Iglesias carga contra Vox en el caso Dina por su "actuación fraudulenta" y "partidista"

La defensa de Pablo Iglesias en el caso Dina ha cargado duramente contra el partido de Santiago Abascal, que ejerce de acusación popular en la causa. En concreto, el equipo legal del vicepresidente y líder de Unidas Podemos acusa a Vox de haberse incorporado con "mero interés partidista" y "tratando de obtener réditos políticos en clara acción fraudulenta". Así se recoge en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial y con el que su abogado muestra su rechazo a una querella presentada por Vox en el marco del caso. Junto a él también ha presentado un escrito similar la exasesora que da nombra a la pieza, Dina Bousselham.

"Constatando una vez más, que el único interés de la acusación popular es reiterar acusaciones fuera de trámite alguno, con mero interés partidista como Vox, tratando de obtener réditos políticos, en clara actuación fraudulenta, tratando de revictimizar a la víctima y tratando de obtener réditos políticos frente a los perjudicados", reza el documento dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con fecha del 4 de noviembre.

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En este se insiste en que "la referida querella es fraudulenta, al igual que su personación" en la causa. "Solo pretende convertir a los perjudicados en investigados, pero sin haberse presentado ante los oportunos órganos jurisdiccionales competentes", consideran desde la defensa del líder de UP, que valoran que la querella y el recurso de reforma posterior tiene un objetivo claro: "Siendo solo justificable su presentación en la presente causa para forzar una resolución que remitiera la referida querella a dichos órganos, única explicación que puede presidir dicha actuación", es decir, que solo buscaría que la misma se elevara al Tribunal Supremo, órgano competente por la condición de aforado de Iglesias.

En el caso de la exasesora de Iglesias, la defensa de Bousselham habla de una situación "absolutamente anómala" en la pieza "además de injusta y arbitraria" por la acción del partido de Abascal. Entienden que su presencia va "en contra de los derechos de las víctimas y otros actores jurídicos". De la acusación popular de Vox enfatizan que tiene "un claro interés espurio", que "está inspirada en la mala fe" y "ejerciendo el derecho a constituirse en acusación de forma abusiva". "Es una acusación torticera contra las víctimas".

De la acusación popular de Vox, enfatizan que tiene "un claro interés espurio", que "está inspirada en la mala fe"

Como ya informó El Confidencial, el juez del caso, Manuel García-Castellón, rechazó en una providencia del pasado 28 de octubre algunas de las pretensiones de Iglesias entre las que se encontraba la expulsión de Vox como acusación popular, además de que se cite como testigos al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional durante el Gobierno de Rajoy, Eugenio Pino, y al inspector del cuerpo José Ángel Fuentes Gago, ambos imputados a su vez en la pieza Kitchen.

El llamado caso Dina ahonda en el robo del móvil a Bousselham en 2015 y en cómo el contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo. Actualmente, el vicepresidente segundo del Gobierno mantiene la condición de perjudicado en el caso después de que la sala de la AN la restituyera contra el criterio del magistrado, lo que supuso un varapalo para García-Castellón.

Semanas después, el propio juez obvió esta condición y elevó al Supremo una exposición razonada de más de 60 páginas en la que solicitaba que se investigue a Iglesias por tres delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos —con agravante de género— y denuncia falsa o simulación de delito.

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Desde Unidas Podemos, se han mostrado convencidos en todo momento en que la petición del juez no prosperará y la han enmarcado en una persecución contra la formación. El propio Iglesias aseguró en una entrevista entonces que sería "inconcebible" que resultara investigado por el alto tribunal cuando es considerado como perjudicado en la causa.

El pasado 20 de octubre, la formación de Abascal presentó un escrito de acusación en el que se reclamaba la imputación del titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como la imposición de penas que podrían alcanzar hasta los 13 años de prisión por denuncia falsa y simulación de delito, estafa procesal, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos.