Casado combinará el giro al centro con la ofensiva constante a Sánchez
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EL GIRO AL CENTRO NO CONDICIONA SU OPOSICIÓN

Casado combinará el giro al centro con la ofensiva constante a Sánchez

Los PGE, la polémica ley Celaá y el comité contra la desinformación son los últimos frentes abiertos contra el Gobierno que el PP visibilizará en los próximos días. Vuelve el choque

placeholder Foto: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. (EFE)
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. (EFE)

El giro estratégico de Pablo Casado hacia el centro no frenará una decidida oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y, de hecho, en los próximos días la hará todavía más visible con varios frentes abiertos. A las puertas del debate presupuestario —el PP defenderá el miércoles la enmienda a la totalidad de unas cuentas que considera “nocivas” para la recuperación económica—, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición está garantizado una vez más, con recursos en los tribunales y el campo de batalla trasladado a Europa.

Si en algo han insistido los populares desde hace meses, es en la necesidad de poner en marcha un plan de choque que contrarreste los destrozos de la pandemia, y esta será una de las claves en su exposición de la enmienda. A eso se suma el comité contra la desinformación creado por el Gobierno, que dependerá del jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, y del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. En el PP, aseguran que no vacilarán con el asunto y advierten de que la Unión Europea “reaccionará” al nuevo atropello.

Los populares ya han registrado la solicitud de comparecencia de Carmen Calvo (de cuyo ministerio depende realmente el comité) y del propio Redondo para que den explicaciones en sede parlamentaria. Pero la ofensiva no terminará ahí. El PP exige la retirada de la orden ministerial y recurrirá en las instituciones europeas. Casado dejó claro que se trata de un “nuevo ataque a la democracia” y su partido no lo pasará por alto. “Han creado el Ministerio de la Verdad y quieren controlar la información”, acusó el líder popular. Dirigentes del PP insisten en que los fondos europeos de la reconstrucción están ligados al cumplimiento del Estado de derecho y auguran problemas para España en Bruselas si Sánchez no rectifica.

Foto: El Director del Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo. (EFE)

De hecho, la orden ministerial hace referencia a un plan de acción que la UE emitió en 2018 pidiendo a los países miembros que desarrollaran capacidades para hacer frente a las noticias falsas dirigidas a la desestabilización de las instituciones, o a interferir en su opinión pública con injerencias de potencias extranjeras. Muy especialmente en los procesos electorales, pero, en ningún caso, se refería a los medios de comunicación. De hecho, no existe ninguna directiva europea que hable de “examinar el pluralismo de los medios” (como consta en la orden española publicada en el BOE). Como publicó este diario, la Comisión Europea quiere presentar en los próximos meses un plan contra la desinformación que incluirá obligaciones para los Estados miembros, pero que todavía está incompleto.

Por eso, en el PPE advierten de que darán la batalla. El eurodiputado Esteban González Pons reprochó al Ejecutivo “mentir para perseguir mentiras” y advirtió de que Europa actuará. Ahora, de hecho, tendrá que mojarse sobre la orden de Moncloa.

España ya ha recibido toques de atención de Bruselas después de la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley que regula la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Europa dejó claro que el órgano debía renovarse (acumula dos años de retraso), pero no respalda la rebaja de la mayoría parlamentaria para llevarlo a cabo en favor de lo que pide el Gobierno.

Foto: Sede de la Comisión Europea en Bruselas. (Reuters)

Y en mitad de todo esto, también emergió la polémica reforma educativa conocida como ley Celaá, que el pasado jueves dio luz verde a una enmienda pactada entre los dos partidos del Gobierno y ERC para suprimir el español como lengua vehicular en la enseñanza. En el texto acordado por PSOE, Podemos y la formación de Gabriel Rufián también se eliminó la referencia al castellano como “lengua oficial del Estado” (artículo 3 de la Constitución).

Los populares recurrirán la ley al Tribunal Constitucional si resulta aprobada en esos términos. El Ejecutivo da por hecho que así será y el objetivo es que se vote en el Congreso en un plazo no superior a un mes. Vox ya presentó el recurso ante el TC, y Ciudadanos, que ha sido muy crítico con el PP, también lo recurrirá. El partido de Inés Arrimadas defiende que “el castellano dejó hace mucho de ser la lengua vehicular en Cataluña sin que PP y PSOE movieran un solo dedo”. En todo caso, los populares ya han avanzado que no descartan llevar la ley Celaá a Europa.

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Sánchez y Casado, durante su último encuentro en la Moncloa. (David Mudarra)

Esta será otra de las batallas en las próximas sesiones del Congreso, donde el PP no escatimará esfuerzos en acusar al Gobierno de “mercadear” con los derechos fundamentales para conseguir el apoyo de los independentistas en los Presupuestos Generales. “La educación no puede ser moneda de cambio para obtener votos”, repiten desde las filas populares. En realidad, no solo ERC celebró el pacto alcanzado en la ponencia de la nueva ley educativa. También la facción catalana de Unidas Podemos, En Comú Podem, lleva mucho tiempo peleando para “proteger la inmersión lingüística”, teniendo por objetivo la derogación de la ley Wert, y especialmente el blindaje del castellano como lengua vehicular. Ninguna ley educativa previa la recogía como tal en un texto normativo.

También habrá choque con Cs

Además del previsible enfrentamiento con el Gobierno, PP y Ciudadanos vivirán momentos de tensión con toda seguridad en los próximos días. Sobre todo, porque el partido de Arrimadas (con quien los populares comparten varios gobiernos autonómicos) ha decidido mantenerse en la mesa de negociación de los Presupuestos con Sánchez y no presentará enmienda a la totalidad. Ni siquiera la polémica lingüística logró que Ciudadanos se desmarcara de las conversaciones, aunque el viernes el partido naranja pidió la dimisión de la ministra de Educación.

Foto: La líder de Cs, Inés Arrimadas (i), y el portavoz adjunto, Edmundo Bal. (EFE)

Fuentes del entorno de Arrimadas aseguran que “no vincularán” la negociación de unos Presupuestos de emergencia en los que buscan la menor influencia de los independentistas y Podemos a la reforma educativa, que también llevarán a los tribunales. “No nos pueden hacer elegir y no lo vamos a hacer. Pelearemos por los mejores Presupuestos y lucharemos, como siempre, por la igualdad y la defensa del castellano como lengua vehicular”, insisten en la cúpula naranja. No faltan los reproches al PP, al que recuerdan que cuando gobernó durante años con mayoría absoluta permitió “estos atropellos” en Cataluña y no hizo nada para frenarlos. En Ciudadanos, no esconden su molestia “ante la indignación que ahora muestra el PP” mientras que, dicen, “estuvimos solos mucho tiempo defendiendo lo que nadie defendía”.

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