Fiscalía archiva la denuncia del PSOE por injurias y odio contra Cristina Seguí

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado una denuncia presentada por el Partido Socialista contra la periodista, cofundadora de Vox y tertuliana Cristina Seguí, a raíz de unos mensajes que esta escribió en la red social Twitter y que la formación consideraba injuriosas contra el presidente y varios miembros del Gobierno central.

Cree el Ministerio Público que los hechos no son constitutivos de delito de incitación al odio ni de injurias. Son —eso sí— "irrespetuosos", pero propios de una opinión "profundamente crítica y negativa".

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Para la Fiscalía, algunas de las expresiones utilizadas en uno de los mensajes —"miserable" o "cerdo sinvergüenza"— son, "literalmente, vejatorias o insultantes", por lo que no quedan amparadas por el ámbito "protector" del derecho a la libertad de expresión. No obstante, tiene en cuenta el "contexto" en el que estos tuits, "claramente ofensivos", fueron escritos y del que resultan inseparables. ¿Cuál es su contexto? "El marco de una crítica realizada por la denunciada hacia el Gobierno de la Nación por la gestión de la pandemia provocada por el covid-19". Es por ello que esta "situación política o social en que tienen lugar" descarta, a ojos del Ministerio Fiscal, un delito contra el honor. Cree Fiscalía que, en este caso, no pueden aislarse los mensajes denunciados por el PSOE de su contexto social: la epidemia del coronavirus y las políticas contra la misma puestas en marcha por parte del Ejecutivo.

Cree Fiscalía que, en este caso, no puede aislarse el contexto social y político de los mensajes denunciados por el PSOE

Recuerda también que el ámbito de la libertad de expresión es más amplio que el de la libertad de información, que exige veracidad y contraste en los mensajes emitidos. Los tuits de Seguí, enmarcados en el primero, responden a "juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones (...), que no pueden ser calificados como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada".

Cuando informaciones y opiniones se mezclan, Fiscalía reconoce que no es "sencillo" determinar qué derechos priman. "En todo caso —sostiene su escrito—, el conflicto entre sendos derechos requiere una técnica de ponderación que exige tanto valorar aquellos derechos en abstracto como analizar en concreto los elementos y circunstancias del emisor y del destinatario que concurran en cada caso concreto", como ha acabado haciendo al amparar los mensajes en el contexto social y político en el que fueron redactados. Los tuits incluían términos despectivos, dirigidos a miembros del Gobierno, tales como: "criminal", "sociópata", "gentuza" y "sinvergüenzas".

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No denotan, asegura el documento de Fiscalía, "una cosificación ni deshumanización de los integrantes de un colectivo de los expresamente previstos en el Código Penal (art. 510 CP) incitando a su odio, hostilidad, discriminación o violencia", necesario para la tipificación como delito de odio de los mensajes y carecen, además, de 'animus iniuriandi' —voluntad evidente de injuriar—.

Por tanto, "a la vista de la situación concreta socialmente vivida, de las críticas reiteradas de la denunciada a la gestión sanitaria del presidente del Gobierno y a sus ministros, las expresiones utilizadas tuvieron por finalidad poner de manifiesto de forma sonora e irrespetuosa su desacuerdo con las palabras del Presidente más que un ánimo de atentar a la dignidad del mismo". Los hechos fueron denunciados por el PSOE en abril ante la Fiscalía General del Estado, liderada por la exministra socialista de Justicia Dolores Delgado.

Bulos con fotos de ataúdes

No es la primera vez que el Ministerio Público actúa de un modo similar en los últimos meses. El pasado septiembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó una denuncia presentada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos, socio de gobierno del PSOE, contra la difusión en redes sociales de imágenes falsas que mostraban ataúdes y cadáveres que no correspondían a España, pero que se hacían pasar como de fallecidos por la pandemia del covid-19 en nuestro país, culpabilizando al Ejecutivo central de tal catástrofe.