y, según los indicios recabados hasta el momento, aprovechaba sus permisos penitenciarios para contactar a diversos profesionales que pudieran estar interesados en acceder a investigaciones oficiales: desde personas del entorno de los Pujol hasta conocidos de los acusados de la trama Gürtel, pasando también por gente próxima a los investigados por el 'procés'. Una llamada tras otra para supuestamente vender información sensible de las causas judiciales que permitiera desmontar los procedimientos a cambio de cantidades millonarias.

La operación, orquestada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, se lanzó después de que la intervención de comunicaciones y los seguimientos realizados demostraran que el hombre de confianza de Villarejo ya había iniciado una serie de contactos para ejecutar ese traspaso de audios, expedientes policiales y documentación. La venta de material detectada iba en esta ocasión más allá de las conversaciones que el comisario fue grabando antes de su detención y, según explican las fuentes consultadas, el paquete incluía en este caso expedientes íntegros de las investigaciones policiales. Al poner estos documentos sobre la mesa, supuestamente se exigía un anticipo a los 'clientes' bajo el argumento de que hacía falta viajar fuera de España porque los mismos ya no están ocultos en el país.

Junto a Pazos, se detuvo también a su mujer y a una de sus hijas, listado al que se suma un quinto arresto: Javier Ruiz Escudero, quien una vez más habría coincidido con el comisario jubilado en el centro penitenciario de Estremera. Sus arrestos se produjeron por los delitos de organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, pasando a disposición judicial este mismo lunes, cuando el juez acordó prisión incondicional y comunicada para Pazos. La Fiscalía Anticorrupción pidió también el ingreso en prisión incondicional para Alcalá, pero el magistrado desechó esta idea y les dejó a ella, a la mujer de Pazos y a Escudero en libertad bajo las medidas cautelares de retirada de pasaporte, comparecencias quincenales y prohibición de abandonar España.