Los antidisturbios afrontan la nueva ola de ira social mermados y desmotivados

Las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional afrontan la nueva ola de ira social que ha comenzado a tomar las calles con menos efectivos que nunca. El departamento —que hasta hace pocos años podía presumir de ser uno de los destinos preferidos por los funcionarios, donde no había más bajas que las que dejaban quienes ascendían o se jubilaban— se ha transformado ahora en el lugar al que muy pocos están dispuestos a ir y del que muchos quieren salir. La culpa de esta situación, según algunos, la tienen las malas condiciones laborales en que desempeñan su trabajo los funcionarios destinados en estas unidades. Para otros, hay una razón política. Ambas son compatibles.

Los que son partidarios de radicar los males de los antidisturbios en esta última causa defienden que el punto de inflexión para estos agentes de élite tuvo lugar en la famosa operación Copérnico, desplegada por el Ministerio del Interior en 2017 con el fin de atajar el desafío independentista catalán. Aquel dispositivo, que conllevó que la práctica totalidad de las UIP y de las Unidades de Protección y Reacción (las UPR, conocidas como las hermanas pequeñas de los antidisturbios) se desplazaran a Cataluña y coparan hoteles y cruceros del puerto de Barcelona, presentaba un fuerte componente político, pues los policías ejercían como punta de lanza de un Gobierno que trataba de parar los pies al órdago nacionalista puesto en marcha a través del 'procés'.

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Tras la actuación policial, que se prolongó durante meses, muchos funcionarios protestaron por las condiciones que tuvieron que soportar en su desplazamiento temporal. "Nos trataron como ganado", explican desde Jupol, el sindicato mayoritario del cuerpo. "Nos tuvieron hacinados en camarotes con horarios demenciales; además, hubo demasiadas órdenes políticas que nos pararon los pies, como también ha ocurrido después en determinados desórdenes públicos que hemos tratado de controlar en otros territorios", asegura un miembro de las unidades de intervención que estuvo allí y que prefiere permanecer en el anonimato.

Después de Copérnico, las UIP sufrieron "una sangría de bajas" que dura hasta la actualidad, añaden desde el sindicato. "Hemos pedido que nos digan el número de bajas concreto que ha habido desde entonces, pero la dirección general no nos ha querido contestar", denuncian desde Jupol, que se muestra preocupado por el número de agentes operativos que hay disponibles ahora. Aunque esta organización no tiene los datos exactos, sus miembros destinados en los antidisturbios sí observan algunos indicadores, como que ya no se llenan las furgonetas como antes.

Los equipos deberían estar formados por siete policías y un oficial, todos en una furgoneta, pero la realidad es que están saliendo vehículos con solo tres policías y luego a efectos de escritos constan como un equipo completo, describen desde el citado sindicato, que destaca que lo que más escasea son subinspectores, mandos intermedios que se encargan de dirigir los subgrupos, secciones departamentales compuestas por dos furgonetas. "Sospechamos —subrayan— que lo que la dirección quiere es eliminar las unidades para darle el gusto a Pablo Iglesias". En la misma línea se pronunció un informe del Sindicato Unificado de Policía (SUP) realizado antes del estallido de la pandemia. La organización señalaba que los 52 grupos que componen las UIP deberían estar conformados por medio centenar de agentes cada uno, pero es habitual ver algunos con apenas 35 miembros. "Hay una carencia de personal como no la ha habido nunca", confirman desde otro sindicato, la Unión Federal de Policía (UFP).

"Los miembros de las UIP asumen una carga laboral que está muy por encima de la que sobre el papel tienen asignada", añaden desde esta última organización, que considera que este corto número de efectivos de que dispone el departamento provoca que los funcionarios que están dentro tengan que hacerse cargo de ese trabajo que la falta de personal deja de realizar. "Yo llevo 40 días acumulados por exceso de horas, pero no me los puedo tomar; son tres meses en la práctica que es imposible gastar y sigo acumulando", destaca el policía de la unidad consultado, que trabaja actualmente en las dependencias de Moratalaz, donde se incardinan los grupos de Madrid.

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El documento del SUP criticaba asimismo que la legislación que regula la actividad de las UIP no se ha modificado en 30 años, a pesar de que durante este tiempo la conflictividad social y los altercados callejeros derivados de esta han cambiado mucho en fondo y forma. El vandalismo urbano está mucho más organizado, los medios de comunicación registran cualquier movimiento durante una protesta popular y la tecnología permite que los policías luego sean objeto de denuncia con enorme facilidad, por poner algunos ejemplos de la evolución del fenómeno, que no ha ido acompañada tampoco, a juicio de los responsables del SUP, siquiera de la sensibilidad de quienes mandan sobre el departamento.

