El Gobierno decreta el estado de alarma tras la negativa de Ayuso a cerrar Madrid

• ¿Qué se puede hacer y qué no bajo el estado de alarma?
• Estas son las nueve ciudades que quedan confinadas

El Gobierno ha apretado el botón rojo. La negativa de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a consensuar una fórmula legal para mantener el confinamiento perimetral en Madrid, a pesar del intento de mediación de su vicepresidente Ignacio Aguado, ha llevado al Consejo de Ministros a cumplir con su ultimátum y decretar el estado de alarma en la capital. La medida entrará en vigor de forma inmediata, después de la publicación del decreto en el BOE, con restricciones para la entrada y salida sin causa justificada de la capital y los otros nueve municipios madrileños en las que había confinamientos previos (Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz). Se aplicarán las mismas restricciones durante quince días, acompañadas de sanciones, que las que estaban en vigor hasta ayer y que nada tienen que ver con las decretadas el pasado mes de marzo.

[Consulte aquí el Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma]

Una medida extraordinaria que además se ha tomado en un contexto anómalo, con la ausencia de Pedro Sánchez, de visita oficial en Barcelona junto a Felipe VI, en una ciudad blindada policialmente por las protestas contra el monarca. Ante la ausencia de Sánchez, el Consejo de Ministros ha sido presidido por la vicepresidenta primera Carmen Calvo. La decisión se ha querido timar de forma exprés, en un Consejo de Ministros convocado para las 12:00 horas que apenas tenía prevista una duración de media hora, aunque finalmente se ha alargado hasta cerca de las 14:00 horas. El objetivo, evitar la salida de los madrileños hacia otras comunidades coincidiendo con el puente del Pilar. "Hay que evitar que en este puente se distribuya el virus sin control", ha concluido el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Para el cumplimiento de las restricciones contempladas en el decreto del estado de alarma, el ministerio de Interior ha diseñado un despliegue de más de 7.000 efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil del que ha dado cuenta el ministro Fernando Grande-Marlaska. Se ha constituido un centro de coordinación que evaluará de forma diaria la situación. El estado de alarma se prolongará durante dos semanas y a partir de ese momento se prevé acudir a la Ley General de Sanidad de 1986, como han hecho otras comunidades, si todavía no se ha doblegado la curva. Para ello, Illa ha vuelto a tender la mano a la Comunidad de Madrid, aunque adelantando que si no hay unidad "vamos a hacer todo lo necesario". Con todo, se espera que para el fin del estado de alarma haya un "horizonte de estabilidad" de la segunda ola. El estado de alarma sería solo "un instrumento para dar cobertura jurídica” al protocolo aprobado en la última reunión de la Comisión Interterritorial.

La "preocupante" evolución de las cifras de contagios, el riesgo para la expansión del virus debido al puente del 12-O y la incapacidad para consensuar salidas coordinadas han sido los factores que han precipitado la decisión, después de que el TSJM levantase las medidas que la Comunidad de Madrid se vio obligada a aplicar respecto de una orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la que se impuso el cierre en Madrid capital y otras ciudades madrileñas.

A la anomalía de la ausencia de Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros se suma un choque de trenes institucional en varios niveles. Además de la creciente división dentro del Ejecutivo madrileño de coalición entre PP y Ciudadanos, con el acelerador de la presión de sus socios de investidura, Vox, para que se convoquen elecciones y se plante cara con movilizaciones en la calle al estado de alarma.

"Si Aguado sigue dudando dónde está es mejor ir a elecciones", aseguraba esta mañana la portavoz de la formación de derecha radical en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. El vicepresidente quería acordar con Moncloa una orden similar a la anulada por el TSJM, pero sustentada en una base legal distinta en línea con lo planteado por Sánchez. Sin embargo, se topó de frente con el rechazo de sus socios de Gobierno, que han defendido rebajar las medidas impuestas por la Orden del Ministerio de Sanidad y retomar las restricciones anteriores, que limitaban la movilidad en determinadas áreas sanitarias en función de la incidencia de la enfermedad. Un confinamiento selectivo por zonas básicas de salud.

El alcalde de la capital y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, aseguraba antes incluso de que concluyese el Consejo de Ministros que "la medida no está justificada". La propuesta de la Comunidad, comunicada por el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, pasa por seguir con los confinamientos selectivos, en lugar de extender las restricciones a toda la ciudad. Un criterio, según concluyó, "más quirúrgico" y que se trata "de un plan que funciona" frente a lo que tildó de "chantaje".

Antes del anuncio, en el que el consejero madrileño defendió una mejora de las cifras, tanto de contagios como hospitalarios, se produjo una llamada de Ayuso a Sánchez. La presidenta madrileña le trasladó su posición, rechazando el cierre completo de la ciudad y el presidente le adelantó la decisión de decretar el estado de alarma sin acuerdo. El propio Ruiz Escudero ya avanzó que ”pediremos cada día que nos levanten el estado de alarma”.

El presidente del Gobierno llamó anoche a la presidenta de la Comunidad de Madrid con el fin de ofrecerle tres alternativas legales para mantener las medidas previstas en la orden revocada este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El resultado sería siempre el mismo, el confinamiento perimetral de toda la capital, y solamente variaría el instrumento legal.

La primera opción era que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una orden de medidas especiales en materia de salud pública. La segunda, que fuese la propia CAM quien solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión. La última, y la que finalmente se ha adoptado, era que el Gobierno del Estado fuese quien declarase el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud.

Hasta ese momento, el presidente del Gobierno, de visita oficial en la capital de Argel, había insistido en apostar por la "máxima colaboración" y en buscar un punto de encuentro respetando las competencias autonómicas. Otras comunidades, como es el caso de Castilla y León o Galicia, ya habían aplicado confinamientos perimetrales en grandes ciudades —Ourense, León o Palencia—, aun con cifras menos alarmantes que las de Madrid.

Una vez que se conoció el anuncio del Gobierno, comenzó la presión a Ayuso desde Vox para que rechazase la opción del estado de alarma. Su objetivo, forzar que la presidenta madrileña convoque elecciones anticipadas y propiciar un cambio de alianzas en el Gobierno madrileño, por la división generada con el vicepresidente de Ciudadanos, Ignacio Aguado. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya ha anunciado movilizaciones para el próximo lunes. A principios de esta semana, Génova rechazó la opción de un adelanto electoral y defendió la alianza con Cs en Madrid.