Moncloa irrumpe en la batalla legal de Madrid para salvar su plan anti covid
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Por el cierre perimetral

Moncloa irrumpe en la batalla legal de Madrid para salvar su plan anti covid

Quiere recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de la Abogacía del Estado a pesar de que hay dudas sobre si está legitimada para hacerlo

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

La batalla de Madrid y el Gobierno central se juega en muchos terrenos y uno de ellos es el legal. Fue la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la que precipitó el desenlace vivido el viernes. Tras la declaración del estado de alarma la tensión, lejos de disminuir, continúa aumentando y en un último movimiento Moncloa ya se prepara para tratar de irrumpir en la pelea jurídica por la decisión del tribunal madrileño a través de la Abogacía del Estado. El objetivo: tratar de salvar el plan para restringir derechos fundamentales lanzado en la nueva normalidad y que, en las últimas semanas, ha evidenciado más que nunca que es insuficiente y queda a la interpretación variable de los jueces.

Aunque los servicios jurídicos del Estado no están en principio legitimados para tomar parte en los siguientes pasos del procedimiento, fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que la Abogacía quiere recurrir -junto a la Fiscalía- la decisión de los magistrados de la Sala Contenciosa que se inclinaron el jueves por unanimidad por no avalar el cierre perimetral de la capital y el resto de municipios. Los pasos para contestar la decisión son, eso sí, limitados. Expertos consultados aseguran que aunque se puede protestar en reposición la decisión del TSJ, es muy dudoso que también pueda hacerse en casación, es decir, recurriendo ante el Tribunal Supremo.

El pasado jueves el TSJ desmontó con su decisión el cierre perimetral que había impuesto Sanidad para aquellos municipios con una incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. Los magistrados de la Sala de Contencioso del tribunal madrileño decidieron no autorizar las medidas al considerar que restringían derechos fundamentales en base a una ley no orgánica y que no habilitaba, por tanto, para limitarlos. Concluían que la herramienta empleada por el departamento de Salvador Illa, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, no podía emplearse para este fin.

Foto: Personal sanitario se prepara para atender a los pacientes de Ifema. (EFE)

Además, los magistrados recriminaban que la iniciativa del Gobierno central, suponía "una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos" y se referían directamente a la declaración del estado de alarma al indicar que "el sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales".

No se quedaban ahí. También reprochaban al Ejecutivo su falta de previsión legislativa. "Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país", decían.

Tras la decisión, comienza ahora la fase de los recursos. El polémico auto supuso la inmediata desactivación del cierre de la capital y el resto de municipios. Madrid quedaba sin ninguna medida restrictiva justo ante del puente del 12 de octubre. El desacuerdo subió en lugar de bajar. Ninguna de las dos partes consiguieron un acuerdo y el viernes el Consejo de Ministros decretaba una alarma para hacer lo mismo que había tumbado el TSJ: restringir la movilidad. Los recursos son así el último asidero para tratar de revertir la situación.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que antes de la decisión se había mostrado a favor de la ratificación, ya ha anunciado su intención de recurrir. Sin embargo, en las últimas horas, la Abogacía del Estado ha indicado que también piensa hacerlo. Fuentes jurídicas consultadas dudan de la legalidad del movimiento, ya que lo que se ratificó fue una norma de la Comunidad de Madrid, donde el Abogado del Estado -que se ocupa de la defensa del Gobierno- no fue parte. "Si no tuvo intervención como parte estricta en el proceso, es más que dudoso que pueda ahora asumir legitimación activa a la hora de preparar recurso", dicen.

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (EFE)

La legitimación procesal se ostenta o no se tiene en función de la naturaleza del proceso y de su objeto. Si no se tiene de raíz no puede concederse "graciosamente" a través de una incorporación subjetiva que dejaría mal constituida la relación procesal, añaden. Así las cosas, habrá que esperar a que lo haga y luego a que se admita a trámite o se rechace.

Para complicar aún más las cosas los recursos que se plantearán ahora son los de reposición, es decir los que van a la misma Sala que ya ha decidido y que suelen tener, por ello, poco recorrido. Después de estos vendrían los de casación, que se dirigen al Supremo. No obstante, aunque la sala anunciaba en su auto esta vía de recurso, por no cercenar cualquier oportunidad, no es tan clara la posibilidad de ejercitar casación. No aparecen en el listado de asuntos susceptibles de casación, que se regulan en el artículo 87 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por si todo esto fuera poco, una nueva decisión enreda aún más la madeja. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estaba solo en su rechazo a las medidas de Sanidad hasta que este sábado el de Aragón se sumó a la negativa. En su caso lo hizo por motivos diferentes. Los magistrados del tribunal aragonés examinaron la ley que hasta ahora sí habilitaba a las restricciones, la sanitaria del 86, pero concluyeron que no puede aplicarse para limitar derechos de forma colectiva e indiscriminada sino que está únicamente diseñada para los enfermos o las personas relacionadas con ellos.

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