Miembros del CGPJ barajan informar sobre la reforma ignorando el veto del Gobierno

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han comenzado a preparar una respuesta a la iniciativa legislativa del Gobierno que forzaría su renovación con una mayoría parlamentaria más reducida y congelaría su actividad al encontrarse en funciones. Después de que un grupo de vocales reclamara esta semana un pleno extraordinario para articular una reacción institucional, una de las posibilidades que se barajan es la elaboración de un informe jurídico sobre la reforma pese a que el Ejecutivo ha decidido no consultarles. Este criterio técnico —que sería, sin duda, crítico— se distribuiría de forma autónoma a las Cámaras y grupos parlamentarios en España y, lo que es más importante, se remitiría también a los organismos europeos después de que Bruselas haya hecho públicas sus reticencias sobre la propuesta.

La propuesta de celebración de este pleno temático ha partido de siete vocales del ala conservadora: José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona. La convocatoria, que se ha fijado para el próximo miércoles 28 de octubre a las 16:00 horas, serviría para que el órgano directamente afectado por la modificación legal se posicionara institucionalmente. La idea de elaborar un informe que no sería, en este caso, preceptivo —puesto que la fórmula ideada por el Gobierno (la proposición de ley de los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos) obvia su opinión y la del Consejo de Estado y el Consejo Fiscal— se estudia junto con otras reacciones de distintos grados de intensidad.

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Junto con el proyecto de cuestionar la constitucionalidad de la propuesta desde este dictamen técnico —que se remitiría al Congreso y al Senado, pero también al CE y la Comisión Europea, algunos vocales del CGPJ abogan por una respuesta más plana que se limite a consensuar un comunicado que respalde una mayoría de sus 21 miembros. Incluso hay quien pone en duda la oportunidad del pleno, que se celebrará en un momento de máxima tensión y obligará a que el CGPJ entre como interlocutor en un debate en el que —pese a concernirle de lleno— era hasta el momento mero espectador. Los críticos de la reunión aseguran que no será posible lograr una unanimidad para la propuesta que finalmente se apruebe y que, por ello, se mostrará de nuevo la división. Así, no se descarta algún movimiento para disuadir a quienes lo han solicitado de su idea.

En un grado intermedio, determinados vocales defienden limitar ese informe a una simple queja, eso sí, oficial que se remita a la Comisión Europea. Como ya quedó claro la pasada semana, es en Bruselas donde se juega el futuro de la reforma. Las críticas de Europa ya han provocado leves movimientos tanto en las posiciones del PSOE como del PP. Aunque aún continúan enrocados, desde el Gobierno se comienza a proponer una retirada de la reforma si hay acuerdo y desde el PP ofrecen negociar, eso sí, vetando a Podemos.

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Otra de las posibilidades que se abordarán en el pleno será la de acudir al Tribunal Constitucional. Los vocales han comenzado a debatir de manera informal si procedería elevar un conflicto de atribuciones. Ideado para resolver enfrentamientos cuando un órgano constitucional del Estado considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, el conflicto presenta, sin embargo, limitaciones. El CGPJ podría recurrir al TC la tramitación de la reforma sin informes o la limitación de sus funciones, pero no el recorte de la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales jueces.

Sin informes

El Gobierno ha optado por la vía rápida para reformar el Consejo General del Poder Judicial y su sistema de elección y poder sortear el bloqueo decretado por el líder del PP, Pablo Casado. En lugar de presentar un proyecto de ley proveniente del Consejo de Ministros, ha optado por una proposición de ley. La diferencia sustancial es que, si la reforma la promoviera el Gobierno como proyecto de ley, sería necesario recabar informes no vinculantes del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Ese trámite no solo retrasaría la aprobación sino que daría ocasión a que alguna de esas instituciones se pronunciara en contra o planteara objeciones, y eso es lo que evita el Gobierno.

El Gobierno ha optado por la vía rápida para reformar el Consejo General del Poder Judicial y su sistema de elección y poder sortear el bloqueo

La reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos rebaja la mayoría necesaria para elegir a 12 de los 20 miembros, si es que no hay acuerdo para mayoría cualificada en una primera votación. Esa mayoría es ahora de tres quintos y obliga al pacto entre los principales partidos para alcanzar la renovación. La mayoría para los otros ocho miembros se mantendría en tres quintos, por lo que solo se podría renovar una parte del Consejo. La proposición prevé que se pueda constituir solo con 12 vocales elegidos, lo que podría chocar con la voluntad de la Constitución, porque en la práctica elude también la mayoría cualificada para nombrar a los otros ocho.