El adiós al cuartel de Loyola obliga al CNI a replantear su actividad contra la nueva ETA

La lucha contra la banda terrorista ETA no solo ha tenido la Policía Nacional y la Guardia Civil como principales puntas de lanza. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha realizado una labor escondida durante las últimas décadas en colaboración con ambos cuerpos para desactivar en numerosas ocasiones la cúpula de la organización, detener a importantes miembros de la misma o localizar depósitos de armas, entre otros logros. Gran parte de estas tareas de espionaje contra los individuos que formaban parte de ETA las han realizado agentes del CNI ubicados físicamente en el cuartel de Loyola del Ejército, que ahora ha sido reivindicado por el PNV para que el Ayuntamiento de San Sebastián edifique viviendas a cambio de que el partido nacionalista otorgue su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Los funcionarios del centro de inteligencia han mantenido tradicionalmente desde esa ubicación una estrecha colaboración con los servicios antiterroristas de la Guardia Civil de Guipúzcoa, alojados en el cuartel de Intxaurrondo. Entre ambos cuerpos, ha habido tanto relación institucional como personal durante las últimas décadas. Algunas actuaciones operativas del departamento de Información del instituto armado que requerían del apoyo de servicios de inteligencia externos, de hecho, siempre se canalizaban a través del CNI. Entre estos servicios, por ejemplo, estaban la CIA o la NSA, que han resultado clave en operaciones antiterroristas como la que llevó a la desarticulación del mayor arsenal de armas y documentación incautado a ETA. La Guardia Civil lo localizó en la fábrica de muebles de Sokoa, en Hendaya, en 1986 tras colocar con la ayuda de los servicios de inteligencia norteamericanos dispositivos de seguimiento en misiles que fueron adquiridos por la banda.

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En 2004, otra operación entre las agencias estadounidenses y el CNI permitió a las fuerzas de seguridad españolas detener a los líderes de ETA Mikel Antza y Anboto en la pequeña población de Salis-de-Béarn, en el suroeste de Francia. La CIA consiguió la información gracias a un etarra que había participado en un plan para asesinar a un miembro de la oposición sandinista en Nicaragua. La NSA, por su parte, proporcionó también datos sobre correos electrónicos utilizados en cibercafés por Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki', para que el CNI los cruzara con otra información y todo esto permitiera detener al entonces jefe del aparato militar, que fue atrapado en la localidad francesa de Cauterets en 2008. Pero la labor del CNI y sus vínculos con otras agencias no es cosa solo del pasado.

En la actualidad, el centro sigue trabajando desde San Sebastián en la lucha contra ETA. Tanto la benemérita como el CNI rastrean continuamente las posibles escisiones que puedan descolgarse de la banda terrorista promovidas por radicales que pretenden continuar con la lucha armada. En este contexto se enmarca la organización Amnistia Ta Askatasuna (ATA), un grupo de miembros de la banda que se ha desligado de sus directrices para seguir la lucha activa y que se encuentra detrás de esporádicos ataques contra sedes políticas de PP y PSOE en el País Vasco o sucursales bancarias en plena pandemia. Este grupo crítico con la deriva de ETA de los últimos años cuenta con apoyos en el colectivo de presos y mantiene un enfrentamiento con otros miembros de la banda desde hace años por las diferencias entre ambas posturas en relación con las reivindicaciones históricas de la organización, que a juicio de ATA se han dejado de lado a cambio de poder político como el que ahora mismo ostenta Bildu.

Los componentes del CNI que operan de forma estable en el cuartel de Loyola son solo una pequeña parte del medio millar de militares que está instalado en la instalación castrense, que alberga el regimiento más antiguo del país, pero juegan un papel clave para la estabilidad del Estado a través de la obtención y análisis de datos de la evolución de una banda terrorista que ha mantenido en jaque al Estado durante décadas. Estos agentes también trabajan ahora el terrorismo yihadista, la principal amenaza para Occidente, pero siguen atentos a la evolución de ETA como organización armada y del que tradicionalmente ha sido considerado su brazo político, ahora denominado Bildu, cuyo peso en la política nacional se torna ahora esencial en el nuevo Tetris parlamentario que necesita Sánchez para gobernar.

