Un grupo de vocales del CGPJ pide una respuesta del órgano a la reforma

En el momento más álgido de la protesta ante las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar la ley para controlar de forma directa la elección de una mayoría de miembros delConsejo General del Poder Judicialel órgano en cuestión, situado en el centro del debate, ha permanecido callado. Al menos hasta ahora. Un grupo de vocales del órgano de gobierno de los jueces ha reclamado de forma oficial que se celebre un pleno extraordinario para que la institución se posicione frente a la iniciativa, registrada este martes como proposición de ley por el PSOE y Podemos y en la que se propone la elección por mayoría simple de los 12 vocales jueces.

La propuesta a la que ha tenido acceso El Confidencial parte de siete vocales del ala conservadora (José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona) y ya ha sido registrada. Ha levantado dudas en varios miembros del CGPJ sobre su oportunidad. Aquellos que la suscriben reclaman al presidente Carlos Lesmes "que convoque con carácter urgente un Pleno extraordinario para que se examine la reforma de dicha Ley Orgánica planteada por el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario Unidos Podemos". Según informan fuentes jurídicas, uno de los puntos que quieren abordar es el sistema empleado para la aprobación de la modificación legislativa, en el que se eluden los informes del propio Consejo y el resto de organismos consultivos.

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Beatriz Parera Fernando Garea

El Gobierno ha optado por la vía rápida para reformar el Consejo General del Poder Judicial y su sistema de elección y poder sortear el bloqueo decretado por el líder del PP, Pablo Casado. En lugar de presentar un proyecto de ley proveniente del Consejo de Ministros, ha optado por una proposición de ley que presentaron este martes. La diferencia sustancial es que si la reforma la promoviera el Gobierno como proyecto de ley, sería necesario recabar informes no vinculantes del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal.

Ese trámite no solo retrasaría la aprobación sino que daría ocasión a que alguna de esas instituciones se pronunciara en contra o planteara objeciones, y eso es lo que evita el Gobierno.

De hecho, no es habitual que la iniciativa legislativa la tenga el partido del Gobierno, sino que suele ser el Consejo de Ministros quien lo haga. En este caso, se logra quitar la presión política al Gobierno, al tratarse de una reforma muy polémica. Esto último es fundamental, puesto que hay dudas de la constitucionalidad de la medida. De hecho, varios miembros del Gobierno han expresado esas dudas en las últimas semanas. Y el propio Tribunal Constitucional sentenció en 1986 que la mayoría requerida para reformar todo el CGPJ debe ser de tres quintos. No obstante, la exposición de motivos del texto presentado asegura que la Constitución no establece la mayoría precisa para la renovación de esos 12 miembros.

La proposición prevé que se pueda constituir solo con 12 vocales elegidos, lo que podría chocar con la voluntad de la Constitución

La reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos rebaja la mayoría necesaria para elegir a 12 de los 20 miembros, si es que no hay acuerdo para mayoría cualificada en una primera votación. Esa mayoría es ahora de tres quintos, lo que permite que el PP pueda bloquear la renovación. La mayoría para los otros ocho miembros se mantendría en tres quintos, por lo que solo se podría renovar una parte del Consejo. La proposición prevé que se pueda constituir solo con 12 vocales elegidos, lo que podría chocar con la voluntad de la Constitución, porque en la práctica elude también la mayoría cualificada para nombrar a los otros ocho.