"Estuve 579 días presa por error": la Justicia rechaza el 90% de reclamaciones por sus fallos

Sola en una celda de Melilla, en plenas navidades. Encarcelada con 19 años recién cumplidos y sobre sus hombros una posible condena de 17 años por haber asesinado a su propio bebé recién nacido. Estaba en 'shock', no podía articular palabra. Había sufrido un aborto espontáneo y la Justicia no la creía. Delia (nombre ficticio) tenía por delante un panorama desolador que duró 579 días, lo que tardó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en anular la sentencia que la condenó. Finalmente fue absuelta y liberada de toda culpa. Este año el Tribunal Supremo reconoció su derecho a cobrar una indemnización de 60.000 euros. La Justicia no es perfecta y sus fallos dejan tras de sí un reguero de daños patrimoniales y morales. Los patrimoniales han costado 57.909.445 de euros a las arcas públicas, los morales son más difíciles de enmendar.

"Fue un caso especial. Ella no sabía que estaba embarazada, sufría el síndrome de negación del embarazo (El bebé se desarrolla prácticamente de pie). De hecho, los médicos de la cárcel y los psiquiatras fueron los primeros en entenderla y ver lo que pasó realmente", detalla a El Confidencial la abogada penalista, Ana Hidalgo, que ha representado a Delia durante 8 largos años.

En 2012 comienza el asunto, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Melilla acuerda la prisión preventiva de la joven por un supuesto delito de homicidio. Delia es juzgada en febrero de 2014 y le cae una condena de 17 años. Hidalgo recurre la sentencia al TSJ de Andalucía, el órgano anula la sentencia y pide repetir el juicio. En el segundo intento, en 2015, la prisión se reduce a dos años y medio, esta vez por un delito de homicidio imprudente.

La condena termina siendo anulada por el Tribunal Supremo en el 2016, a través de un recurso de casación interpuesto por Hidalgo. La defensa solicitó una indemnización de 400.000 euros al Ministerio de Justicia por los 579 días que estuvo en prisión preventiva de forma indebida, pero le fue denegada. Precisamente, la oportunidad vino gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló parte del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se disparan las demandas, pero caen en saco roto

El pleno del TC declaró la inconstitucional y nula la siguiente parte del artículo: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.

Nunca se pudo demostrar que Delia cometiera el delito y precisamente por eso el TS le dio la razón. En octubre de este año se fijó en una sentencia la indemnización de la joven en 60.000 euros, más el interés legal desde la fecha de la reclamación. Es decir 103,6 euros por día.

En 2019 se dispararon las demandas patrimoniales que tramitó la Justicia y se duplicó la factura que el Estado paga en indemnizaciones. Aunque aparentemente hay relación entre estos fenómenos, en realidad son dos hechos totalmente aislados, principalmente, porque más del 90% de reclamaciones fueron desestimadas.

Esta sentencia del TC puede ser una de las causas de que en 2019 la Justicia tramitara tantas reclamaciones judiciales, concretamente 1.139, el doble que el año anterior, que fueron 523. Aunque de todas solo fueron estimadas 83, el 7,29%. No hay forma de conocer cómo se reparten las causas patrimoniales en ese 92,71% restante, porque el Ministerio de Justicia no recopila esa información.

La resolución judicial ha asentado tal precedente, hasta el punto que se cita en el ante proyecto Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal impulsado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos. En él se recoge una regulación del procedimiento para la indemnización de la prisión preventiva seguida de absolución. Con esta reforma se trata de establecer y agilizar un cauce específico para obtener este tipo de indemnizaciones.

15 años de lucha por una hija asesinada

Ángela González Carreño denunció en más de 30 ocasiones a las autoridades, que su exmarido les maltrataba a ella y a su hija Andrea. Su infierno diario llegó a tal punto, que tuvo que huir de su propia casa con su hija, cuando solo tenía tres años. Durante una vista, en 2003, la menor fue asesinada por su padre, que posteriormente se suicidó.

