El PP contrata a Albert Rivera para recurrir la ley catalana de alquileres

El PP ha contratado al bufete de abogados que ahora preside el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de alquileres de viviendas, según ha confirmado el propio despacho. La dirección letrada del recurso del PP correrá a cargo del departamento de Derecho Público que lidera Juan José Zabala.

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Á. Moreno

'El Mundo' publicó este lunes que Pablo Casado, presidente del PP, había contratado a Rivera para elaborar ese recurso contra la norma que aprobó el pasado 9 de septiembre el Parlamento de Cataluña. Según un comunicado del despacho, la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña "contraviene preceptos legales fundamentales recogidos en nuestra Constitución". De hecho, el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña emitió un informe sobre el borrador de la norma, y ya consideró que excedía de las competencias atribuidas al Parlamento autonómico conforme a la Constitución y el Estatuto. "Esta ley también ha suscitado preocupación entre los diferentes actores del sector inmobiliario ya que interviene el mercado, coartando la libertad de propietarios e inquilinos para fijar los precios de las rentas de alquiler", concluye el comunicado.

Esa ley, en suma, obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores "vulnerables", y considera como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

Votaron a favor JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que impulsaron la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat

Votaron a favor JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que impulsaron la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat, mientras que el PSC-Units y PPC lo hicieron en contra, al creer que es una ley "electoralista" e "inconstitucional", pues un organismo consultivo catalán advirtió que contiene varios artículos que vulneran competencias estatales.

El recurso aún no se ha presentado, ya que hay de plazo hasta finales de noviembre.