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La desaparición del cuartel de Loyola, según explican fuentes de la lucha antiterrorista, en ningún caso conllevará la desaparición del CNI del País Vasco, ya que el centro dispone de otras instalaciones para llevar a cabo su labor. Sí puede obligar a los servicios de inteligencia, sin embargo, a replantear su modo de trabajo, que no contará a partir de ahora con la cobertura del Tercio Viejo de Sicilia 67 que viene ocupando el cuartel, ubicado asimismo en una zona estratégica de San Sebastián, cuyos responsables políticos de hecho quieren ocupar para construir un nuevo barrio residencial ecológico, según los planes que ya han hecho públicos los dirigentes del consistorio donostiarra. El territorio continúa siendo un lugar de especial sensibilidad para la labor de estos agentes, que deben contar con todo el respaldo del aparato del Estado para desempeñar una tarea que repercute directamente en la seguridad de todos los ciudadanos.

La donación de los terrenos del cuartel al Ayuntamiento de San Sebastián se llevará a cabo previsiblemente en 2021, aunque el intercambio aún no está cerrado. Fuentes del Ministerio de Defensa, de hecho, han mostrado su malestar con que los militares sean utilizados como moneda de cambio en esta negociación y han expresado que en cualquier caso, y pase lo que pase, el Ejército no abandonará el territorio. El departamento dirigido por Margarita Robles oficialmente subrayó esta postura y explicó ayer que el canje planteado por el PNV es "una enajenación" que conlleva el abono por parte del consistorio del precio que cuesten los terrenos, lo que "exige" una serie de trámites. "La permanencia del Ejército en Donosti está garantizada, no es negociable", aclararon desde Defensa, cuya posición deja claro, por lo tanto, que el Gobierno tendría que negociar con el consistorio donostiarra una nueva ubicación para los 500 miembros del Tercio Viejo de Sicilia 67 que actualmente ocupan una instalación que data de 1926. Esta no es la primera vez que el PNV reclama la retirada del Ejército de aquellas instalaciones, pero hasta ahora esa reivindicación había recibido el no rotundo de su interlocutor.

El cuartel de Loyola, además de ser uno de los puntos clave en la lucha contra ETA, ha sido también objeto de atentados por parte de la banda terrorista. En concreto, en al menos cinco ocasiones, ha atacado algún miembro de la banda el acuartelamiento. El primer atentado tuvo lugar en abril de 1991. Dos francotiradores dispararon en cuatro ocasiones contra quienes en ese momento juraban bandera dentro del recinto, donde se agrupaban alrededor de un millar de personas. Tres de ellas resultaron heridas como consecuencia de los proyectiles. Cuatro años más tarde, el 10 de abril de 1995, el brigada Mariano de Juan Santamaría, que salió de la instalación a las 14:30 tras acabar su jornada laboral y se dirigía a casa con su mujer y sus hijos pequeños en el complejo de viviendas castrenses cercano, fue asaltado por un etarra que le disparó un tiro en la nuca.

Apenas un mes después, los históricos etarras miembros del comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, Valentín Lasarte y Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote' condujeron hasta una parte de la instalación a la que daban un conjunto de viviendas de los militares y se pusieron a disparar con subfusiles por todo el recinto. Así lo determinó la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a todos ellos por esta acción. No hubo heridos, pero el cuartel se confirmó como un claro objetivo para la banda. La Guardia Civil, responsable de la investigación del suceso, encontró nueve casquillos en las inmediaciones. En 1998, los nuevos miembros del comando Donosti Sebastián Lasa Mendiaraz y Alfonso Sebastián Iriarte fueron pillados infraganti mientras colocaban un lanzagranadas que apuntaba a las viviendas militares. El 27 de enero de 2001, a las 7:40, el cocinero Ramón Díaz García, de 51 años y con dos hijos, salió de desayunar en un bar, se metió en su coche, accionó el contacto, metió la marcha atrás y la bomba lapa instalada en el vehículo provocó una explosión que convirtió el auto en un montón de hierros a la altura del número 39 de la calle Sierra de Aralar, donde se ubican las mencionadas residencias castrenses.