La renovación del escudo social reaviva la disputa Iglesias-Calviño

El Gobierno de coalición ha logrado afianzar la certeza de que tiene larga vida. Primero, porque los dos partidos que lo forman, PSOE y Unidas Podemos, tienen voluntad firme de seguir adelante y, si es posible, acabar la legislatura. Segundo, porque tienen ya cerrado el acuerdo para sacar adelante en enero (salvo accidente) los Presupuestos Generales del Estado para 2021 con amplia mayoría, lo que da margen para casi dos años de legislatura, como mínimo. Y tercero, porque los partidos que sustentan al Gobierno en el Congreso no se plantean siquiera ningún gesto de ruptura que abra paso a una alternativa del centro, la derecha y la extrema derecha que, obviamente, no desean.

De fondo, no ha dejado de haber en el interior del Gobierno tensiones y discrepancias desde que se constituyó en enero. Y, sobre todo, un pulso por llevar al Gobierno hacia la izquierda o hacia el centro. Pero con la habilidad siempre de haber normalizado esas diferencias, de tal forma que ni siquiera son noticia.

Los focos obvios han sido casi siempre los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño. En otras ocasiones se han incluido en esos debates el responsable de Inclusión Social, José Luis Escrivá, por la gestión del ingreso mínimo vital y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, aunque ha logrado una posición autónoma se encuentra a veces con dificultades desde Economía. Por ejemplo, sobre los ERTE o sobre los llamados 'riders', entre otros asuntos.

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Y hay un grave conflicto subterráneo entre varios ministerios sobre la pésima situación de miles de migrantes en Canarias. No hay órgano de coordinación en el seno del Gobierno porque se suprimió la Comisión de Asuntos Migratorios y el asunto está a pocos pasos de explotar.

El sector de Unidas Podemos tiene siempre la impresión de que las medidas positivas se las apunta el conjunto del Gobierno y las negativas se las imputan a ellos. Y Calviño suele tener el freno pisado cuando se trata de peticiones costosas, siempre con la referencia y el argumento de la vigilancia de Europa.

Iglesias ha logrado un buen resultado en las negociaciones de los presupuestos, porque no hay recortes y hay algunos cambios en impuestos que le resultan favorables. También ha peleado por limitar los precios de los alquileres y estos días lidera una batalla interna para mantener lo que en marzo y abril se llamó el escudo social, que son medidas para garantizar la protección de los más afectados por la pandemia.

De momento, Iglesias ha ganado el pulso político sobre los socios para los PGE y ha conseguido que sean los partidos que facilitaron la investidura

Entonces le costó una dura pelea con Calviño. De hecho, el título de la batalla entre ambos por el escudo social ya se utilizó hace meses, y ahora de nuevo vuelve por la petición de evitar los desahucios y por mantener el suministro para personas vulnerables. Estas medidas se aplicaron con el estado de alarma de marzo y algunas terminan en enero.

Según explican en este sector del Gobierno, se están produciendo ejecuciones de desahucios tras estar paralizadas en el anterior estado de alarma. Y la limitación de los cortes de suministros se amplió en septiembre hasta enero y no hasta los seis meses del actual estado de alarma.

Desde la Vicepresidencia Económica se responde con el aumento de gasto que supondría y de nuevo la disputa queda pendiente de la decisión final de Sánchez, porque Iglesias mantendrá la batalla.

De momento, Iglesias ha ganado el pulso político sobre los socios para los presupuestos y ha conseguido que sean los partidos que facilitaron la investidura, incluido Bildu que ya ha sido normalizado como socio habitual.

El vicepresidente y líder de Unidas Podemos no quería que el acuerdo pivotara en torno a Ciudadanos y el partido de Inés Arrimadas solo está en la mayoría de apoyo a los presupuestos porque acepta sumarse al grupo en el que están ERC y Bildu y porque orilla asuntos como el castellano en Cataluña, los acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco o la transferencia de prisiones a Euskadi, entre otros. Ciudadanos quiere estar en ese bloque como sea y no lo disimula.

El jueves, el Gobierno metió a Ciudadanos en una ronda de reuniones extrañas de los partidos que apoyarán los presupuestos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Extraña porque todos los demás grupos ya habían celebrado múltiples reuniones reservadas con el Gobierno y habían pactado su apoyo a las cuentas y uno de esos necesitaba un encuentro público para oficializar su posición. Y Ciudadanos aceptó, estuvo y también pactó.

Pero la batalla política sobre los apoyos también sigue. Unidas Podemos ha aceptado esa presencia de Ciudadanos, pero no quiere que se consolide a medio o largo plazo. Sobre todo, no quiere que la estrategia de Sánchez, apoyada desde dentro y fuera del Gobierno, sea la de engordar al partido de Arrimadas para tener un futuro socio, alternativo y de centro.

Unidas Podemos no quiere que la estrategia de Sánchez sea la de engordar a Cs para tener un futuro socio, alternativo y de centro

Esa estrategia que teme Unidas Podemos para el medio plazo pasaría por dar un papel político relevante a Ciudadanos e, incluso, afectaría a gobiernos autonómicos y municipales donde los de Arrimadas gobiernan con el PP y apoyo de Vox. Esos temores del partido morado se resumen en la reedición de lo de "con Rivera no" que le gritaban a Sánchez en 2019, adaptado a la nueva líder del partido naranja.

Por eso, el objetivo de Iglesias es estrechar los lazos con el bloque de la investidura. Y coincide con la sensación de esos partidos de no ser suficientemente bien tratados por la Moncloa. Por ejemplo, se quejaron por la forma en la que se puso en marcha el último estado de alarma y no han ocultado su malestar con algunas propuestas del Gobierno. Y puede provocar pequeños incendios como las reticencias que ahora tiene el PSOE con la comisión de investigación sobre Kitchen.

Pese a todo, esa maquinaria está ya engrasada y se permite alardes de empoderamiento como el de aprobar en el Congreso con la holgura de 194 votos un estado de alarma de seis meses con controles parlamentarios muy limitados.

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Y se puede permitir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intente cada día preservarse de las decisiones difíciles sobre la pandemia o al menos de su presentación, para emprender una gira por España con el mensaje de la recuperación y el reparto de los fondos europeos. Aunque se alcancen cifras de muertos por la pandemia que superan ya los 60.000, según datos creíbles, y aunque algunos miembros del Gobierno sigan sin entender que Sánchez estuviera ausente en el debate parlamentario sobre los seis meses de estado de alarma.

Sánchez ha empezado a salir de la Moncloa en estos días, en un plan diseñado precisamente para incrementar su presencia pública, pero sin ser portador de malas noticias. Necesitaba hacerse fotos fuera de la Moncloa y, a ser posible, con ciudadanos sin cargos políticos o empresariales. Basta visitar su cuenta de Instagram para comprobar que desde hace meses solo se le ve con líderes mundiales y con políticos.

A las comunidades autónomas les queda el trabajo duro del día a día y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la labor difícil de llevar sobre sus espaldas el peso de la cogobernanza. Y el peso puede ser mayor si en la segunda quincena de noviembre las cifras no mejoran y ya no puede contenerse la petición de algunas comunidades para establecer confinamientos. Hace tiempo que el Gobierno lo da por hecho extraoficialmente si no hay mejores cifras hacia mediados de noviembre. Illa ha tenido que emplearse a fondo para convencer a las comunidades autónomas para que esperen resultados antes de lanzarse a los confinamientos.