Illa e Iglesias rechazan rendir cuentas en el Parlament por la gestión de las residencias

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha comunicado al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no comparecerá en la comisión del próximo lunes de la Cámara catalana que investiga la gestión de las residencias de gente mayor durante la pandemia, y se ha acogido a un dictamen del Consejo de Estado, al igual que ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La misiva enviada a Torrent dice lo mismo que la que ha enviado Illa, que defiende que, según varios dictámenes del Consejo de Estado en los últimos años, "los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos, del Estado".

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Ante esto, el presidente de la comisión, Vidal Aragonés, les enviará una carta instándolos a comparecer, han explicado los 'cupaires'.

En la carta con fecha de 12 de noviembre avanzada por Catalunya Ràdio, el titular de Sanidad recordaba a Torrent que "es criterio reiterado del Consejo de Estado que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos, del Estado". "Por ello, en mi condición de autoridad del Estado debo atender a lo establecido en los dictámenes mencionados", añadía la misiva, que es idéntica a la que ha enviado Pablo Iglesias.

Tanto Iglesias como Illa ha sido citados, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer, mediante videoconferencia, como testigos el 23 de noviembre en la comisión sobre la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria del covid-19.

En los últimos años es habitual que miembros del actual Gobierno central y de anteriores Ejecutivos se ausenten de sus citaciones a comparecer en el Parlament esgrimiendo los mismos dictámenes del Consejo de Estado.

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De hecho, Sánchez, el expresidente Mariano Rajoy y otros exmiembros del Gobierno ya rechazaron comparecer en comisiones de investigación del Parlament como la de la llamada 'Operación Catalunya' o la de la aplicación del 155.

En estos casos es habitual que la comisión los vuelva a citar en una nueva sesión y, ante una nueva incomparecencia, el Parlament los puede llevar a la Fiscalía porque consideran que están obligados por ley a comparecer en la Cámara catalana y que, si no lo hacen, pueden estar incurriendo en un delito de desobediencia.

Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía siempre ha archivado estas investigaciones argumentando que la negativa a comparecer en la comisión carece de relevancia penal y no incurre en el delito de desobediencia.