Presentó ante la Justicia su reclamación patrimonial, pero esta nunca quiso reconocer el error que cometió al desproteger tanto a Ángeles como a su hija. Por eso, en 2012 esta madre decidió llevar su caso ante un organismo internacional, el Comité Cedaw de la ONU, acompañada por Women’s Link Worldwide.

En 2014, la ONU le dio la razón y condenó a España por los fallos en la protección de ella y de su hija. Sin embargo, durante cuatro años más, entre 2014 y 2018, el Estado se negó a aplicar las medidas dictadas por el Comité, por lo que Ángela tuvo que acudir de nuevo a la Justicia española, esta vez para reclamar que se cumpliera con el dictamen de la ONU.

"Me he sentido maltratada, humillada e indignada. Me han tenido que dar la justicia fuera de mi país", lamentaba la madre de Andrea al tener que recurrir a la propia ONU. Precisamente, en declaraciones a la 'Cadena Ser' González denunciaba que no entendía como después de todas las denuncias que interpuso en los juzgados, un juez decidió "como si se tratara de un juguete, que se tenía que abrir el régimen de visitas por el interés del padre, un padre que aprovechó para matar a su hija".

La organización Women's Link fue la que ayudó a Ángeles a llegar a obtener de la ONU una resolución judicial histórica, "principalmente, porque fue la primera vez que se logró llevar al Estado español ante una instancia internacional en materia de violencia de género", explica a este periódico Aintzane Márquez, abogada senior de Women’s Link Worldwide.

Tras 15 años de lucha, en julio de 2018, el Tribunal Supremo le dio la razón a Ángela y condenó al Estado español a indemnizarla con 600.000 euros. "Además de la reparación patrimonial, entre las medidas propuestas por la ONU estaba la formación en género a jueces y juezas, una medida fundamental para evitar que los estereotipos y prejuicios de género que sufrió Ángela sigan repitiéndose", cuenta Márquez.

El caso de Ángela sentó un precedente muy importante y ya se pueden ver sus efectos en algunas sentencias nacionales, como una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al Ministerio del Interior por no proteger a una mujer que denunció violencia de género y fue finalmente asesinada.

Este pasado miércoles 25 de noviembre, González junto a Itziar Prats, otra madre cuya hija fue asesinada por su expareja, han recibido el reconocimiento a la resiliencia por parte del Ministerio de Igualdad.

La Justicia duplica su factura

González recibió una de las indemnizaciones más elevadas que se dieron en 2018, año en el que la factura de la Justicia por errores judiciales se redujo a 1,9 millones, rozando un mínimo histórico en diez años. Precisamente, la Justicia española llevaba tres años seguidos sin superar la barrera de los tres millones de euros anuales en indemnizaciones. En 2019 la cuenta de gasto se duplicó cuando el importe que pagó el Estado aumentó a los 4,4 millones de euros.

El poder judicial no tiene publicado un desglose por causas del total que paga en indemnizaciones patrimoniales, eso complica determinar cuál fue la causa de este aumento de 2,5 millones de euros.

Con los datos existentes la conclusión a la que se puede llegar es que en 2019 se encarecieron los errores judiciales que se indemnizaron. En 2018 se estimaron 104 expedientes de responsabilidad patrimonial por los cuales el Estado pagó 1.933.473 euros. En cambio, en 2019 se estimaron 83 reclamaciones que costaron 4.419.387 euros. Se resolvieron 21 reclamaciones menos y se pagaron 2.485.914 euros de más en el año 2019.

El timo del nigeriano que colapsó Málaga

Lukmon Alabi Badmus era uno de los 310 nigerianos que fueron detenidos en una macrorredada que tuvo lugar en Málaga en agosto de 2005 por estafar a 20.000 personas de distintos países. Este tipo de detención fue la primera de estas características que tuvo lugar en España.

La Policía Nacional detuvo a estos tres centenares de personas como parte de una operación internacional, denominada la 'operación Nilo', coordinada con Interpol y Europol, donde participaron 400 agentes de la Policía Nacional, FBI y el Servicio Postal de Estados Unidos desplazados expresamente a España.

