El juez del caso Kitchen acuerda un careo entre Fernández Díaz y su ex número dos

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su número dos, Francisco Martínez, muestran contradicciones a la hora de explicar la operación Kitchen, así que el juez Manuel García Castellón ha acordado celebrar un careo entre ambos para aclarar en qué consistió el dispositivo que se llevó a cabo en 2013 para robar documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. La decisión del magistrado llega después de las declaraciones que tanto Fernández Díaz como Martínez prestaron ante la Audiencia Nacional la pasada semana, comparecencias en las que el primero echó por tierra las afirmaciones en las que su subordinado sostenía que, como ministro del Interior, él estaba al tanto de la operación: "Paco [Martínez] falta a la verdad", llegó a decir Fernández Díaz ante el juez.

En cuanto a los indicios que acorralan al exministro, los investigadores hallaron en marzo unos mensajes de texto que supuestamente fueron enviados por él en 2013, información con la que dieron tras enterarse de que el propio Martínez había levantado acta notarial con los mismos antes de su imputación. En ellos, el ministro supuestamente incidía en que Kitchen "es importante", implicaba en los seguimientos al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y mencionaba de forma directa al "chófer de Bárcenas". El último se remonta al 18 de octubre de 2013, y en él se hace referencia al volcado del contenido de los teléfonos móviles proporcionados por el "informador". "La operación se hizo con éxito", decía el mismo. "Te informo", terminaba. Pese a ello, Fernández Díaz sostuvo el viernes ante el juez que todos son falsos.

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Tras desmarcarse de estos mensajes, Anticorrupción pidió que entregara su móvil e incluso puso sobre la mesa la posibilidad de que fuera requisado, momento en el que intervinieron el abogado de Fernández Díaz, que criticó que se vulneraran sus derechos, y el propio magistrado, que ofreció que lo diera voluntariamente porque como imputado podía negarse a presentar una prueba que le incrimine. Su defensa sostiene que el exministro accedió y entregó el dispositivo de forma voluntaria, pero avisando de que, por mucho que mantenga el mismo número que en 2013, se trata de un terminal distinto al de entonces. Según su abogado, en el teléfono no se encontró mensaje alguno sobre Kitchen y le fue devuelto a los pocos minutos de que lo entregara, pero el juez añade un matiz a esta versión en el auto con el que acuerda el careo.

En el escrito, García Castellón pide en concreto que Fernández Díaz manifieste si voluntariamente quiere aportar el dispositivo móvil anterior al que usa en la actualidad y al que se refirió en su declaración judicial, “con la finalidad de corroborar o descartar el envío de mensajes que fueron protocolizados por el Sr. Martínez”. También justifica el careo por el resto de diferencias que presentan las declaraciones del exministro y del exsecretario de Estado de Seguridad: “Dada cuenta de la importancia de los mismos y la carga incriminatoria que poseen, atendidas las contradicciones entre las manifestaciones del antiguo secretario de Estado y el exministro del Interior, este magistrado entiende necesario volver a citar a ambos investigados para que comparezcan conjuntamente, a fin de someterles a la diligencia de careo”.

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El careo consistirá en un cara a cara entre los dos, leyéndose primero sus respectivas declaraciones para después señalar las partes en las que no coinciden y, de esta manera, intentar aclarar cuál de las dos versiones es correcta. Esta figura se contempla en el artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se justifica cuando no existe otra forma de valorar las declaraciones de testigos o imputados que se contradicen entre sí, situación ante lo que se puede recurrir al careo mediante tres vías distintas: pidiéndolo el juez, las defensas o las acusaciones. En esta ocasión, la iniciativa parte del propio magistrado.

Cita a Pérez de los Cobos y Martín-Blas

Más allá del mencionado careo, el magistrado ha acordado citar como testigo al que fuera director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se produjo ese operativo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Su comparecencia se centrará en aclarar el uso de fondos reservados para la llamada operación Kitchen, entre los que destaca el pago de 2.000 euros mensuales al que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para que supuestamente ayudara en el espionaje al extesorero. Francisco Martínez firmó los documentos con los que se daba luz verde a esta salida de dinero, pero en su declaración del jueves aseguró ante el juez que los pagos en cuestión venían avalados por el mencionado coronel de la Guardia Civil.

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También acuerda citar de nuevo como imputado al que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, "a fin de que pueda dar explicaciones sobre las labores de vigilancia que se efectuaron desde su unidad policial en los domicilios [relacionados con Bárcenas]". Martín-Blas ya prestó declaración en marzo de 2019, pero el juez considera que quedan puntos sin aclarar y le interrogará sobre "algunos archivos que acompañan al oficio policial" que refleja los mencionados seguimientos. Apoyándose en el mismo razonamiento, el juez cita como testigos a una de las agentes de la Unidad de Asuntos Internos que participó en los mismos y a su superior directo, pues al formar parte de una unidad "cuyo cometido es la investigación de agentes de la policía [...] debía permanecer (aparentemente) totalmente ajena".

El listado de citaciones se cierra con Oliver Zugel, que también tendrá que declarar como testigo. Su nombre aparece en "varias carpetas y documentos" sobre la operación Kitchen hallados en casa de los investigados, desprendiéndose de los mismos que también fue investigado en 2013 ante la sospecha de que podía estar ayudando a Bárcenas y su mujer a ocultar la fortuna del extesorero en el extranjero: "Este sujeto podría incluso haber contactado en su momento con Hervé Falciani, a través de un colaborador del Royal Bank of Scotland, quien pudo haber usado una sucursal de Gibraltar para trasladar efectivo que Luis Bárcenas en su momento le habría entregado al propio Zugel para así ocultarlo en un entramado societario offshore", explicaba uno de los documentos incautados por los investigadores.