El TS pide al Congreso el suplicatorio para proceder contra Alberto Rodríguez (UP)

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha acordado elevar un suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez y poder continuar la tramitación del procedimiento penal abierto contra él por dar una patada a un policía en una manifestación en 2014.

Del Moral, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha tomado esta decisión después de que Rodríguez, secretario de Organización del partido, renunciara a acudir voluntariamente a declarar al Supremo el pasado 20 de octubre, con lo que ha elevado una exposición razonada para que el Supremo pida al Congreso autorización para suspender su inmunidad.

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El Supremo va a investigar a Rodríguez por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta (o delito leve) de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Según el Ministerio Fiscal, sobre las 11 horas de ese día, un grupo de unas 500 personas que se reunieron tras el vallado, próximo a la Catedral y protegido por efectivos policiales, comenzaron a gritar "perros, hijos de puta", "quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos...".

Una patada a un policía

En el curso de tal enfrentamiento entre manifestantes y agentes de policía, prosigue el fiscal, Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía, quién sufrió traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda por la que estuvo de baja cinco días.

A juicio de Del Moral, hay elementos indiciarios sólidos para considerar al aforado como posible autor del citado delito de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones. "La declaración de la víctima corroborada por otros elementos (consignación en el atestado inicial, informes médicos) avalan la narrativa que, con el carácter provisorio que preside la fase procesal en que nos encontramos, ofrece el Ministerio Fiscal", sostiene.

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La causa se comenzó a investigar en un juzgado canario, que llegó a dictar auto de apertura del juicio oral contra Alberto Rodríguez, que quedó sin efecto cuando fue elegido diputado.

Tras la decisión del instructor de la causa contra Alberto Rodríguez, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, enviará al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la petición del suplicatorio para que la traslade a la presidenta del Congreso de los Diputados.

Dependerá del voto del PSOE

El suplicatorio deberá aprobarse en comisión y en sesión plenaria, lo que implicaría el voto a favor del PSOE, socio de Podemos en el Gobierno.

Los trámites para su aprobación están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

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El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso. A partir de ahí, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia a los afectados, bien sea en persona o por escrito, para que puedan presentar sus alegaciones en el plazo de diez días. Una vez concluya su tarea, la comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

A puerta cerrada

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto, ya que su voto es secreto. Solo se da a conocer el resultado.

Hasta ahora, el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14; dos de ellos sobre el mismo diputado. La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra —el ahora arrepentido Soraes Gamboa— por incluir sus fotos en carteles de Interior.

Hasta ahora, el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14; dos de ellos sobre el mismo diputado

El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).

En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.

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Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era 'conseller' de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.

32 aprobados

En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP —Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte— que habían dado positivo al volante; y el también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del exministro socialista José Barrionuevo por el caso de los GAL o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.