Los acusados se desmarcan de los atentados del 17-A: "No era religioso. Consumía droga"

El juicio contra los tres supuestos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 arrancó este martes en la Audiencia Nacional. La Fiscalía solicita para Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza entre 8 y 41 años de prisión, pero a diferencia de otras acusaciones, en su escrito no incluye el delito de asesinato: considera que al no participar de forma directa en los ataques, no pueden ser condenados por los 16 fallecidos en los atropellos masivos de Barcelona y Cambrils. Uno a uno, los tres acusados se negaron a responder a la Fiscalía y, llegado el turno de sus defensas, trataron de desmarcarse de los atentados.

La sesión comenzó con un rifirrafe entre el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, y uno de los abogados de las defensas por el sitio que le habían asignado en la sala. "Este letrado no tiene por qué estar al lado de Fiscalía", criticó nada más comenzar el juicio. "Este letrado abandona la sala", llegó a amenazar pese a los constantes avisos del magistrado. Tras cambiarle de lugar, la sesión siguió su curso sin que Guevera permitiera debatir las cuestiones previas, procediendo entonces al interrogatorio de Mohamed Houli Chemlal, principal acusado del juicio.

La fiscal Ana Noé solicita la pena más alta para él, 41 años de cárcel, por los delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para cometer estragos terroristas y tenencia, depósito y fabricación de explosivos. Según defiende en su escrito de 96 páginas, "formó parte de una célula criminal local seguidora de los postulados de la organización terrorista Estado Islámico reunida en torno a la figura del fallecido imán que fue de las comunidades 'El Fath' y 'Annour'", ambas en Ripoll, Barcelona. El imán, Abdelbaki Es Satty, falleció un día antes de los atentados en la explosión que se produjo en la casa del municipio tarraconense de Alcanar, donde preparaban las bombas.

Chemlal también resultó herido en este suceso y, tras negarse a responder a la fiscal, se mostraron algunos vídeos inéditos en los que la célula aparece preparando explosivos y que fueron grabados por él: "Os arrepentiréis de haber nacido, sobre todo vosotros Mossos d'Esquadra", se le oye decir a uno de los integrantes en las grabaciones. "Esto es una granada de mano improvisada. Con vuestro dinero la preparo para mataros, el problema lo tenéis vosotros. Cada gramo de este hierro se va a meter en vuestras cabezas, de vuestros hijos o de vuestras mujeres", asegura otro ante las risas del resto.

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Tras mostrarse los vídeos, Chemnial accedió a responder a su abogada y subrayó su "arrepentimiento". "Todas las veces que se me ha llamado he declarado, incluso declaré voluntariamente", lanzó en un primer momento para subrayar su supuesta colaboración con los investigadores. Pese a ello, el acusado no tardó en revolverse contra su defensa y rechazó seguir declarando, limitándose a ratificar una declaración previa en la que sostenía que "en ese momento no era yo mismo". "Durante todo el día estaba apartado de ellos. Me podrían haber matado en cualquier momento", añadía en la misma.

Una vez finalizado su interrogatorio, llegó el turno de Oukabir, para el que la Fiscalía solicita 36 años de prisión por los mismos delitos. En su escrito, sostiene que estaba "plenamente asentado" en la célula terrorista y que acudió a "una reunión en un parque de Ripoll, donde les comunicaron que necesitarían su ayuda para derrumbar la Sagrada Familia". En la sesión de este martes, el instructor de los atestados policiales, que compareció como testigo, apuntó a que entre los objetivos inicales también se encontraban el Camp Nou e incluso la Torre Eiffel.

Al igual que Chemlal, Oukabir también se negó a responder a la Fiscalía, pero llegado el turno de su defensa, trató de desmarcarse de los atentados: "Yo no era una persona ni religiosa ni practicante", aseguró ante el tribunal. "No conozco al imán ni iba a la mezquita. Mi vida consistía en la vida de aquí: salir de fiesta, yo era consumidor de droga, cocaína y hachís, salir de fiesta y alcohol". "Esto me da vergüenza decirlo pero iba con chicas de compañía. Mi vida era esto", subrayó a continuación. Según sostuvo durante el interrogatorio, desconocía las intenciones de la célula yihadista y, cuando se enteró de los atentados, sintió "frustración, shock y no entender que había pasado".

La ronda se cerró con el tercer acusado, Said Ben Iazza, para el que la fiscal solicita ocho años de cárcel por colaboración con la célula. Su acusación qse apoya en que prestó a uno de los terroristas fallecidos una furgoneta que era propiedad de su tío "a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos". El escrito incide además en que prestó su documentación personal para ocultar la verdadera identidad del comprador de los productos químicos, "con la finalidad de ayudarles en la consecución de sus fines de hacerse con los precursores necesarios para la elaboración de sustancias explosivas".

Al igual que los otros dos acusados, Iazza tampoco respondió al Ministerio Público y, ante las preguntas de su defensa, descartó cualquier implicación o conocimiento sobre los atentados del 17-A. Sobre el hecho de que prestara su furgoneta e incluso su documentación, se escudó en que conocía a algunos de los que participaron en el atentado por el negocio en el que trabajaba y que estos le dijeron que lo necesitaban para unos asuntos de limpieza. También negó contacto alguno con el imán o haber acudido a la casa de Alcanar en la que se preparaban los explosivos.

Las víctimas piden prisión permanente

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación 11-M y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), que ejercen como acusaciones, piden prisión permanente revisable para Oukabir y Chemlal al incluir en sus escritos el delito de asesinato. "Es un juicio un poco peculiar porque la mayoría de los miembros de la célula fallecieron en su momento", explicó el abogado de la AVT, Antonio Guerrero, a su llegada a la Audiencia Nacional. "Una de las cuestiones principales en este juicio es determinar si a los dos se les puede condenar por delito de asesinato terrorista y tentativa de asesinato terrorista".

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El abogado Antonio García, que representa a 74 víctimas desde la Asociación 11-M, mantiene una postura similar. "Creemos que al menos dos de los acusados son responsables y deben responder por los delitos de asesinato, aparte del resto de los delitos, en los que coincidimos con el resto de las acusaciones", señaló ante el tribunal. Ignacio Fuster Fabra, de Acvot, también insistió en esta idea ante las cámaras al subrayar que forman parte de "una organización criminal que ha tenido un 'plan b' que se materializó en Cambrils y en las Ramblas".

El abogado Jaume Alonso Cuevillas, que representa a la familia de una de las víctimas que falleció en la Rambla, el niño de 3 años Xavi Martínez, pide a su vez que el Estado rinda cuentas "porque no se reguló la venta de precursores de explosivos" cuando supuestamente había normativa europea que se debía haber aplicado desde 2014. También incidió en el "derecho que asiste a todas las víctimas, que incluye la reparación moral y esto comporta también el derecho a saber la verdad", apuntando que su objetivo no es otro que el de lograr "una sentencia justa que repare el daño producido".