El fiscal pide investigar si Portobello falseó balances para infravalorar Unidental

La investigación contra el fondo de inversión Portobello por la operación de compra de las clínicas Unidental por parte de su filial Vivanta ha estado paralizada por la crisis sanitaria. Las declaraciones judiciales que tenían que afrontar algunos altos cargos de la compañía fueron pospuestas con motivo de la pandemia. El Juzgado de Instrucción 49 de Madrid, que dirige la causa, citó a los responsables de la mercantil Carlos Dolz de Espejo, Juan Olave Martín y Jordi González Burgada, además de a Portobello y a la propia Vivanta (mercantil a través de la que el fondo compró las clínicas), para comparecer como querellados el pasado 22 de abril, pero los interrogatorios tuvieron que suspenderse en el marco de la paralización generalizada de los órganos de justicia que limitó a los servicios mínimos su funcionamiento. La investigación dirigida por la magistrada Josefa Bustos Manjón se retomará ahora por donde había quedado.

El Juzgado 49, en concreto, ha citado a los investigados para que declaren el próximo 21 de enero. No será previsiblemente la única diligencia que ordene la instructora del procedimiento, que una vez escuche a los miembros de la cúpula de Portobello decidirá si tramita o no otra cuestión planteada por la Fiscalía, que ya ha observado que pudiera existir un delito por parte de Portobello en torno a una presunta manipulación de los balances de la mercantil Health Gestión, la que era propietaria de 17 de las 200 clínicas de Unidental antes de que el fondo de inversión se hiciera con ellas a través de Vivanta. En concreto, el ministerio público ha solicitado que se contrapongan en el juzgado los informes periciales presentados por ambas partes con el fin de aclarar cuál de los dos utiliza argumentos más sólidos.

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"Interesamos que se practique la ratificación pericial y se haga de manera conjunta y contradictoria a fin de determinar si nos encontramos ante la manipulación de la contabilidad con el objeto expuesto en la querella o si nos encontramos ante una diferente interpretación de la contabilidad o un incremento justificado de los gastos", arguye la Fiscalía para pedir este 'careo' de ambos informes. El ministerio público considera que este sería el único punto de la querella presentada por el dueño de Health Gestión, José Ignacio Martínez, que tendría relevancia penal, ya que a su entender las otras consideraciones expresadas en el escrito acusador serían más bien propias de la vía civil o incluso no merecerían la atención de los tribunales.

La querella, en este punto que sí podría conllevar reproche penal, sostiene que los socios de Portobello habrían manipulado los balances a través de técnicas de ingeniería financiera con el fin de reducir hasta la mitad el valor de la compañía y así adquirirla más barata. El dueño de Health Gestión y supuesta víctima explica en su escrito que esa adulteración de las cuentas de la compañía la hicieron los representantes de Vivanta por medio de varias triquiñuelas. Entre ellas, añade, el incremento desmesurado de los gastos en material y en salarios a pesar de que las ventas se estaban desplomando o la inclusión en el balance de partidas que realmente no existían.

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Vivanta adquirió Health Gestión en julio de 2017 a través de un acuerdo que incluía un "pago aplazado", que se desembolsaría meses después y que ambas partes calcularían en función del resultado del ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones) de las clínicas. El propietario de los establecimientos aceptó las condiciones porque los compradores le permitirían seguir al frente de la gestión, pero según Martínez los nuevos dueños no cumplieron su parte del trato y comenzaron a administrar ellos la compañía de esta forma que el querellante considera ilícita. La nueva dirección, además de inflar los gastos, arguye el demandante, dejó de invertir en publicidad, lo que se trasladó en una reducción clara de ingresos.

El informe pericial presentado por Martínez, de hecho, asegura que los compradores llevaron a cabo una "contabilidad creativa para modificar artificiosamente el balance de la mercantil a través de una contabilidad doble". Algunos gastos, sostiene Martínez, llegaron a duplicarse a pesar de que las ventas habían bajado hasta casi la mitad. "El objeto de este procedimiento será exclusivamente determinar si mediante la manipulación de la contabilidad se ha establecido un gasto que no corresponde con el objetivo de reducir el beneficio y por lo tanto la base para determinación del precio aplazado/condicionado", resume la Fiscalía en su escrito, que destaca también que el contrainforme presentado por los querellados concluye que la caída del ebitda en los ejercicios 2017 y 2018 se debe "a la evolución a la baja del negocio de las clínicas y al incremento de los costes por la laborización de los doctores, pero no a la manipulación de la información".

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Martínez, que también era dueño de un laboratorio que suministraba material a las 200 clínicas, refleja en su denuncia que los representantes de Portobello montaron una "trama" que involucró a diferentes "equipos" de altos cargos de la compañía y que tenía la finalidad de adquirir las clínicas a mitad de precio. Acusa a los directivos ahora investigados de comprar su negocio mediante "engaños", de utilizarle a él —un referente dentro de la firma— para convencer al resto de franquiciados y de eliminar de paso a un importante competidor.

El "calculado" y "profesionalizado" plan puesto en marcha por los querellados, como lo califica el propio denunciante, era "absolutamente defraudatorio y engañoso" desde su ideación. En concreto, según describe, comenzó a ejecutarse durante la negociación de la compraventa, cuando el fondo se fijó en Unidental porque tenía "los ratios económicos más eficientes del sector", que le permitieron acabar 2017 con un ebitda de 1,2 millones de euros. Uno de los directivos de Portobello, Carlos Dolz, y los representantes de Healthgestión acordaron por contrato —en marzo de 2018— que la operación de venta de las 17 clínicas conllevaría que Martínez se encargara de seguir gestionando los establecimientos y que su laboratorio continuaría proporcionando material.

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Además, el acuerdo —que con el resto de clínicas (hasta 300) se fue acordando durante la segunda mitad de 2017 y principios de 2018— disponía que el pago del precio tendría una parte fija, establecida en siete veces el ebitda, y otra variable, que dependería de la evolución de la compañía, pero que el querellante estaba seguro de que cobraría, pues la marcha de las clínicas alcanzaba de sobra esos objetivos cada año y, además, él seguiría al frente de la gestión. Sin embargo, el denunciante nunca se embolsó esta segunda parte del pago.

Un año después de adquirir las clínicas, El Confidencial contó que el fondo de capital y riesgo las puso a la venta con la intención de colocarlas en el mercado a un precio superior al que había pagado por ellas. Portobello encargó la operación a la firma americana Moelis, pero esta no llevó a cabo su cometido tan rápido como planteaba el vendedor en un principio. De momento, Vivanta sigue sin encontrar comprador para los establecimientos de Unidental. Desde Portobello rechazan hacer declaraciones sobre el proceso judicial y se limitan a señalar que las clínicas nunca fueron puestas a la venta, aseguran que se barajó la posibilidad pero que finalmente no se pusieron en el escaparate.