Alabi, que actualmente reside en Alemania, estuvo retenido 8 meses en prisión preventiva por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y asociación ilícita por los que finalmente fue posteriormente absuelto. Reclama 29.659 euros y tras 8 año pleiteando todavía no ha visto un euro.

Presuntamente, Alabi y las demás personas detenidas estaban vinculadas con una estafa internacional a gran escala de falsos premios de lotería. El timo consistía en enviar cartas comunicando premios de lotería a miles de víctimas. Durante esos días, la prensa local informaba de que los calabozos de la comisaría principal de Málaga no daban abasto para tantas personas, incluso se tuvo que recurrir a un polideportivo para alojar a la mayoría de los detenidos a la espera de que declarasen.

En los juzgados de instrucción, se vivieron jornadas realmente frenéticas, hasta el punto de que el propio juez encargado del caso tuvo que recurrir a los jueces del turno de guardia para agilizar las declaraciones, además de que se llegaron a movilizar a 45 secretarios judiciales para permitir a la policía y al FBI realizar 176 registros en varios municipios de la Costa del Sol.

"Alabi compartía habitación con uno de los detenidos y por eso le vincularon con la estafa. De hecho, estaba tan claro que no participó en ningún hecho delictivo, que el propio fiscal le retiró la acusación", explica su abogado, Diego Narbona Arias.

"Para Alabi supuso la pérdida de relación con su entorno social. Por no hablar de la soledad que padeció, no tuvo visitas, porque su familia no vivía en España. Tampoco pudo enviar ingresos a sus tres hijos menores de edad", sentencia.

Aumentan un 23% los reclusos preventivos

¿Se manda a demasiada gente a prisión cautelar? Desde 2015 hasta 2019, la población reclusa preventiva ha estado en alza, en cinco años, ha aumentado un 23%, según datos del Ministerio de Justicia. Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal, plantea que en España "hay muchas absoluciones, porque se sienta precipitadamente en el banquillo a muchas personas".

El caso de Sandro Rosell​ es quizás uno de los más representativos. El expresidente del FC Barcelona pasó 22 meses en prisión preventiva antes de ser absuelto por la Audiencia Nacional. La Fiscalía le acusaba de formar parte de una organización criminal que ocultó casi 20 millones de euros en comisiones por los derechos de audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de 'esponsorización' con Nike. La jueza le rechazó todas las peticiones de libertad, hasta que finalmente se demostró su inocencia.

"¿Qué pasó con el caso Bankia?, ¿y el caso Malaya?", pregunta. "Había 95 detenidos de los cuales muchos habían estado en prisión y de eso se absolvieron a más de la mitad". El experto, que participó en la elaboración del borrador de la reforma del Código Penal promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también se muestra partidario de la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Tiene que ser el fiscal el que investigue y no el juez. Se pierde dinero tiempo, honor y tranquilidad de los ciudadanos, juzgando a mucha gente que no habría que juzgarla. En el caso Bankia y Malaya, antes del juicio se veía que no había delito". Sobre la indemnización por prisión preventiva, el catedrático explica que en otros países como Alemania, se tiene que indemnizar a los absueltos aunque no hayan estado en prisión cautelar, "porque es un error haber sometido a alguien a un procediendo judicial. Todavía estamos muy retrasados en derechos fundamentales”.

La pescadilla que se muerde la cola

Las dilaciones indebidas, lo que se entiende como retrasos judiciales, son hasta el momento donde más veces la Justicia admite haber errado. Desde 2006 a 2019 se estimaron 450 expedientes por esta causa. "En España tenemos la mitad de jueces que Alemania en términos relativos y tenemos el doble número de abogados en términos absolutos. El excesivo número de abogados genera litigiosidad y esto con pocos jueces... pues la dilación está cantada", señala el catedrático.

Por otra parte, el experto puntualiza que, en la vía penal, se considera la dilación indebida como una circunstancia atenuante, que luego se rebaja sobre la pena. Rodríguez piensa que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. "Se debe destinar más presupuesto a la Justicia y esta se debe organizar mejor. La lentitud judicial genera demandas y esto tiene como causa la falta de recursos", sentencia.