Los Presupuestos recomponen el mapa político y la legislatura de Sánchez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su jefe de gabinete llaman por enésima vez en el mismo día a un portavoz de un grupo minoritario para decirle que no puede aceptar su propuesta, pero que se compromete a que se estudie en el futuro. Rafael Simancas, número dos del Grupo Socialista, corre por el pasillo del Congreso camino de la sala en la que está reunida la Comisión de Presupuestos para apagar un "incendio" sobre la tramitación de las enmiendas. Y Aitor Esteban (PNV) espera a las dos y media de la mañana el último mensaje de la ministra de Hacienda confirmándole que el acuerdo sobre los Presupuestos está cerrado, justo después de que Margarita Robles, ministra de Defensa, dé el visto bueno, ya de noche, a la redacción de la enmienda sobre la cesión del cuartel de Loyola. El portavoz del grupo vasco podrá anunciarlo en rueda de prensa.

Es solo parte de una semana de actividad frenética, vital para la legislatura y la política de los próximos años. Una semana de carreras y votaciones en el Congreso que tendrá continuidad en el pleno de la próxima, hasta que el jueves se voten definitivamente los Presupuestos de 2021, los primeros desde 2018, y que, con seguridad marcarán el inicio de un nuevo ciclo en el segundo año de la legislatura del Gobierno de coalición. Por eso, Pedro Sánchez confesó que las únicas siglas que le importan son las de PGE (Presupuestos Generales del Estado).

También se han producido llamadas cruzadas con ministerios afectados, pulsos internos entre la parte socialista del Gobierno y la de Unidas Podemos y hasta llamadas a los implicados en las negociaciones por parte del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para favorecer acuerdos.

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Además de Montero y su equipo, Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso, junto al citado Simancas, ha tenido un papel relevante en la gestión entre bambalinas de la tramitación más complicada que suele producirse en el Congreso, la de los Presupuestos. El grupo parlamentario no negocia las cuentas con los partidos, porque esa labor la hace Hacienda, pero sí sirve como interlocutor de los socios y como instrumento para que el Gobierno pueda cumplir con los pactos.

Por ejemplo, una vez recibidos los cerca de doscientos vetos de Hacienda a enmiendas, que suponen aumento de gasto sin contrapartida de ingresos, es decir, que descabalan el Presupuesto, varios partidos negociaron con el Gobierno a través del grupo. Lo hizo con cierto éxito Ciudadanos con algunas de sus enmiendas y el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, con otra suya.

El Grupo también negocia otras leyes, como hizo con la de educación y la polémica enmienda sobre el castellano. Ese acuerdo fue luego sometido al Ministerio, incluida la Abogacía del Estado.

Esta vez el complicado mecanismo se ha elevado a la enésima potencia por el hecho de que se ha realizado en tiempo récord, han participado en las negociaciones y el acuerdo más partidos que nunca y, además, hay por primera vez un Gobierno de coalición y con más ministerios que ninguno anterior, lo que supone a veces complicaciones en la negociación. Nunca antes unos Presupuestos han salido con acuerdo de, al menos, diez partidos diferentes. Eran 4.000 enmiendas de todos los grupos, salvo Vox que ha decidido hacer su política al margen de las instituciones. O, al menos, participar en ellas a tiempo parcial.

En los tiempos del bipartidismo, cuando los gobiernos de PSOE y PP sacaban adelante sus Presupuestos, siempre había complicaciones en este trámite, pero nada que ver con lo que ocurre ahora. Incluso, se cuenta cómo el socialista Francisco Fernández Marugán y el popular Vicente Martínez Pujalte se hacían favores en las votaciones y se permitían lo que se llamaban "enmiendas campanario", es decir, pequeñas asignaciones presupuestarias para circunscripciones en las que podrían tener algún interés político. Esta vez ha sido necesario la coordinación al minuto del Grupo Socialista y el de Unidas Podemos con el Ministerio de Hacienda.

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Lastra y Simancas han facilitado también desde la sombra el cumplimiento de los acuerdos con los partidos que estarán en el "sí" final a los Presupuestos, con el filtro previo del Gobierno y, en alguna ocasión, del propio Pedro Sánchez para desencallar algún punto. Y los que han negociado con ellos explican que han estrechado y engrasado las relaciones, sobre todo porque Montero tiene margen de maniobra y porque Lastra es la mano derecha del presidente del Gobierno y, por tanto, tienen respaldo para cerrar acuerdos sobre temas ajenos a los Presupuestos. Las dos han mantenido varias reuniones y han tenido multitud de contactos con los partidos que votarán los Presupuestos. De hecho, Lastra y Rufián han logrado un alto nivel de entendimiento.

Esta vez, el Gobierno buscó asegurar primero los votos necesarios y luego pactar con los partidos más pequeños. De hecho, aún quedan flecos antes de la votación del jueves. Y han sido fundamentales los 27.000 millones de euros procedentes de Europa y que ya se han presuestado, aunque formalmente no se han concedido aón. Sin ese dinero, no hubiera sido Presupuestos expansivos y de gasto sino restrictivos y hubiera sido aún más difícil reunir los votos de al menos diez partidos.

La intervención de Unidas Podemos ha sido, fundamentalmente, la de intentar sacar a Ciudadanos del tablero y algunas puntuales del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, sobre algunas de las enmiendas.

