La Fiscalía valorará recurrir la absolución de Trapero en base al voto particular

La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiará la sentencia en la que el tribunal que juzgó al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, queda absuelto de los delitos de los que se le acusaba por su papel durante el 1-O. Pese a reconocer la dificultad de revertir una exoneración, el Ministerio Público destaca que la decisión cuenta con un voto particular lo que da opciones para acudir en apelación ante la Sala de la Audiencia Nacional, antes de la casación al Tribunal Supremo.

[Consulte aquí el voto particular]

El Ministerio Público acusaba al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero de un delito de rebelión y pedía 11 años de cárcel para él por lo ocurrido entre el 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía en Barcelona y por los preparativos que llevó a cabo para permitir el referéndum ilegal del 1 de octubre. Solicitaba las mismas penas para el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y para el exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, mientras que en el caso de la intendente de ese cuerpo, Teresa Laplana, rebaja la acusación a sedición y tan solo tiene en cuenta los hechos ocurridos entre el 20 y 21 de septiembre, ante lo que pide 4 años de prisión.

TE PUEDE INTERESAR

Trapero buscó "minimizar daños" y proteger la "integridad de las personas" en el 1-O

Pablo Gabilondo Beatriz Parera

En su informe definitivo rebajó su acusación inicial para proponer de forma alternativa una condena por desobediencia -penada con inhabilitación y no con prisión- de forma alternativa a la primera opción. No se ha atendido ninguna de sus propuestas aunque durante la deliberación los tres magistrados que integran el tribunal sopesaron una condena por desobediencia para la que finalmente no hubo acuerdo.

En su escrito original, la Fiscalía cargaba contra el papel desempeñado por los Mossos, policía que, según explican, tuvo "especial relevancia" por "su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas", para lo que llevaron a cabo "funciones impropias de un cuerpo policial, como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".

El Ministerio Público subrayaba además que Carles Puigdemont "realizó profundos cambios en los mandos de los Mossos d'Esquadra así como en la Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña" antes del 1 de octubre de 2017, destacando en este sentido los nombramientos de Joaquim Forn como nuevo 'conseller' de Interior en julio de 2017, de Josep Lluis Trapero como nuevo mayor del cuerpo policial en abril de ese mismo año y de Pere Soler, quien pasó a estar al frente de la Dirección General de la Policía poco antes del referéndum. Asimismo, en el escrito se recogía también la participación del secretario general de Interior, César Puig, quien ostentaba el cargo desde julio de 2015 pero no dudó en seguir las órdenes de su nuevo jefe.

La Fiscalía consideraba que con estos nombramientos se formó una estructura en la que cada uno desempeñaba un papel concreto: Puig "alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso"; Soler "daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", y Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".

TE PUEDE INTERESAR

La Audiencia Nacional absuelve a Trapero por su papel al frente de los Mossos en el 1-O

Beatriz Parera

A la hora de explicar las labores que llevó a cabo cada uno de ellos, el Ministerio Público recogía además varios correos electrónicos que estos enviaron a diversos líderes independentistas: Puig informó al secretario de Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep María Llové, sobre el registro de la Guardia Civil en la empresa Unipost de Tarrasa el 19 de septiembre; Soler prometió en septiembre "medidas de contravigilancia" a Francesc Sutrias, detenido por la presunta adquisición de material para el referéndum, y Trapero se cruzó mensajes con Forcadell en los que le avisaba de que el 7 de agosto se procedería a "una búsqueda de medios técnicos" en su despacho.

En base a dichos mensajes y a la propia actuación del cuerpo policial durante los meses que precedieron y siguieron al 1 de octubre, la Fiscalía concluía que los Mossos d'Esquadra se pusieron "al servicio de los organizadores del referéndum", ofreciéndoles para ello "la adecuada cobertura de un cuerpo armado".