Desahucios, escudo social, migración, reforma laboral: la brecha PSOE-UP se ensancha

El Gobierno de coalición avanza en el tiempo y en los objetivos. Está a punto de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y una nueva ley de educación, y tiene vocación de agotar la legislatura con un bloque de apoyos que procede de la sesión de investidura. Y, al tiempo, va acumulando las diferencias entre sus socios, en una semana en la que la brecha ha crecido y, además, algunas de las discrepancias son ahora ideológicas y ya tienen que ver con el contenido del pacto de coalición firmado hace un año entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

“Procedemos de culturas políticas distintas y nos hemos acoplado bastante bien, pero lo que no vamos a consentir es que se dispare contra el contenido del acuerdo de coalición”, asegura un dirigente de Unidas Podemos. Se refiere a la moratoria para los desahucios, el llamado escudo social, la política de migración, la conocida como 'ley mordaza' y la reforma laboral, sobre la que se avecina un grave conflicto.

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Ese malestar es simétrico al que muestran estos días diputados del PSOE, tras el episodio de la enmienda de Unidas Podemos con ERC y Bildu a los Presupuestos sobre los desahucios que, según dicen, contraviene el pacto entre ambos, que no permite iniciativas unilaterales de este tipo. Ministros como Nadia Calviño y Margarita Robles, entre otros, hacen reproches públicos a Iglesias ahora ya sin cortarse.

Es decir, que la incomodidad es compartida en los dos sectores del Gobierno y, lo que es más importante, afecta al núcleo básico del acuerdo de coalición. Y ambos se reprochan incumplimientos, aunque de momento en privado.

También afecta a la estrategia sobre pactos, porque una parte del Gobierno preferiría pactar con Ciudadanos y otra quiere cerrar un bloque con ERC y Bildu que vaya más allá de los Presupuestos. En julio, Sánchez e Iglesias mantuvieron una dura reunión en la que cada uno defendió esas diferentes posiciones y la conclusión aproximada fue que cada uno tenía vía libre, y después, a esperar “quién ganaba”. Por eso, Iglesias ha forzado el pacto con Bildu para sacar Ciudadanos del escenario, con Sánchez dejando hacer. El presidente aún no descarta incorporar el partido de Inés Arrimadas, con cambios sobre asuntos que le agradan, como autónomos o pymes.

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Y en los asuntos concretos, Unidas Podemos intentó en el seno del Gobierno prolongar la moratoria de los desahucios que se aprobó en el anterior estado de alarma e impedir el corte de suministros, es decir, el llamado escudo social. Perdió frente a Nadia Calviño, vicepresidenta económica, y ahora la batalla trasciende del Consejo de Ministros y aflora también en la actividad parlamentaria.

Para todas estas batallas internas, Unidas Podemos contaba con un arma de negociación que en breve perderá: la de los Presupuestos. Por eso, algunas cosas se aceleran en estos días.

Si no estuvieran en el Gobierno, sus diputados exhibirían carteles en el hemiciclo denunciando la violación de derechos humanos en Canarias

Hace semanas que se ha unido el asunto de la migración y la crisis humanitaria en Canarias, agravado por disputas entre ministerios. Ninguno de los departamentos afectados y en disputa está en manos del partido de Iglesias, pero su discrepancia con lo que se está haciendo y la falta de decisiones es manifiesta. Por ejemplo, con el empecinamiento de Marlaska en rechazar los vuelos de traslado a la Península, donde hay plazas libres de acogida, mantener miles de migrantes en un muelle y aplicar como solución la instalación de campamentos militares. Para José Luis Escrivá es insostenible prolongar la solución temporal del pago de plazas de hoteles.

A duras penas, la dirección mantiene en silencio a sus bases, aunque no han podido evitar que Unidas Podemos de Canarias pida la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Si no estuvieran en el Gobierno, organizarían protestas en la calle y sus diputados exhibirían carteles en el hemiciclo denunciando la violación de derechos humanos en Canarias.

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No solo no lo hacen, sino que en breve tendrán que poner sus votos para evitar las reprobaciones de Marlaska en el pleno del Congreso. “Lo que nunca entenderemos es qué hace Marlaska en un Gobierno progresista”, explica un diputado de Unidas Podemos. Se ha unido ahora la decisión del Tribunal Constitucional de convalidar la Ley de Seguridad Ciudadana o 'ley mordaza', incluidas las llamadas entregas en caliente de migrantes.

Interior anuncia que las mantendrá y Unidas Podemos explica que “el Gobierno debe elaborar con urgencia un procedimiento de rechazo que permita analizar cada caso, respetar los derechos humanos en las fronteras y dar una acogida digna a las personas recién llegadas. El procedimiento de abrir la puerta de la valla y devolver a la gente a Marruecos no está avalado por el alto tribunal y el Gobierno debe tomar buena nota de ello”.

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La llamada 'ley mordaza' no se ha modificado aún, pese a que desde 2017 hay mayoría a favor de derogarla. Y el pacto de coalición señala: “Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituya la 'ley mordaza' para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal”. Es decir, no se vincula la derogación a lo que diga el Tribunal Constitucional.

Y se ha empezado a apuntar la dura batalla sobre la reforma laboral que el pacto asegura que debe derogarse. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto constituir a finales de año o principios del próximo una comisión que prepare un nuevo Estatuto de los Trabajadores que cumpla esa exigencia de derogación.
Unidas Podemos explica que las ayudas europeas no tienen condicionalidad sobre esta reforma legal, pero Calviño ya ha dejado caer su reticencia a dicha derogación.