Sánchez no descarta un nuevo estado de alarma para avalar el toque de queda

El toque de queda que pretenden decretar varias comunidades autónomas necesita de la cobertura jurídica del estado alarma. Esta es la conclusión de los servicios jurídicos de Moncloa y así lo ha asegurado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha descartado que se decrete un nuevo estado de alarma para aplicar esta medida, en línea con otros países como Francia y Bélgica, para frenar la segunda ola de la pandemia que sigue disparándose. Todo ello a una semana del puente de Todos los Santos. De hecho, se trata de una medida incluida en el nivel de alerta máximo. Esto es, cuando la incidencia acumulada en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes supere los 250 casos de contagio. La media en España se sitúa ahora en 348, según ha advertido Sánchez, para añadir que las medidas incluidas en el cuarto nivel de alerta "podrán requerir del estado de alarma".

"Cuando un territorio alcance el nivel de alerta 4, es decir, la alerta extrema, deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional que es el estado de alarma", ha abundado el presidente del Gobierno. Eso sí, priorizando que se haga de forma "consensuada" con los territorios. "Quiero hacer notar que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación. Que es lo que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país en el día de hoy".

Durante una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha asegurado que "tenemos que reducir la movilidad y los contactos entre personas. No hay otra solución. A mayor movilidad, mayor contagio". En esta línea, indicó que "estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias", pero ha pedido coordinación con las comunidades autónomas, así como colaboración y disciplina ciudadana. "Para frenar la segunda ola hay que limitar al máximo las situaciones donde los contagios se están produciendo y que afectan a la movilidad de las personas", concluyó. Las próximas semanas serán duras, "muy duras", según ha enfatizado, y ha vinculado la adopción de restricciones a "evitar recurrir de nuevo a un confinamiento domiciliario". "Queremos evitar llegar a ese punto por las consecuencias que tiene sobre la vida social y el impacto económico", aseguró.

El presidente del Gobierno ha rescatado el mismo lenguaje empleado durante los momentos más duros de la pandemia, como "moral de victoria", "disciplina ciudadana", "espíritu de equipo", "actuar con determinación" o "máxima unidad". Mensajes con los que ha reforzado su petición de una "actuación coordinada" con las diferencias administraciones autonómicas, aunque ha querido insistir también en que esta segunda ola difiere de la primera por la menor ocupación hospitalaria gracias al aumento de la detección de contagios mediante la realización de pruebas PCR. Con todo, ha insistido, allanando el terreno para el endurecimiento de medidas, que "debemos adoptar las medidas necesarias para frenar" la curva.

En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrada ayer no hubo consenso entre las diferentes comunidades autónomas, pero algunos territorios gobernados por partidos de distinto signo político, como Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, avanzaron su intención de buscar el aval jurídico de los tribunales superiores de justicia autonómicos para decretar una medida que consideran crucial en la lucha contra la expansión del virus. Estas comunidades defendían que se aprobase un estado de alarma para todo el territorio de cara a restringir los movimientos en horario nocturno. Madrid y Galicia se opusieron.

"Las comunidades han ido manifestando su opinión y no hay un consenso todavía amplio al respecto", dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa en la rueda de prensa posterior a la reunión. "Hemos convenido que merecía la pena seguir valorando y madurando las decisiones. Si en algún momento acordamos que es preciso adoptarlo, lo haremos", añadió.

Este mismo viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunió con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, después de que solicitase por escrito al Gobierno la aplicación del toque de queda en su territorio. "Necesitamos el apoyo del Gobierno de España", reconoció el presidente popular, y aunque dijo echar en falta un mayor consenso entre las comunidades para extender esta medida a todo el país, dijo que "nos consta que el ministerio está trabajando en ello".

Cs ofrece su apoyo, e incluso pide al PP que haga lo mismo, para garantizar que salga adelante una hipotética prórroga de un nuevo estado de alarma

En rueda de prensa conjunta, Illa trasladó la importancia de "ir todos juntos" y, sobre todo, subrayó que para decretar estas medidas, vía estado de alarma, se precisa contar con el apoyo de una mayoría en el Congreso. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fue la primera en ofrecer el respaldo de los diez diputados de su grupo e incluso pidió al PP que haga lo mismo para garantizar que salga adelante una hipotética prórroga de un nuevo estado de alarma.

Para Sanidad, "el instrumento jurídico óptimo para tomar una medida de este tipo de manera generalizada es el estado de alarma". El nuevo plan de actuaciones coordinadas aprobado este jueves en el CISNS deja fuera las medidas excepcionales, como el toque de queda, que podrían adoptarse en el nivel más alto de alerta, e indica que habría que solicitar el estado de alarma en caso de que fuera necesario.