La intervención de Unidas Podemos ha sido, fundamentalmente, la de intentar sacar a Ciudadanos del tablero

Las conversaciones con Ciudadanos, que finalmente se han caído del acuerdo, las ha llevado directamente el equipo del presidente. Por orden de este han intentado hasta el último momento incorporar al partido de Inés Arrimadas, pese a la presencia de ERC y Bildu en el pacto de Presupuestos. De hecho han conseguido hasta el final hablar de enmiendas y propuestas concretas, blindando las conversaciones de declaraciones de Bildu o de ERC. O de tuits de Pablo Echenique metiendo el dedo en el ojo a Ciudadanos. Y Sánchez ha hablado en varias ocasiones directamente con Arrimadas.

El Gobierno ha actuado en este punto con una especie de "complejo de Penélope" que tejía de día y destejía de noche. Moncloa y Hacienda negociaban con Ciudadanos y Pablo Iglesias hacía lo imposible para que no culminara ese acuerdo. Ha ganado el que destejía.

Cambio de ciclo político

La trascendencia de las cuentas para 2021 no solo se deriva de la exigencia de Europa o la necesidad de acabar con la prórroga casi infinita de los Presupuestos de Cristóbal Montoro, sino que tiene la importancia política de marcar el inicio de otra fase distinta en la legislatura que empezó hace un año. Además supone un cambio casi histórico en las estrategias tradicionales de partidos como ERC y Bildu en su relación con el Estado y su colaboración con la gobernabilidad. Los dos partidos dan el paso de apoyar unos Presupuestos y participar en la estabilidad del Gobierno del Estado.

Por un lado, se ha consolidado un bloque, sobre la base de los partidos que permitieron la investidura y que se puede convertir ahora en acuerdo de legislatura, incluyendo haber "quitado el precinto" a los pactos con Bildu. Ciudadanos queda finalmente al margen, pero Moncloa explica que pretenden seguir contando con ellos para votaciones puntuales. Le será útil a Sánchez en votaciones clave.

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Desde ahora, además, con la aprobación definitiva de los Presupuestos, Unidas Podemos pierde un arma de presión importante en sus tensiones dentro del Gobierno y Sánchez puede tomar decisiones después sobre el funcionamiento del acuerdo, los protocolos de discrepancia y hasta sobre la composición del Ejecutivo. Esta última opción la abonan y dejan en el aire los miembros del Gobierno y del equipo de la Moncloa que no ocultan cierto hartazgo por la actuación de Unidas Podemos.

En la negociación de los Presupuestos y en ese nuevo ciclo es fundamental la participación de ERC. Primero porque abre la puerta y facilita la entrada de Bildu en los acuerdos y segundo porque el siguiente escollo son las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Sánchez necesita que ERC gane las elecciones y pueda formar Gobierno. Una victoria de JxCAT, la candidatura auspiciada por Carles Puigdemont, acabaría con la estrategia diseñada en la Moncloa que pasa por abrir un proceso de diálogo con la futura Generalitat, en la famosa y congelada mesa bilateral. Puigdemont puede, de nuevo, arruinar el plan de un Gobierno de España si logra un buen resultado. Una derrota de ERC, supondría el fin de los actuales dirigentes partidarios de esa salida negociada y, por tanto, el fin de los acuerdos en el Congreso con el Gobierno de coalición. Cambiaría por completo la legislatura.

Por eso, el Gobierno necesita facilitar en lo posible la vida a ERC y concederle triunfos. Por ejemplo, le cedió el anuncio del acuerdo sobre los impuestos de la Comunidad de Madrid y le dará otros de más calado y mayor coste político para el Estado como el indulto de los condenados por el proceso independentista. Ese indulto solo está pendiente del trámite en el Tribunal Supremo, antes de que llegue al Gobierno, previsiblemente después de las elecciones catalanas. Antes del 14-F podría llegar el gesto favorable del Gobierno, que algunos ministros dan por hecho.

El Gobierno necesita facilitar en lo posible la vida a ERC y concederle triunfos

ERC es vital para Sánchez, porque por más que insista Inés Arrimadas, no hay mayoría alternativa, al menos para unos Presupuestos. Porque está claro que Unidas Podemos no acepta a Ciudadanos y aunque lo aceptara solo podrían aspirar a llegar a 176 escaños, cifra suficiente pero arriesgada para una votación sobre las cuentas.

Todo el acuerdo de Presupuestos y las consecuencias citadas pueden provocar también que se descompense el mapa político que surgió del fin del bipartidismo y eso provoca tensiones inevitables. Por ejemplo, la reacción del PNV para evitar que en el futuro Bildu pueda llegar a ser como ERC en Cataluña, es decir, el partido que sustituya a otro más moderado en la hegemonía del soberanismo.

Los PGE también alteran el mapa de la derecha y el centro, porque han servido para confirmar que Vox se sale del tablero institucional y que Ciudadanos, aunque lo ha intentado, sigue dentro del bloque de oposición. Los tres partidos compiten el 14-F y entonces se medirá el giro de Pablo Casado, el pactismo (frustrado) de Inés Arrimadas y la estrategia antisistema de Santiago Abascal. Luego empezará otro ciclo para el espacio que va del centro a la extrema derecha.