El Congreso rechazará una alternativa al estado de alarma

El pleno del Congreso debatirá y, previsiblemente, rechazará el martes una proposición de ley del PP para crear un instrumento legal que no haga necesaria la declaración del estado de alarma. La discusión sobre esta reforma legal ha sido una de las polémicas políticas desde que se inició la pandemia. El PP y varios presidentes autonómicos proponen desde hace meses esa reforma de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública para evitar el estado de alarma.

Pablo Casado y su portavoz de Asunto Sociales, Ana Pastor, han insistido en pedir esta reforma, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, remitió a la Moncloa una propuesta articulada de reforma legal. Y el Gobierno lo defendió así en los primeros meses. De hecho, llegaron a anunciarlo en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Carmen Calvo. Incluso el Gobierno firmó pactos con Ciudadanos, ERC y PNV en los que se incluía la necesidad de llevar a cabo la reforma legal.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno devuelve la pelota a las CCAA: les indica que pueden confinar sin la alarma

Iván Gil Beatriz Parera Isabel Morillo. Sevilla

Sin embargo, en junio, el Gobierno viró y desde entonces ha rechazado esta opción, por entender que solo con la declaración del estado de alarma pueden limitarse movimientos de los ciudadanos, es decir, restringir derechos fundamentales. Esta argumentación la mantuvieron el Gobierno y el PSOE en el reciente debate sobre la prórroga del estado de alarma, por eso es seguro el voto en contra, salvo que se produzca un giro inesperado, como ha ocurrido con las pruebas en los aeropuertos a personas procedentes de otros países y con el IVA de las mascarillas.

La reforma propuesta por el PP y registrada en el mes de agosto se denomina Ley Orgánica de Protección de la Salud y de los Derechos y Libertades Fundamentales.

Es una breve proposición que, según explica, permite “adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato. Dichas medidas incluirán el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas”.

TE PUEDE INTERESAR

Moncloa baja el IVA de las mascarillas al 4% seis meses después del aval de la UE

Iván Gil Nacho Alarcón. Bruselas

También “controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como al derecho de reunión, que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas”, y “las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Ciudadanos defendió la opción de esta reforma legal o plan B desde el inicio de las prórrogas en marzo. De hecho, aseguran que por eso se aprobaron algunas medidas en el llamado real decreto de la nueva normalidad y la modificación de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo para que fueran los tribunales superiores de Justicia quienes convalidaran las decisiones administrativas y no los juzgados unipersonales.

Fuentes de este partido aseguran que preparan una iniciativa en este sentido, pero explican que el PP quiere que se puedan restringir derechos fundamentales sin más control que el judicial 'a posteriori', y ni siquiera con un procedimiento urgente de unos días, sino el ordinario. Añaden que “hace falta un control judicial y del juez unipersonal”.