La división entre comunidades y las dudas jurídicas retrasan el toque de queda
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no todas lo apoyan

La división entre comunidades y las dudas jurídicas retrasan el toque de queda

Posturas opuestas en regiones gobernadas por el PP: Castilla y León lo ha solicitado por escrito y Andalucía lo aplicará en Granada, pero Madrid y Galicia se oponen

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La división entre comunidades y las dudas jurídicas retrasan el toque de queda

Primero fueron la imposición del uso de mascarillas y las restricciones de aforos y horarios, luego los confinamientos perimetrales y ahora el toque de queda. La segunda ola avanza y con ella lo hacen las restricciones. Los países se copian entre ellos buscando la manera de reducir la transmisión del SARS-CoV-2. Hace apenas una semana, casi nadie hablaba en España de restringir la movilidad por la noche, pero ahora está en el centro del debate. Sin embargo, el Gobierno ha decidido no dar el paso aún por la falta de consenso. Algunas comunidades apoyan esa medida y otras no.

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Bélgica y Francia ya han impuesto un toque de queda en parte de su territorio. El primer ministro francés anunció este jueves que 46 millones de ciudadanos de 54 departamentos no podrán salir de sus casas entre las 21:00 y las 6:00. España estudia decretar una medida similar, pero la decisión no se aprobó en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrada este jueves. Mientras tanto, hay comunidades que han decidido no esperar y ya están actuando por su cuenta.

"Las comunidades han ido manifestando su opinión y no hay un consenso todavía amplio al respecto", dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa en la rueda de prensa posterior a la reunión. "Hemos convenido que merecía la pena seguir valorando y madurando las decisiones. Si en algún momento acordamos que es preciso adoptarlo, lo haremos", añadió. Según ha podido saber El Confidencial, el ministro se limitó a escuchar la postura de las comunidades, pero no realizó ninguna propuesta concreta sobre una posible "restricción de movilidad nocturna", como se refiere al toque de queda.

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Hay una comunidad que ya ha pedido por escrito al Gobierno la aplicación del toque de queda en su territorio: Castilla y León. "Vamos a valorar con ellos cómo abordamos esto", declaró Illa, que viaja este viernes a Valladolid para reunirse con Alfonso Fernández Mañueco, presidente castellanoleonés. El ministro no dio más detalles sobre qué hará el Gobierno tras esa petición.

La Comunidad Valenciana también pidió al Gobierno la aplicación de un toque de queda, aunque no por escrito. "Nos hubiera gustado una decisión para todo el territorio nacional. Nos parece necesaria para impedir que la pandemia empeore", explicó la 'consellera' de Salut, Ana Barceló, en una rueda de prensa junto al presidente Ximo Puig. La Generalitat quiere tener lista la medida antes de Halloween y no descarta ningún instrumento jurídico, incluida la solicitud del estado de alarma al Gobierno, explicó Puig.

División en el PP

El presidente socialista habló de "autonomías que han elegido la política de confrontación", pero sin dar nombres. Entre las comunidades que han expresado su rechazo a la norma, están Madrid y Galicia, ambas gobernadas por el PP. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, fue de los primeros en plantear su aplicación, pero fue rápidamente corregido por el consejero de Justicia, Enrique López, y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Madrid, que este viernes anunciará una nueva orden que entrará en vigor cuando decaiga el estado de alarma en nueve municipios de la región, apuesta por un 'toque de queda al ocio' entre las 00:00 y las 6:00, pero sin las restricciones de movilidad.

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Galicia es otra autonomía que está en contra. "La posición de la comunidad es clara. Sí que estamos a favor de que haya restricciones en función de los problemas que se registren. Restricciones nocturnas con base en criterios epidemiológicos previamente pactados, sí. Toque de queda y estado de alarma, no", dijo este jueves Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.

La postura de estas dos comunidades contrasta con la de otras dos gobernadas por los populares. Además de Castilla y León, Andalucía también está a favor del toque de queda, y este jueves anunció que lo aplicará en Granada y otros 30 municipios de su zona metropolitana. Los ciudadanos no podrán salir de casa entre las 23:00 y las 6:00. Espera el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para decretar su entrada en vigor.

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Dudas jurídicas

Illa dijo que le parece correcta la decisión de Andalucía, pero también que la información que maneja el ministerio es que "el instrumento jurídico óptimo para tomar una medida de este tipo de manera generalizada es el estado de alarma". El martes, tras el Consejo de Ministros, había dicho lo mismo y había añadido que "sería muy importante saber qué grupos estarían dispuestos a apoyarla en el Congreso de los Diputados, concretamente el Partido Popular".

El nuevo plan de actuaciones coordinadas aprobado este jueves en el CISNS deja fuera las medidas excepcionales, como el toque de queda, que podrían adoptarse en el nivel más alto de alerta, e indica que habría que solicitar el estado de alarma en caso de que fuera necesario. Madrid, que se abstuvo junto al País Vasco, no quiere saber nada de esa posibilidad y sigue recriminando al Gobierno la falta de alternativas legales para adoptar restricciones, aunque la sintonía entre administraciones esta semana ha sido buena.

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Existen dudas sobre si los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas avalarán un toque de queda. Con la limitación de las reuniones y los confinamientos perimetrales, medidas amparadas en la Ley Orgánica 3/1986, ya ha habido disparidad de criterios. Como Andalucía, la Comunidad Valenciana también pedirá el aval previo y no se arriesgará a aprobar una norma que pueda no ser ratificada.

Ante la falta de un estado de alarma que dé una cobertura jurídica a todas las restricciones y limite la incertidumbre judicial, las comunidades buscan la manera de sortear el aval de los tribunales autonómicos. La manera de hacerlo es aprobar un decreto, como acaba de hacer Aragón y también hizo en julio Cataluña para actuat en Lleida. Al tener rango de ley, solo es recurrible al Tribunal Constitucional y los tribunales superiores de Justicia de cada autonomía no tienen nada que decir.

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