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Las CCAA trasladan la presión a Sánchez al poner sobre la mesa el confinamiento total
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EL GOBIERNO VASCO pide MÁS MEDIDAS

Las CCAA trasladan la presión a Sánchez al poner sobre la mesa el confinamiento total

El nuevo decreto de alarma envejece con rapidez, mientras el Gobierno se resiste a recurrir a decisiones más drásticas. La presión de las CCAA ha ido en aumento los últimos días

Foto: Así fue la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. (EFE)
Así fue la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. (EFE)
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Las comunidades comienzan a devolver la pelota de la toma de decisiones al tejado del Gobierno. Después de que Pedro Sánchez delegase competencias a los presidentes autonómicos en el nuevo decreto de alarma para combatir la segunda ola de la epidemia, los territorios han reaccionado trasladando parte de la presión al Ejecutivo. Si este lunes fue el Principado de Asturias, gobernado por el socialista Adrián Barbón, quien pidió al Gobierno que facilitase los confinamientos domiciliarios al tratarse de una competencia que reside únicamente en el Ejecutivo central, ayer fue el Gobierno vasco quien tomó la iniciativa para poner esta petición sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Salud.

El requerimiento de Asturias, País Vasco, Ceuta y Melilla no fue respaldado formalmente por otras comunidades, aunque en su mayoría sí defendieron la necesidad de que el Gobierno prevea este escenario. El confinamiento domiciliario no está incluido en el nuevo decreto de alarma, por lo que habría que modificarlo. Solo la Comunidad de Madrid se opuso a dicha posibilidad, pese a las diferencias al respecto entre los socios del Gobierno regional: PP y Ciudadanos.

Illa: ''Las medidas requieren de dos a tres semanas para medir su eficacia''

Andalucía, por su parte, urgió al Gobierno en el Consejo Interterritorial a que aclare lo antes posible sus intenciones, recalcando que debe ser el Ejecutivo central quien tome esta decisión "conforme a los datos sanitarios que maneja y a las competencias que le corresponden". De la cogobernanza a la corresponsabilidad.

El máximo responsable de Sanidad, Salvador Illa, se limitó a pedir tiempo para agotar antes todas las cartas de las que dispone el texto todavía aprobado la pasada semana. Un plazo de al menos una semana. Sin embargo, la presión ha ido en aumento durante las últimas horas. Y desde territorios gobernados por partidos de distinto signo político. El endurecimiento de restricciones a la movilidad, junto al cierre o limitaciones a la actividad hostelera, se fue anunciando de forma escalonada a lo largo del día. Primero Murcia, después Cantabria y más tarde Galicia.

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (EFE)

Si bien el principal golpe para el Ejecutivo fue el de la consejera de Salud del País Vasco. La presión del PNV, socio de investidura de Pedro Sánchez, es doble en un contexto de negociación presupuestaria, aunque marca también la senda hacia las mayorías necesarias si el Gobierno tiene que volver a pedir la autorización del Congreso para un estado de alarma con confinamientos domiciliarios. De hecho, ya lo hizo, junto a Cataluña, para reclamar el endurecimiento de las restricciones con cierres perimetrales y toques de queda. Cataluña ha planteado los confinamientos domiciliarios de fin de semana, pero de momento ha descartado su aplicación.

El nuevo decreto de alarma envejece con rapidez, mientras el Gobierno se resiste a recurrir a decisiones más drásticas. "Se están tomando un conjunto de medidas con base en indicadores que hay que evaluar con rigor, y para eso se necesita un plazo de entre dos y tres semanas" desde su implantación, argumentaba en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud. Desde el Ejecutivo, se insiste en hacer valer su actual plan: "Hay una estrategia nacional".

Foto: Salvador Illa y Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE) Opinión
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Asumir lo contrario supondría la constatación de un fracaso y una falta de previsión por parte del Ejecutivo, ya que el decreto aprobado hace una semana con vistas a extenderlo hasta el 9 de mayo quedaría cuestionado apenas una semana después. Asimismo, se pone en duda la cogobernanza, ya que las comunidades no tienen cobertura legal con el decreto aprobado para decretar confinamientos domiciliarios. La presión, sin embargo, va en aumento, a la par que la inquietud de las comunidades autónomas, a la vista de la evolución de la segunda ola de la pandemia, con un aumento tanto de contagios como de presión hospitalaria. La incidencia de casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúa en 567.

Las actuales medidas, con toques de queda y cierres perimetrales, son ya para el Ejecutivo "muy contundentes", incluso "drásticas", por lo que se quiere esperar con la esperanza de que surtan efecto y comiencen a tener resultados aplanando la curva. De ahí que de momento se evite autorizar el dar nuevos pasos endureciendo las restricciones sin antes agotar todas las posibilidades.

Foto: Imagen: Irene de Pablo.

No se descartan en los próximos días reuniones bilaterales para intentar apaciguar la tensión con las comunidades, en línea con la que ya mantuvo Salvador Illa con los responsables de Sanidad del Principado de Asturias. El mensaje, por el momento, sigue siendo el de esperar al menos una semana para evaluar los efectos sobre los indicadores epidemiológicos de las medidas adoptadas hasta ahora. Será a partir de ese plazo cuando se planteen nuevos pasos para dar cobertura legal a los confinamientos domiciliarios, según trasladan.

El modelo que estudiaría el Gobierno es el anunciado el pasado jueves por el presidente francés, Emmanuel Macron, que incluye confinamientos en todo el país, cierre de comercios y establecimientos públicos durante un mes. En ese modelo francés, se mantienen abiertos los colegios y no se frena la producción, a diferencia de lo que ocurrió en abril en España. El Gobierno entiende que la paralización económica total solo sería un último recurso que hoy por hoy no se contempla, por los efectos demoledores que tendría y porque prefiere un sistema escalonado.

Las comunidades comienzan a devolver la pelota de la toma de decisiones al tejado del Gobierno. Después de que Pedro Sánchez delegase competencias a los presidentes autonómicos en el nuevo decreto de alarma para combatir la segunda ola de la epidemia, los territorios han reaccionado trasladando parte de la presión al Ejecutivo. Si este lunes fue el Principado de Asturias, gobernado por el socialista Adrián Barbón, quien pidió al Gobierno que facilitase los confinamientos domiciliarios al tratarse de una competencia que reside únicamente en el Ejecutivo central, ayer fue el Gobierno vasco quien tomó la iniciativa para poner esta petición sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Salud.

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