Hacienda detecta un fraude en el portal de contratación del Estado para estafar a empresas
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Hacienda lo está investigando

Hacienda detecta un fraude en el portal de contratación del Estado para estafar a empresas

Varios empresarios han recibido correos en los que se suplantaba la identidad del organismo público y se les instaba a ingresar cuantías económicas en una dirección bancaria, todavía sin identificar

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha emitido una alerta, avisando a empresas y organismos públicos de que se ha producido un envío de correos suplantando la identidad del propio portal. Con este fraude, se pretendía estafar a empresas adjudicatarias de contratos reales en fase de formalización, instándolas a ingresar cuantías económicas en una dirección bancaria que todavía no ha sido identificada.

Aún es pronto para conocer el alcance que ha tenido esta estafa y cuántas empresas se han visto afectadas. Por el momento, la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, está analizando los correos fraudulentos y ha emprendido acciones legales.

La alerta saltó en tres licitaciones

Fuentes del Ministerio de Hacienda indican a este medio que el aviso saltó el lunes, cuando se detectó este intento de fraude en tres licitaciones públicas, y partir de ahí comenzaron las pesquisas. Este medio ha preguntado cuáles son esos tres contratos públicos y su cuantía, pero no se ha precisado.

No obstante, desde la web del portal se avisa de que siempre que el organismo envía avisos a sus usuarios lo hace desde cuentas de correo electrónico con el dominio vinculado al Ministerio de Hacienda, en la actualidad hacienda.gob.es. Además, recuerda que el portal nunca realiza requerimientos directamente a licitadores, más aún si tienen naturaleza económica.

Foto: Imagen: EC

Los suplantadores han tratado de lucrarse percibiendo el importe de las garantías definitivas de los adjudicatarios. En este sentido, cuando la Administración Pública ocupa el lugar del contratante, la ley regula dos formas de garantía: la garantía provisional y la garantía definitiva.

En esta situación, los estafadores se han centrado en la definitiva. El objeto de esta garantía es asegurar el cumplimiento de las prestaciones previstas en el contrato. Su importe asciende a un 5% del importe de la adjudicación, excluido el IVA, pudiendo llegar en casos especiales al 10%.

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