Varios fiscales del caso Dina defienden abrir causa a Iglesias y citar a la exasesora
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Reunión para fijar criterio

Varios fiscales del caso Dina defienden abrir causa a Iglesias y citar a la exasesora

Otros miembros del equipo que fijará el criterio del Ministerio Público se inclinan por apoyar el archivo, porque no hubo denuncia de Bousselham contra el líder de Podemos

Foto: Varios fiscales del caso Dina defienden abrir causa a Iglesias y citar a la exasesora
Varios fiscales del caso Dina defienden abrir causa a Iglesias y citar a la exasesora

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha comenzado a estudiar la postura que adoptará el Ministerio Público frente a la exposición razonada remitida contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por el juez Manuel García-Castellón, que le atribuye tres delitos en relación con el conocido como caso Dina. En una reunión celebrada este jueves por el equipo de fiscales de sala, varios defendieron informar a favor de abrir causa contra el líder de Podemos con la finalidad de escuchar en declaración a la exasesora y comprobar ante el tribunal competente si esta le otorga o no su perdón como víctima de una revelación de secretos.

El encuentro se ha limitado a un intercambio de opiniones. Frente a esta tesis, otros de los miembros de la Fiscalía apoyan un criterio contrario. En la línea de la opinión que transmitió a través de una nota interna Anticorrupción, al frente de la pieza de la Audiencia Nacional, este segundo grupo considera que la exposición razonada debe archivarse porque Dina nunca denunció a Iglesias por acceder a la información privada e íntima que conservaba en la tarjeta microSD del teléfono móvil que le fue robado. Sostienen así respecto al delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género —el más evidente de los tres— que la afectada, Bousselham, no se siente perjudicada pese a que Iglesias conservara el dispositivo sin su conocimiento durante meses.

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El grupo de fiscales que estudia el caso incluye a los cuatro fiscales del 'procés' —Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena— además de otros destacados miembros como Juan Ignacio Campos o Pilar Fernández, que ya fueron consultados en el caso de las querellas del covid. Dirige el teniente fiscal Luis Navajas. Una vez alcancen un acuerdo común, presentarán escrito. La opinión que formulen no condiciona en ningún caso al Supremo, de quien depende, en última instancia, la decisión.

El escrito remitido por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 sobre la pieza apuntaba a tres delitos: descubrimiento de secretos —con agravante de género—, daños informáticos y denuncia falsa o simulación de delito. El primero de ellos es el que obligaría, según el criterio de un sector, a abrir causa. La pieza Dina gira sobre el contenido del móvil de la antigua asesora de Iglesias. El relato de hechos que el instructor de la Audiencia Nacional considera acreditados explica cómo fueron sucediéndose los acontecimientos.

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Todo arranca con la desaparición del móvil en un Ikea. El contenido de la microSD que alojaba el teléfono apareció varios meses después del robo del aparato, en un sobre, en la revista 'Interviú'. Después de que la revista comprobara su contenido y entendiera que estaba relacionado con Iglesias, se le citó para devolvérsela. El líder de Podemos recuperó así la tarjeta del móvil en enero de 2016 pero, en lugar de entregar a la asesora sus datos privados, los conservó. "Se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas y pese al conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015", explica el juez.

Según sostiene García-Castellón, este silencio puede vincularse al hecho de que Iglesias accediera a la tarjeta microSD y viera capturas de pantalla hechas por la propia Bousselham, que en la Audiencia Nacional reconoció haber enviado a terceros conversaciones privadas que no dejaban en buen lugar al vicepresidente. Sea cual sea el motivo, el uso que pudo hacer Iglesias de la tarjeta en ese tiempo es uno de los pilares sobre los que se apoya su posible imputación por un delito de revelación de secretos. Para uno de los grupos de fiscales, parece claro que Iglesias consultó un contenido privado de una tercera persona sin su consentimiento, y eso es —en inicio— delito, como ya ha determinado el TS en numerosas sentencias.

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El segundo de los grupos señala, sin embargo, que para que hubiera un delito de revelación de secreto, Dina Bousselham tendría que haber denunciado o señalado al vicepresidente desde un inicio como la persona que le sustrajo su móvil, y eso nunca ha sucedido. Bousselham acusa de la sustracción al comisario Villarejo y, de forma tácita pero no expresa, ha exonerado a Iglesias de cualquier responsabilidad.

Perdón expreso

El Código Penal indica en su artículo 130.5 que el perdón del ofendido, entendido como la declaración de voluntad de este de poner fin a una "intervención punitiva por él mismo excitada", comporta la extinción de la responsabilidad criminal. Precisa que el perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla.

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Además de la revelación de secretos, el juez de la Audiencia Nacional que remitió la exposición razonada atribuye a Iglesias un delito de daños informáticos y señala que devolvió a Bousselham la tarjeta inoperativa. Si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017: él había comprobado su contenido en 'Interviú' en enero de 2016, pero cuando se la entregó a su exasesora meses después, la microSD ya no funcionaba. "La única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder de Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en que el Sr. Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando Iglesias se la devuelve", dice Castellón.

El tercero de los delitos atribuidos por el instructor es el de denuncia falsa o simulación de delito. Indica que Iglesias actuó de forma "falsaria" y que de forma "consciente y planificada (...), fingió ante la opinión pública y ante su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente".

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