Los tribunales frenan la macrooperación contra los carnés venezolanos falsos

La operación permanente contra los permisos de conducir falsificados de venezolanos que lleva desarrollando desde hace meses la Policía Nacional, que intervino casi 300 en las jefaturas de tráfico, y la Policía Municipal de Madrid, que ha triplicado las incautaciones, ha encontrado un freno inesperado para ambos cuerpos de investigadores. El 90% de los procesos judiciales abiertos contra quienes son interceptados con estos carnés fraudulentos por los delitos de falsedad documental y conducción sin la licencia reglamentaria termina en archivo. Así lo explican fuentes policiales y confirman los representantes legales de gran parte de los acusados, que incluso han aportado a El Confidencial varias de estas resoluciones judiciales.

"Debo absolver y absuelvo a (...) en relación al delito de falsedad en documento oficial de los artículos 390.1.1º y 392 del Código Penal y en relación al delito contra la seguridad vial por conducción sin permiso del artículo 384.2 segundo inciso del Código Penal del que venía siendo acusado con todos los pronunciamientos favorables y declaración de las costas procesales de oficio", determina una de estas sentencias emitida, por un juzgado de lo Penal de Madrid cuyo espíritu se recoge en todas las otras que igualmente desestiman las denuncias interpuestas por los organismos policiales competentes.

Las sentencias, además de sobreseer las causas, ordenan a la autoridad policial devolver los permisos de conducir a sus propietarios, lo que permite a estos últimos volver a tener la documentación y seguir trabajando, ya que la inmensa mayoría de estos venezolanos pillados con carné falso se dedican al reparto de comida a domicilio para empresas como Glovo o Deliveroo. Las resoluciones judiciales argumentan que no hay cabida para el reproche penal, debido a que todos los 'riders' cazados en esta situación aparecen en la base de datos del Ministerio de Transportes bolivariano como personas que disponen de carné de conducir.

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Sin embargo, fuentes policiales explican que el problema es que no solo existe el delito de circular sin el permiso, que es el ilícito que los jueces descartan al consultar la lista del Gobierno bolivariano. También está el delito de falsedad documental, en el que los magistrados, según estas mismas fuentes, no reparan. Los peritos de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional destacan en sus informes que las medidas de seguridad de estos documentos arrojan "información errónea, inventada o relativa a otras personas", lo que indica que el soporte del carné es falso. "La base de datos establece que esa persona tiene permiso, pero los análisis revelan que el permiso físico es fraudulento", insisten las mismas fuentes, que establecen de este modo que sí que habría posibilidad de acusar por falsedad documental.

Uno de los informes periciales que presenta la Policía Nacional en estos procedimientos deja claro que el soporte está falseado. "La licencia de conducir de Venezuela objeto de estudio es íntegramente falsa", concluye el estudio de los expertos en documentoscopia del instituto armado, que adjunta a su informe toda la argumentación técnica. "Sometido el objeto de estudio a la iluminación infrarroja (...), se observa cómo en el mismo permanecen los datos personales del titular, desapareciendo el resto de información", arguyen los especialistas, que contraponen cómo "en los originales bajo la misma luz e intensidad permanecen los datos correspondientes a los campos fijos así como las leyendas", lo que lleva a concluir que el permiso de conducir es fraudulento. "El sistema de impresión carece de la calidad, la precisión y la nitidez de sus originales", resuelven los peritos policiales.

Las fuentes policiales consultadas explican también que la raíz del problema se encuentra en el modo de obtener un carné en la república bolivariana, donde existen grandes tramas organizadas especializadas en obtener permisos fraudulentos que se venden igual o más que los oficiales. De ahí que la mayor parte de los venezolanos que llegan a España circulan con permisos cuyo soporte no cumple los estándares establecidos: incluyen información falsa, en definitiva. La Dirección General de Tráfico tiene información de que esto es así desde hace al menos dos años, pero no ha tomado medida alguna.

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La mejor muestra es que los casi 300 carnés intervenidos por la Policía Nacional en las jefaturas de tráfico recientemente eran de personas que ya habían canjeado su permiso por un documento español. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de este instituto armado emitió una circular el pasado julio para alertar del incremento de permisos fraudulentos procedentes de Venezuela y protagonizó la mencionada operación en las jefaturas de tráfico. De momento, no hay sentencias para estos casi 300 carnés, ya que la investigación se encuentra aún abierta.

Las defensas letradas de estos y los otros cientos de 'riders' que son parados mientras trabajan para intervenir su documentación argumentan que, al quitar el carné a sus clientes, no solo les impiden trabajar, ya que no pueden conducir, sino que también les paralizan su proceso de asilo. "Si tienes antecedentes policiales o penales, no te dan la residencia", se quejan los letrados de estos venezolanos. Además, si ya tenían tarjeta, esto impide que puedan renovarla, al menos en el medio plazo. "Hay que poner en marcha recursos que llevan un largo proceso detrás", asegura Emmanuel Casillas, uno de estos abogados.

"Quien no cumple es el Gobierno de Venezuela", explican los representantes legales de los pillados sin carné, en referencia a que es este Ejecutivo el que supuestamente emite los permisos que luego son interceptados en España o quien no persigue a los que comercializan con ellos al margen de la autoridad administrativa. "La base de datos no es confiable", añaden las mismas fuentes, confusas por la razón que hay detrás de que los cuerpos policiales estén incrementando su presión sobre este tipo de documentos.

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En esa línea apunta otra de las resoluciones judiciales a las que ha tenido acceso El Confidencial, que deja claro este extremo. "El objeto del procedimiento es la tenencia del investigado de un documento, licencia de conducir, de la República de Venezuela, que no cumple con los criterios internacionales de elaboración y, por ende, se califica como falso, así como conducir sin licencia", remarca un auto de un juzgado de instrucción madrileño que pone fin a las actuaciones exponiendo por qué rechaza la acusación. "El investigado ha aportado documento original, apostillado, donde aparece que tiene licencia para conducir, expedida por su país de origen", justifica. "Debe por ello acordarse —concluye el fallo— el sobreseimiento libre y no provisional de la causa". "Que un Estado no cumpla con los estándares internacionales en la confección de este tipo de documentos no puede trasladarse en archivos penales con consecuencias en los procedimientos administrativos de residencia en España ni fundarse ese archivo en la ausencia actual de indicios que pueden concurrir en un momento posterior, cuando obra en la causa la completa ausencia de indicios del delito que motivó el inicio del procedimiento", subraya la sentencia.

Los abogados se quejan también del trato que están recibiendo en comisaría los detenidos por portar estos supuestos carnés fraudulentos. "Van a por ellos a sus lugares de trabajo, paran a todos de forma generalizada y les piden la documentación", protesta Casillas, que ha defendido a decenas de ciudadanos de origen venezolano que se enfrentan a estos procedimientos y que ha conseguido archivar la inmensa mayoría de los casos. España es uno de los principales destinos del éxodo que sufre Venezuela en los últimos años. La población de personas de este origen se ha triplicado desde 2016. En concreto, ha pasado de las 54.401 que había ese año a las 137.589 que recoge el último padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística. En 2018, había un 43,9% más que en 2017, el mayor incremento registrado entre la población española ese año, que coincide con el más duro para la economía bolivariana, cuya inflación cayó casi un 14.000%.