Tumban un contrato del Ministerio de Igualdad por discriminación de género

El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, ha tenido que dar marcha atrás con un contrato público para cubrir los servicios del 016 porque vulneraba directamente el principio de igualdad de género. Una de las empresas concurrentes denunció ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en los pliegos existía una discriminación por razón de género, ya que se exigía que el personal adscrito fueran mujeres y no varones.

Desde Igualdad aseguran que el servicio del 016 es el de atención integral a víctimas de violencia de género, "que según todos los expertos es recomendable que sean atendidas por mujeres especializadas en esta materia. Por esa razón se promueve además una mejora del convenio colectivo, que pasaría de contact center a intervención social, así como la ampliación del servicio a todas las víctimas de violencia machista, incluyendo entre otras a las de acoso o agresiones sexuales", explica un portavoz del ministerio. Añaden que también se incorporará un nuevo servicio de atención para la contención emocional y el apoyo psicológico de las víctimas, así como nuevas herramientas de comunicación experimentadas ya durante el Estado de Alarma como la mensajería instantánea.

La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que dirige Noelia Vera, exportavoz de Podemos, sacó a concurso la licitación el 9 de marzo de 2020. El objeto del contrato era cubrir el servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, con un valor estimado de 7.851.239,65 euros (si se prorrogase cinco años).

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Alejandro Mata

De 33 puestos, solo dos eran para varones

En las cláusulas del concurso público, se estipulaba que era necesario que la empresa adjudicataria aportase 15 operadoras, ocho psicólogas o trabajadoras sociales y ocho asesoras legales. Solo podían ser cubiertos por mujeres 31 de los 33 puestos que se ofertaban para los servicios de información general y asesoramiento jurídico.

El 16 de mayo de 2020, la empresa recurrente, Innova, presentó el recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La empresa señaló que en el Pliego de Prescripciones Técnicas, existía una discriminación por razón de género, "con preferencia de la mujer, en la exigencia de que el personal adscrito sean mujeres y no varones, contraviniendo el artículo 201 LCSP y el convenio 111 de la OIT, así como la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres", señala la resolución.

Vulnera el artículo 14 de la Constitución

El tribunal determinó que, efectivamente, "los defectos del pliego impugnados constituyen causas de nulidad de pleno derecho (...) por cuanto implican una vulneración de derechos fundamentales". "La recurrente alega que la redacción de los pliegos es lesiva para sus intereses, por lo que consideramos que la infracción alegada le impide participar en condiciones de igualdad con el resto de licitadores y, en consecuencia, tiene legitimación", detalla la resolución.

Finalmente, el tribunal determinó que la redacción de los pliegos vulneraba "nuestro orden constitucional, así como los artículos 1 y 126 de la LCS. En consecuencia, en tales extremos, los pliegos de la contratación son nulos de pleno derecho". En este sentido, el ministerio volvió a sacar a concurso el contrato rectificado y tuvo que anular la adjudicación.