Caso Abengoa: la Fiscalía pide imputar al exsecretario de Energía por el AVE a La Meca

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido imputar a José Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa y exsecretario de Estado de Energía, por las irregularidades contables detectadas en la parte del proyecto del AVE Meca-Medina que ejecutó la multinacional española. La solicitud se apoya en la ampliación de la querella presentada en enero por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa en un juzgado de Sevilla, escrito que parte a su vez de un informe 'forensic' de KPMG en el que se apunta a que entre 2012 y 2016 se manipularon las cuentas de diversos contratos. A la vista de esta conclusión, los querellantes pidieron su imputación por el AVE a La Meca y, diez meses después, el fiscal Marcelo Azcárraga ha concluido que "procede acordar la imputación del Sr. Domínguez Abascal en su calidad de secretario general técnico de Abengoa".

La petición de la Fiscalía llega después de que el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional, decisión con la que el magistrado Ismael Moreno —que ya investigaba a Abengoa por posible estafa y falsedad contable— pasó a hacerse cargo el pasado 1 de septiembre de las "diligencias previas que fueron incoadas a fin de averiguar la existencia de determinadas 'irregularidades', centradas básicamente en el proyecto de AVE Meca-Medina". Así lo señala el propio Moreno en un auto del 9 de octubre al que ha tenido acceso El Confidencial, escrito en el que explica que la Plataforma de Perjudicados de Abengoa solicitó en su ampliación de la querella que el caso pasara a Madrid, porque las pesquisas ya abordaban "la actuación de dicho grupo empresarial en todo el territorio nacional".

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En concreto, los querellantes apuntan a que se alteró la contabilidad de Inabensa y Abeinsa, dos de las filiales más importantes del grupo Abengoa, mediante la "manipulación de cuentas", la "alteración de los flujos de tesorería" y la "emisión de facturas ficticias en base a contratos simulados". La plataforma de perjudicados sostiene que la empresa y sus directivos ofrecieron así "una imagen financiera de los proyectos de bonanza y con beneficios, distorsionando la imagen fiel de Inabensa y Abeinsa —y por ende indirectamente de su matriz, Abengoa— cuando en verdad la situación era de pérdidas, costes por encima de los presupuestados, nivel de ejecución inferior al reportado y ocultación de las pérdidas de unos proyectos como gastos imputados a otros proyectos en curso para 'dar ejecución' a estos últimos".

Los querellantes concluyen que, de esta manera, Abengoa disimulaba las pérdidas y comprometía "su rentabilidad en una suerte de esquema defraudatorio Ponzi". También argumentan que "el incentivo de todos los partícipes para ello era la obtención de bonus por parte de los directivos de dichas compañías, bonus a los que no hubieran podido acceder si la contabilidad se hubiera realizado conforme a la normativa de aplicación". A la vista de estos indicios, los querellantes pidieron en enero que se imputara a dos de los tres últimos presidentes de Abengoa antes de su rescate financiero en 2017, Felipe Benjumea y José Domínguez Abascal, así como al que fuera consejero delegado entre 2010 y 2015, Manuel Sánchez Ortega, y al Grupo Abengoa. Salvo Domínguez Abascal, el resto ya estaban imputados en la Audiencia Nacional.

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Tras el parón por la pandemia y con la investigación ya en manos de Moreno, que ha abierto una pieza separada para indagar en estas supuestas irregularidades en el proyecto del AVE Meca-Medina, el juez acordó el pasado 11 de septiembre "dar traslado al Ministerio Fiscal del escrito de ampliación de querella (...) a fin de que informara sobre su admisión al objeto de ampliar las personas presuntamente responsables físicas y jurídicas referidas", a las que la plataforma pedía imputar por delitos continuados de falsedad contable, estafa de inversores y emisión de facturas ficticias con base en cuentas simuladas. La respuesta por parte del fiscal Marcelo Azcárraga llegó el 5 de octubre, escrito en el que, a la espera de que se resuelvan distintos recursos de apelación, se muestra a favor de incluir en el listado de imputados a Domínguez Abascal.

La ampliación de la querella, que se apoya a su vez en un informe 'forensic' de KPMG encargado por Abengoa, sitúa a Domínguez Abascal en el centro

La ampliación de la querella, que se apoya a su vez en un informe 'forensic' de KPMG encargado por Abengoa, sitúa a Domínguez Abascal en el centro de las supuestas irregularidades contables de diversos proyectos. Apunta en concreto a su etapa como secretario general técnico de Abengoa entre 2008 y 2015, adonde llegó procedente de la entonces Consejería de Innovación de la Junta andaluza. Durante los años investigados, ocupó también la vicepresidencia de Inversión Corporativa (IC), la sociedad patrimonial a través de la que cinco familias andaluzas controlaron el grupo, y en septiembre de 2015 sucedió en la presidencia de Abengoa a Felipe Benjumea, cargo que mantuvo hasta marzo de 2016. Con ese currículo a sus espaldas, ejerció como secretario de Estado de Energía desde junio de 2018 hasta el pasado enero.

La destitución de Domínguez Abascal como secretario de Estado fue promovida por la propia ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, que decidió apartarle después de conocerse que se pedía su imputación en el juzgado de Sevilla por el proyecto del AVE a La Meca. Ahora que el caso está en manos de la Audiencia Nacional y la Fiscalía ya se ha mostrado a favor de investigarle, el ex alto cargo de Abengoa queda en manos del juez Moreno, que en el auto del pasado 9 de octubre dio por ampliada la querella respecto a él como presunto responsable de los delitos de falsedad contable de estafa de inversores, requiriendo entonces a la plataforma de perjudicados que aporte "los datos esenciales que permitan determinar el domicilio personal del querellado".