Gobierno y PP buscan por primera vez un acuerdo en los detalles del estado de alarma

El Gobierno y el PP mantienen una interlocución directa y fluida desde el domingo por primera vez en mucho tiempo. Pedro Sánchez habló con Pablo Casado antes de anunciar su intención de prorrogar el estado de alarma durante seis meses para que las comunidades autónomas tengan un paraguas legal suficiente a la hora de tomar decisiones, al tiempo que se implanta el toque de queda, que sí conlleva un confinamiento domiciliario durante algunas horas del día.

El domingo por la tarde, comenzaron los contactos entre los equipos más cercanos de ambos, que continúan con la intención de llegar a un acuerdo para apoyar el decreto. Es la primera vez que Casado se abre a esta posibilidad. Apoyó las primeras prórrogas del estado de alarma iniciado en marzo “sin pedir nada a cambio, ni negociar”, como él mismo defendía, se abstuvo en la cuarta y votó en contra de las dos últimas.

A los populares no les gusta el estado de alarma y no creen que debiera prolongarse durante más de un mes, al menos como punto de partida. Por eso insisten en que la oferta de ocho semanas es ya una cesión. Llevan meses insistiendo en la necesidad de reformar leyes en vigor para tener una alternativa jurídica a esa situación de excepcionalidad recogida en la Constitución. Aun así, Casado anunció este lunes que su formación se abría a dar apoyo al Ejecutivo con dos condiciones. La primera, que la duración no sea superior a las ocho semanas (es decir, dos meses), y la segunda, que el Gobierno impulse efectivamente el plan B jurídico al que el propio presidente se comprometió.

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Las posturas se mantienen ahora en ese punto, pero las conversaciones continúan. El Ejecutivo se reafirma, al menos públicamente, en que la duración debe ser de seis meses, y en el PP consideran que Sánchez debe hacer un esfuerzo por lograr “un gran consenso parlamentario” y dejar atrás “las imposiciones”. Dicho de otra manera: los populares entienden que el Gobierno debe abrirse a reducir ese plazo para conseguir el apoyo de la mayor parte de los partidos. Pero no solo es el PP. Otros socios estables del Gobierno en anteriores prórrogas, como ERC o Ciudadanos, también consideran que el plazo de partida debería ser inferior. El Gobierno se puede ver obligado a recular en ese sentido o no tendrá apoyos suficientes.

Más allá de la duración, los populares insisten mucho en su propuesta de la alternativa jurídica. No es un detalle menor, porque si Sánchez se comprometiera a llevar a cabo una reforma los populares, también podrían ceder en el tiempo que esté en vigor el estado de alarma. “La pelota está en el tejado del presidente del Gobierno”, repiten desde el núcleo duro de Casado, asegurando que su oferta consiste “en dar dos meses más” a Sánchez “para que haga el trabajo que ya tenía que haber hecho”. Los populares empezaron a pedir un plan B jurídico en el mes de abril.

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Aunque el acuerdo se tiene que cerrar en los próximos dos días (el Gobierno pretende sacarlo adelante este jueves en el pleno del Congreso, día hasta el cual el PP podría pactar, incluso vía enmiendas), muy pronto habrá una oportunidad en la que PSOE y Unidas Podemos podrán demostrar si aceptan o no la propuesta. La próxima semana está previsto el debate de la proposición del PP para modificar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986. Los grupos deben decidir si la admiten o no a trámite.

“Nuestra propuesta es sensata y sería muy positivo un gran consenso parlamentario. Dos meses de estado de alarma y, mientras, articular esa reforma”, apuntan fuentes de la dirección popular, poniendo el acento una vez más en el marco legal por el que apuestan.

Esa propuesta incluye, entre otras cosas, que se pueda obligar a guardar cuarentena, aislar a “las personas sospechosas” de covid-19, controlar las entradas y salidas en las zonas afectadas y limitar la libre circulación sin tener que recurrir a la excepcionalidad de la alarma. Hay grupos políticos como Ciudadanos que también pidieron un marco jurídico alternativo para dotar de agilidad a las autonomías, pero que consideran que las medidas más duras (como confinamientos domiciliarios) deberían seguir aplicándose solo a través de la alarma.