El sindicato añadía que la plantilla no recibe una compensación económica adecuada, que otros departamentos han visto incrementar sus complementos a un ritmo muy superior al de las UIP, lo que ha ido "diluyendo" el atractivo que antes ofrecía la especialidad para los funcionarios de la Policía Nacional. Al no estar recompensado el esfuerzo que representa trabajar como antidisturbios, se reduce el interés de los agentes por pertenecer a estas unidades. "El complemento específico está muy anticuado, se supone que premiaba la disponibilidad 24 horas y la peligrosidad que existe en este cuerpo, pero eso ya no es así, porque la diferencia con otros destinos es casi nula y no compensa venirse aquí", apunta el mencionado miembro de las UIP que prefiere no desvelar su identidad.

"Es complicado que haya gente que quiera venir ahora aquí", añade el policía, que en línea con lo que dicen desde los sindicatos culpa a la jefatura de la situación, porque "no vela por el bienestar de su personal, que está muy expuesto y no se siente respaldado ni recompensado". A esto se suma, continúa el SUP en el mencionado informe, la falta de modernización en los medios que también subrayan desde la UFP y desde Jupol. "La antigüedad media de la flota de furgonetas es de 11 años, lo que significa que fueron fabricadas en 2009 o antes", sostiene el citado documento, que considera que habría que renovar actualmente casi 400 vehículos de este tipo, que es el más utilizado por los miembros de las UIP para desempeñar su labor. "En esas furgonas de 18 o 19 años viajamos y vivimos con nuestros hermanos", subraya el citado agente.

El SUP señalaba que había casos realmente "insostenibles", como 38 unidades del modelo Peugeot Boxer que siguen utilizando los funcionarios de este departamento que fueron fabricadas antes de 2005 o 161 furgonetas que la Policía adquirió entre 1998 y 2006. Hay, además, "123 vehículos que superan los 200.000 kilómetros", señalan desde el SUP, que censura también el estado "deplorable" de los uniformes de los antidisturbios, el "déficit de más de 700 chalecos antibalas", la falta de formación en el manejo de armas, las reducidas dietas "superadas por el coste de la vida desde hace años" o el desfasado horario laboral, que no tiene en cuenta que en numerosas ocasiones los agentes trabajan por la noche o en festivos. Estos mismos días de altercados, la jefatura ha ordenado a los antidisturbios que controlen el cumplimiento de los toques de queda, por lo que son frecuentes los horarios nocturnos.

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Desde Jupol, protestan también por la imposibilidad de utilizar determinado material de antidisturbios que acabaría en menos tiempo con las algaradas callejeras y que, en la práctica, aunque pudiera parecer más violento en un primer momento, minimizaría a su juicio los riesgos de heridos. Los productos lacrimógenos, por ejemplo, según este sindicato, apenas se utilizan por orden de la superioridad, pero representan un método muy efectivo para desactivar a masas de violentos, ya que hacen llorar a los afectados y los desorientan, pero no tienen efectos más allá. "Casi no nos dejan usarlos", zanjan desde Jupol, y critican una herramienta que sí es más habitual pero que conlleva riesgo por el modo en que los jefes han ordenado que se use.

Se trata de las pelotas de goma. "Nos obligaron a que primero rebotaran en el suelo teóricamente para minimizar el daño, pero en la práctica lanzarlas de esta forma aumenta el riesgo de golpes en ojos y cara, ya que la bola sale con un ángulo que tiene muchas posibilidades de impactar en el rostro", explican las mismas fuentes, que admiten que por estas órdenes de lanzar de esta forma ha habido lesiones graves. "Si fuera por los jefes, tan solo podríamos aguantar y aguantar", sostiene un miembro de las UIP cansado de las repercusiones políticas que tiene su trabajo, pues sus superiores —asegura— huyen como la pólvora de cualquier imagen que pueda salir en los medios que los relacione con actuaciones comprometidas.

Desde la Dirección General de la Policía, prefieren no hacer declaraciones respecto a esta crisis institucional que vive esta unidad de élite. Desde el Ministerio del Interior, por su parte, se limitan a señalar que este Gobierno ha retomado las ofertas de empleo público masivas después de que el anterior Ejecutivo redujera la contratación y provocara la reducción de plantilla en el cuerpo en más de 12.000 efectivos. "Alguno" de estos nuevos miembros del instituto armado, añaden, ha ido a parar a las Unidades de Intervención Policial.

Las Unidades de Intervención Policíal tienen un reconocido prestigio a nivel internacional. Estos profesionales dan cursos a cuerpos de naturaleza similar repartidos por toda Europa que reconocen sus capacidades para combatir el desorden público. Los miembros de esta especialidad, sin embargo, se quejan de que en España no se reconozca del mismo modo su profesionalidad y así lo transmiten las fuentes consultadas y los sindicatos. "La serie esta [en referencia a 'Antidisturbios', de Movistar+] es más de lo mismo", se queja el agente de Moratalaz.